Una tarjeta monedero no supone una alimentación digna

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anuncia un cambio de modelo menos estigmatizante. Desde el Consejo General del Trabajo Social nos preguntamos si es ésta una medida adecuada para garantizar un derecho de ciudadanía.

Desde 2014 llevamos denunciando la convocatoria de ayuda de los Fondos de Ayuda Europeo para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD 2014-2020), conocido como ayudas de reparto de alimentos, que ha contado desde entonces con una importante inversión, superando en más de 17 veces a la del Plan Concertado de Prestaciones Básicas del Sistema Público de Servicios Sociales. Indicando que lo necesario sería reforzar con estos fondos a este Sistema Público, donde se pueden gestionar ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas respetando los criterios de derecho y dignidad, desde la valoración profesional y evitando su estigmatización. En 2018 la Comisión Europea propuso un reglamento que fusiona el FEAD y otros fondos sociales de la UE en el llamado ESF+.
Este modelo de tarjeta prepago ya ha sido adoptado por algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que define un valor monetario estimado por los Servicios Sociales, tras previa valoración social de las necesidades económicas y alimentarias de las familias y/o usuarios/as. El Consejo General ha manifestado su rechazo a las colas del hambre, y aun cuando la implantación de la tarjeta monedero pudiéramos decir que es menos estigmatizante para las personas, existen elementos sobre los cuales es necesario reflexionar.

Se destinarán 100 millones de euros en tarjetas monedero o vales canjeables, destinadas a familias con menores a cargo en condiciones extremas de vulnerabilidad y que serán administradas inicialmente por Cruz Roja, según refiere el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Las tarjetas monedero suelen vincular su gestión a través de las ordenanzas municipales reguladoras de ayudas de emergencia social municipal. En este caso, cómo va a ser la reglamentación vía decreto, cuál va a ser la lista de la compra, que podrá incluir, en algunos casos las tarjetas existentes no contemplan comprar productos acordes a las intolerancias y alergias que se puedan tener, ¿habría ciertos alimentos permitidos? ¿Cómo se va a recargar la tarjeta?, y sobre todo seguiremos los y las trabajadoras sociales siendo controladores de los tickets de esas compras que las familias han de aportar para justificar los gastos. Estarán estas ayudas, como lo están las ayudas de emergencia municipal, vinculadas a la ley general de subvenciones la cuál excluye a usuarios /as del Sistema Público de Servicios Sociales que son deudores/as.

A través de este sistema se garantiza el acceso a alimentación básica, pero no debe solo dirigirse a hogares con niños y niñas a cargo y que estén en situación de vulnerabilidad extrema, sino también a otras personas que pueda valorarse que requieren de apoyo en este sentido. Dónde quedan otros perfiles que precisan estas ayudas, las mujeres con pensiones no contributivas, unidades familiares que no tienen hijos/as a cargo, jóvenes,…
Este sistema permite mejorar la gestión local en la distribución de ayudas económicas para alimentación y productos de primera necesidad, pero es necesario establecer estrategias estructurales en la atención ante las necesidades de las personas, sean dirigidas a alimentos u otro tipo de necesidades de carácter básico. Estas estrategias pasarían por garantizar estas necesidades con otro tipo de acciones de carácter estructural y transversal lideradas por las políticas sociales, dentro de los distintos sistemas de protección social.

Habla el Ministerio de un nuevo modelo, que está basado en las reglas de mercado, creemos que han de coexistir los diferentes modelos también basados en la solidaridad, la cooperación y la economía social y circular. Donde se generen espacios para la interrelación de las personas, la acción pedagógica, con talleres de reaprovechamiento de alimentos, talleres de cocina, que proporcionan pautas de cómo administrarte y que tienen también un importante impacto en la economía doméstica, favoreciendo la relación con unos y otras.

Este modelo es, en cierto modo, otra microprestación en especie complementaria a las ya existentes. Y decimos complementaria, porque no será que muchas otras prestaciones pueden suponer la pérdida de otras ayudas. No se necesitarían alimentos, ropa o bienes de primera necesidad si se tuvieran ingresos suficientes para poder subsistir. La autonomía de las personas y la cobertura de sus necesidades de carácter económico deben ser garantizada a través del sistema de garantía de rentas, y no desde el sistema de servicios con un enfoque puntual o residual y /o asistencial y en ocasiones solicitando o supervisando desde un argumentario de control el gasto realizado.

Es urgente que se deba evaluar la gestión del Ingreso Mínimo Vital, habiéndolo considerado un derecho de ciudadanía, su desarrollo ha sido y está siendo verdaderamente farragoso y complejo para las personas y para las administraciones. Abogamos por una renta básica universal, más allá de medidas puntuales, parcializadas, controladoras y de ayudas dirigidas sólo a una parte de la población con unas condiciones limitadas. Una renta básica universal que dignifique realmente, pues cualquier avance en esa dirección reduce el sufrimiento de los/as beneficiarios/as, porque en la lucha contra la exclusión social abogamos por medidas compatibles con los principios de justicia social.