El Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz se solidariza con el colectivo de educadores por el presunto asesinato de una compañera en Badajoz.

Los y las trabajadoras sociales como parte de los equipos de intervención social queremos expresar nuestra más sincera solidaridad con un colectivo, el de los profesionales que trabajan con menores infractores y otros contextos de gran exigencia y vulnerabilidad, exigiendo las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones y la protección de los menores.

No es la primera vez que somos testigos de sucesos como este, situaciones que podrían evitarse si las condiciones laborales y de seguridad de las profesionales no fueran lo precarias que vienen denunciándose. La falta de recursos, la sobrecarga en el trabajo, la ausencia de medidas de seguridad pone en riesgo no solo a los profesionales sino a los propios menores.

Es importante destacar que la delincuencia juvenil es un factor de desprotección y los menores atendidos, en muchas ocasiones, se encuentran dañados a nivel emocional, y presentan en ocasiones conductas disruptivas que requieren de atención especializada.
Es inaceptable que quienes dedican su vida a la resocialización y protección de menores tengan que hacerlo en un entorno donde su propia integridad física no está garantizada.

Esta situación debería llevarnos a una reflexión con las Administraciones públicas, en cuanto a la existencia de un recurso de mayor contención que requiere el aumento y el cumplimiento de las ratios profesionales, poner el foco en la desigualdad territorial de los recursos existentes, y que en muchos casos la precarización de las condiciones cuando se externalizan servicios, siendo la Administración pública la última responsable del cuidado y de las condiciones laborales y de atención que tanto menores como profesionales precisan.

Queremos reivindicar que los y las profesionales que trabajan con cualquier colectivo vulnerable, especialmente los y las menores, precisa de los recursos adecuados para su atención.

Reiteramos nuestro apoyo a la familia y compañeros de la víctima en este momento de dolor. No podemos permitir que este crimen quede en la impunidad y una vez más demandamos a las Administraciones públicas reconozcan a los y las profesionales de la intervención social como figura de autoridad. Esto garantizaría una mayor protección legal ante agresiones y amenazas, permitiendo que estos actos sean otra figura delictiva y puedan ser considerados delitos de atentado, resistencia o desobediencia, según el Código Penal.