Por un Pacto Estatal y Europeo de Migración y Asilo
El Consejo General del Trabajo Social y los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas de Gran Canaria, hacen un llamado urgente a la acción, recordando que la solidaridad y el respeto a la dignidad humana son la base de una sociedad justa.
Este pacto es más que una necesidad: es una obligación moral y ética para construir un futuro más justo y equitativo para todas las personas.
Solo en agosto de 2024, Canarias recibió a 4.074 migrantes. En lo que va de año han llegado 25.524 personas al archipiélago, un 123% más que en los mismos meses de 2023. Estas cifras no solo reflejan una situación especialmente delicada, sino también la saturación de los medios disponibles. Esta realidad pone en evidencia la necesidad urgente de una respuesta coordinada, solidaria y efectiva a nivel estatal y europeo.
Desde el Consejo General del Trabajo Social, como órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social en el territorio estatal, que agrupa a más de 50.000 profesionales, así como los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación de las personas migrantes que están llegando a diferentes territorios, especialmente a las Islas Canarias.
EXIGIMOS LA ADOPCIÓN DE UN PACTO ESTATAL Y EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO diferente al actual que refuerza la seguridad de las fronteras y las convierte en lugar de excepcionalidad democrática y de violación de derechos humanos. Este pacto debe ser capaz de dar una respuesta ágil, coordinada y que garantice los derechos humanos de todas las personas que llegan a nuestros territorios fronterizos, así como establecer un Sistema Común de Asilo. Para ello, es imprescindible asegurar un reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembro y en el caso estatal, entre Comunidades Autónomas, promoviendo la solidaridad obligatoria y efectiva, con mecanismos que faciliten la reubicación de personas necesitadas de protección.
Este pacto debe contener la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, planteada en iniciativa popular y promovida por múltiples colectivos y organizaciones, así como priorizar la protección de las personas, ofreciendo vías legales y seguras para la migración y el asilo que acabe con la necropolítica migratoria, en lugar de centrarse en medidas de externalización de fronteras y retorno que pone la vida de tantas personas en peligro. Es fundamental que los procedimientos de control y asilo respeten el principio de no devolución y proporcionen acceso a todas las garantías legales desde el primer momento, evitando la detención prolongada y garantizando un análisis individualizado de cada solicitud.
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