CAMPAÑA "HASTA AQUI" DEL CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL

Ante la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para el 1 de enero de 2016 seguimos denunciando que esta reforma de la Administración Local llevará a la desaparición de los servicios sociales. La Ley pone en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando sus derechos sociales y fundamentales.

Dentro de las acciones previstas para antes de su entrada en vigor el Consejo ha abierto una INICIATIVA DE RECOGIDA DE FIRMAS EN CHANGE.ORG. Son Las Cortes quienes pueden abolir una ley y a quién podemos dirigir nuestra petición de que se paralice o suspenda su entrada en vigor. Dirigimos la petición a los futuros parlamentarios bajo estas claves de por qué los y las trabajadoras sociales rechazamos los cambios que la reforma supondrá a la red pública de servicios sociales:

· Proximidad. El anteproyecto supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición.

· No a la Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad.

· Asistencialismo. La concepción economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía.

· Derechos. Este anteproyecto puede también entrar en contradicción con los derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género, responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para garantizarlos.

· Privatización. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como uno de los objetivos del anteproyecto, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica […].“Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos.

Adjuntamos enlace la petición.

Así mismo prevé la organización de unas Jornadas sobre “El trabajo social ante la reforma local”, para finales de noviembre en Madrid, en colaboración de CEBS.