ESTATAL. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales analiza los datos oficiales del SAAD 2017.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se resaltan algunos de los datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia:

- 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,7% de la población). De ellas 954.831 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 310.120 (25%) están en lista de espera.

- Durante 2017, el saldo de la lista de espera se redujo en 38.189 personas. A ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera.

- Las Comunidades que más han incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año, han sido Navarra (25,9%), Castilla La Mancha (24,5%), Aragón (21,8%) y la Comunidad Valenciana (19,3%). Sólo una Comunidad: La Rioja, decreció en número de atendidos (-2,3%).

- La situación de Cataluña es especialmente preocupante con la mayor tasa de lista de espera (37,1%). Al actual ritmo, Cataluña precisaría de más de once años para absorber la lista de espera.

- La aportación de la recortada financiación finalista de la Administración General del Estado para las comunidades autónomas apenas supone el 17% del total, mientras que las CC.AA. aportan el 63% y los propios usuarios el 20% restante.

Así desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se acusa al Gobierno de España de incumplir una la Ley de Dependencia, amparada en el artículo 149.1.1ª. de la Constitución Española, y que debe garantizar financiación suficiente para el ejercicio de los derechos con independencia de la comunidad de residencia. Además califica como necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema, y hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. Ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la “garantía del derecho subjetivo” de las personas en situación de dependencia.

Asimismo, califica las declaraciones del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad como ‘una autentica falsedad para ocultar la insumisión del Gobierno Central en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, el abandono a su suerte a cientos de miles de personas en situación de dependencia y a sus familias y cuidadores/as, y su absoluta deslealtad con las Comunidades Autónomas’. Y finaliza calificando como ‘absolutamente falso que el Gobierno Central asuma el 50% de la financiación pública del Sistema’.