Presupuestos Generales del Estado 2019
El Gobierno ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2019, presupuestos que según anuncia pretenden blindar el Estado de Bienestar. Desde el Consejo estamos analizando de forma pormenorizada los fondos destinados a las partidas de gasto social.
Hoy hemos acudido a la Mesa de Debate sobre el blindaje de las pensiones que ha organizado la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones), sobre la garantía de derechos, la financiación de la Seguridad Social y las últimas medidas tomadas por el Gobierno en materia de pensiones, cotización y salario mínimo.
Hoy hemos acudido a la Mesa de Debate sobre el blindaje de las pensiones que ha organizado la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones), sobre la garantía de derechos, la financiación de la Seguridad Social y las últimas medidas tomadas por el Gobierno en materia de pensiones, cotización y salario mínimo.
Desde el Consejo consideramos que es necesaria una apuesta política que sea determinante para abordar el blindaje y la financiación del sistema de pensiones. Las pensiones son un pilar esencial de la cohesión social. Garantizar un sistema digno ha de ser posible y ha de reconocerse como un derecho fundamental.
La financiación de la Dependencia ha aumentado más de 800 millones, hasta los 2.231 millones, la mayor cifra de su historia, pero no alcanzará a todas las personas dependientes más graves. Se destinarán 266 millones a la pobreza infantil, pero en el Plan Concertado, lejos de reponerse, como venimos exigiendo desde el trabajo social, se reduce a la mitad desde 2012, con 25 millones.
http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19_A_R_31_126_1_1_1.htm
No obstante, a pesar de los 2.716 millones para Servicios Sociales, que representa una subida de 308 millones respecto al año anterior, solo supone un 0,78% del gasto total, un porcentaje mínimo para un pilar esencial del Estado de Bienestar.
Si que observamos que se ha restaurado el pago de las cuotas a la Seguridad Social por parte del Estado a las cuidadoras familiares, una prestación que se eliminó en 2012.
Reivindicamos una financiación pública con dotación presupuestaria suficiente y sostenible, convergente con el gasto social europeo. Es necesaria la responsabilidad del sector público en materia financiera, inversora y de gestión. Es imprescindible incrementar el gasto social.
En este sentido, el Plan Concertado, la partida con la que el Estado cofinancia, con autonomías y ayuntamientos los centros municipales de servicios sociales, continua su imparable disminución a lo largo de estos últimos años.
Para el Consejo General del Trabajo Social esta partida es crucial para el mantenimiento de la red pública de servicios sociales. Por ello, reforzar este capítulo es una de las principales demandas del trabajo social.
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