UGT denuncia la progresiva externalización de los departamentos de la Gerencia de Servicios Sociales

“De aquí al desmantelamiento de los servicios públicos no hay ni un paso”, ha advertido esta mañana Antonio Rodríguez, secretario provincial de FSP-UGT. El sindicato denuncia la progresiva externalización de la Gerencia de Servicios Sociales en Salamanca. “Privatizar el empleo público significa que tiene que tener beneficios como en cualquier otra empresa. Los servicios sociales es muy difícil que den ganancias, están hechos para ayudar a la ciudadanía”, insiste el secretario provincial de FSP-UGT.

La campaña de “acoso y derribo” que está sufriendo el empleo público en Castilla y León está teniendo, además, consecuencias en la atención a la sociedad. “Se resienten los plazos y las ejecuciones, hasta dos años para resolver expedientes de la Ley de la Dependencia”, sostiene Rodríguez. Un retraso en la ejecución de las solicitudes que incluso se resuelven, según casos constatados por UGT, cuando el demandante ha fallecido.

Precisamente, la aplicación de la Ley de la Dependencia y la Unidad de Intervención Educativa son dos de las áreas que más están padeciendo la lentitud en los trámites y la privatización del servicio. El secretario provincial de Acción Sindical de FSP-UGT, Fernando López, ha recordado esta mañana que la Gerencia de Servicios Sociales ha externalizado este departamento que ha ubicado en el Centro de Día Victoria Adrados.

La Junta de Castilla y León contrató a catorce personas, entre administrativos, auxiliadores administrativos y técnicos, como trabajadores sociales y fisioterapeutas, para cumplir con la Ley. Sin embargo, hace un año no se renovó a estos profesionales y se externalizó el servicio de manera que una empresa privada atiende actualmente las solicitudes para las ayudas a la dependencia.

“La Gerencia Regional de Servicios Sociales no ha vuelto a contratar a este personal, por lo que tememos que este servicio, vendido políticamente a bombo y platillo, quedará, como otros muchos, externalizado para siempre”, lamenta UGT. El sindicato cuestiona, además, el gasto para acondicionar el Centro de Día Victoria Adrados para recibir las solicitudes de la Ley de la Dependencia cuando el Ayuntamiento tiene previsto derrumbar este edificio para construir unas instalaciones similares a las del Julián Sánchez ‘El Charro’, en la plaza de la Concordia, o a las que se están ultimando en el barrio de Vistahermosa. “¿Cómo se pueden gastar fondos públicos para adecuar unas instalaciones para una empresa privada y cuando, además, el centro Victoria Adrados se derrumbará?”, ha inquirido hoy el secretario provincial de Acción Sindical de FSP-UGT a la Gerencia de Servicios Sociales.

La campaña de “acoso y derribo” se extiende a la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Según ha asegurado esta mañana Belén Sardiña, secretaria provincial del sector autonómico de FSP-UGT, esta prestación, destinada para parados de larga duración que han agotado las ayudas y para ciudadanos en riesgo de exclusión social, “se ha puesto en marcha sin medios y sin personal”. “Hay colas enormes de solicitantes”, ha redundado.

La Gerencia informa a los ciudadanos a través de ordenanzas, “siempre bajo mínimos”. Cuatro trabajadores tienen a su cargo dos edificios: el Centro de Día Victoria Adrados (para la Ley de la Dependencia) y el inmueble de la calle Correhuela. Según UGT, la Gerencia de Servicios Sociales solamente ha contratado a un técnico y un auxiliar administrativo para recibir las peticiones de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Ambos están apoyados por cuatro auxiliares administrativos procedentes del Departamento de Familia. “Al igual que con la Ley de la Dependencia, con este personal es imposible tramitar en tiempo y forma los expedientes”, avisa Sardiña.

Sustituciones sin cubrir

La secretaria provincial del sector autonómico de FSP-UGT ha extendido sus quejas hacia la práctica cada vez más frecuente en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, en especial en los de atención a los mayores, de “disminuir e incluso cancelar las sustituciones por bajas, licencias y vacantes, así como las contrataciones por vacaciones del personal”. Sardiña afirma que la Gerencia ha ordenado que no se cubran las sustituciones hasta que se contabilicen cuatro bajas en los servicios de atención directa y siete en el resto.

“Muchos trabajadores llevan años trabajando en plazas fuera de RPT (relación puestos de trabajo”, argumenta UGT, que señala que los puestos de personal de servicio de la residencia de la tercera edad de San Juan de Sahagún “de necesaria cobertura están vacantes. En abril, se ha despedido a los contratados y se han publicado en la nueva RPT, pero no se sabe cuándo se cubrirán”.

Mientras, las mesas técnicas para revisar las necesidades de medios y personal solo se han realizado, “y con deficiencias”, en la residencia de la tercera edad de San Juan de Sahagún. En el centro base, la valoración “se retrasa y año tras año se contrata a un médico que, en cuanto realiza un trabajo serio, ordenado y eficiente, es cesado hasta el próximo atasque de expedientes”. Los trabajos para conocer las necesidades en los centros de menores y de discapacitados “están aparcados y sin saber cuándo se reanudarán”.

“Los recortes económicos, que solo inciden en personal, son la maniobra para mermar la calidad de los servicios para que sirva como excusa para privatizar su gestión”, concluye UGT, que recuerda que suponen departamentos “imprescindibles en una sociedad avanzada”.
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