Campaña Crisis de Solidaridad, apoyo a las personas refugiadas.

La respuesta de la Unión Europea a la acogida de miles de personas que llegan a suelo
comunitario huyendo del cruento conflicto bélico que sufre su país está poniendo en jaque la larga
tradición europeísta de defensa de los Derechos Humanos; de hecho, es contraria al Preámbulo de
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y más específicamente al artículo 19 de
la Carta de Derechos Fundamentales que expresamente prohíbe las expulsiones colectivas. Por
tanto, el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía en torno a la devolución masiva de
personas es el más patente ejemplo de este deterioro en la política europea.
Desde el Consejo General del Trabajo Social, no podemos dejar de manifestar nuestra total
repulsa ante una política que, como se ha dejado patente desde la propia ONU a través de ACNUR,
organizaciones como Amnistía Internacional o el propio Consejo General de la Abogacía en
España, es manifiestamente contraria al actual marco jurídico y no lleva sino a deshumanizar a las
personas.
La profesión del Trabajo Social, organizada a nivel internacional, ha llevado a cabo un
minucioso análisis de la actual situación de crisis humanitaria poniendo el acento en las siguientes
cuestiones:
 Entendemos la situación actual más como una crisis de solidaridad, que de personas
refugiadas; los desplazamientos de personas no son el problema, sino la deficiente respuesta
de los gobiernos y una parte de la sociedad a los mismos.
 Como profesionales especialistas en la gestión de conflictos y atención a necesidades desde
una perspectiva global, abogamos por una actuación integral en todo el proceso de acogida e
integración de las personas en los países de acogida donde la acción voluntaria se enmarque en
programas gestionados por profesionales, insistiendo en la coordinación de todas las entidades
que están operando en esta cuestión.
 Comprometer a los gobiernos en la especial protección de los grupos más vulnerables que
esta crisis humanitaria está dejando aún más desprotegidos; menores, personas con diversidad
funcional, mujeres embarazadas, mayores, o personas en condiciones de salud deficitaria.
 La necesidad de llevar a cabo un trabajo a nivel comunitario en el que toda la población
quede comprometida con la necesaria solidaridad hacia las personas que llegan a sus
comunidades.
 Dotación presupuestaria suficiente; los gobiernos han roto el compromiso alcanzado en el
seno de la Comisión Europea de alojar a 160.000 personas, España aceptó acoger a 16.000, de
las que sólo disfrutan de asilo 18.
 Todo tipo de intervención y acción debe hacerse desde una perspectiva que mantenga la
dignidad de las personas y sus derechos.
Los y las trabajadoras sociales tenemos una responsabilidad como agentes de cambio
obligados por un código deontológico que respalda nuestra actuación ante gobiernos y políticas
que vulneran los Derechos Humanos. En el ejercicio de esa responsabilidad, estamos llevando a
cabo actuaciones coordinadas a nivel internacional que van desde el análisis y la adecuación de
nuestros saber a este nuevo escenario y el intercambio de información, hasta actuaciones para
hacer llegar a los gobiernos y la opinión pública nuestro posicionamiento de rechazo a estas
políticas; este es nuestro compromiso con las personas y sus derechos que reafirmamos en este
momento de grave crisis humanitaria.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que su inacción, o las consecuencias de sus
decisiones, no mantengan a personas subsistiendo en condiciones de vida infrahumanas impropias
de este siglo, abandonadas a la intemperie y expuestas a la enfermedad; familias sufriendo el
dolor de la separación; menores y mujeres, especialmente, desprotegidas frente a las redes de
tráfico de personas.
Además, queremos manifestar nuestro apoyo y reconocimiento a las trabajadoras y
trabajadores sociales griegos que se enfrentan a diario al sufrimiento de las personas que
sobreviven en los indignos campos de refugiados helenos, intentando desde el más absoluto
respeto y profesionalidad mejorar sus condiciones de vida y garantizar sus derechos