ENTREVISTA A NUESTRA PRESIDENTA, PILAR TUBÍO MARTÍNEZ, CON MOTIVO DE LOS FONDOS FEAD

LAS FAMILIAS NECESITARÁN UN INFORME SOCIAL PARA PODER RECOGER ALIMENTOS

Antonio M. de la Vega. Cádiz. 7/09/2015

La nueva normativa obliga a Cruz Roja y Banco de Alimentos a redoblar sus esfuerzos en la provincia.

España recibirá de la Unión Europea, de aquí a 2020, 563,4 millones de euros a través del Fondo de Ayuda Europea para las personas desfavorecidas (FEAD). Esa cifra se traducirá en alimentos, los básicos para que una familia pueda tener una dieta equilibrada.

Es una cantidad importante, de hecho España es el segundo país de la Unión –tras Italia– que recibirá más dinero del FEAD. Pero no se trata solo de asegurar la alimentación a las personas en situación de exclusión social, sino que el nuevo proyecto comunitario va más allá y el objetivo es que los beneficiarios de este programa reciban una atención integral, con un seguimiento, acompañamiento y orientación laboral y aplicación de medidas para la integración social, entre otras cuestiones.

Es por eso que los tradicionales criterios caritativos para el reparto de alimentos son sustituidos por otros técnicos. Las dos entidades distribuidoras de alimentos que han sido elegidas por el Ministerio de Sanidad para gestionar los fondos europeos tendrán que contar con un informe social de cada una de las personas o familias beneficiarias de los recursos. Este informe, obviamente, tendrá que ser realizado por un profesional formado para ello, lo que obliga a las entidades a contar con ese personal específico.

Dentro de la provincia de Cádiz, en el caso del Banco de Alimentos ya se ha contratado a cuatro trabajadoras sociales para estas labores. Distinto es el caso de Cruz Roja Española, que cuenta con una estructura mucho más sólida y está elaborando estos informes con sus propios medios humanos. Sea como sea, las dos entidades reconocen que se está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a la nueva normativa.

Y no resulta fácil, porque hay que recordar que el Banco de Alimentos es distribuidor de recursos, pero no reparte directamente a las familias, sino que manda los lotes de alimentos a múltiples asociaciones y colectivos sociales de la provincia y son ellos los que los reparten. Cruz Roja tiene la doble vertiente, puesto que nutre los almacenes de numerosos colectivos, pero también los de las delegaciones locales, que también atienden directamente a un buen número de usuarios.

Esto implica que el control del reparto, la elaboración de los informes, es un proceso complicado. Teóricamente cada entidad repartidora debería tener un técnico realizando las valoraciones, ya sea contratado (lo que parece complicado en colectivos que disponen de escasos recursos económicos) o voluntario. Tanto el Banco de Alimentos como Cruz Roja han establecido mecanismos de control, poniendo en marcha inspecciones periódicas y vigilando que se cumple con los requisitos impuestos por los gobiernos central y europeo.

Dentro del nuevo marco ya se ha realizado una primera fase de reparto de alimentos en el mes de julio y solo Cruz Roja repartió en la provincia 577.981 kilos de alimentos, llegando a 41.798 personas.

En el fondo, se trata de que esta ayuda alimentaria llegue a las personas que realmente lo necesitan, a la vez que establecer mecanismos de control que eviten duplicidades en la recepción de alimentos. Es decir, que una misma persona no reciba comida de varias entidades mientras que otra no llega a tener acceso a los mismos. Para lograr este objetivo hay un principio básico que debe funcionar, según explican las distintas entidades: la coordinación.

También se están estableciendo vías en ese sentido. La primera fue el compromiso del Ayuntamiento de Cádiz de colaborar con el Banco de Alimentos, con quien ya hay un acuerdo formal, y con Cruz Roja, con quien se intentará llegar a un acuerdo similar, para que crear un «listado único» de receptores de ayuda alimenticia.

Todos estos procesos están llegando a un momento decisivo, puesto que antes de final de año, cuando habrá un nuevo reparto, todas las familias necesitarán el respaldo de un informe social de forma inexcusable. La idea, según defiende la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, es «trabajar mano a mano para tener una visión completa del número de familias que necesitan esa ayuda».

La línea de cooperación con las entidades sociales que abre el Ayuntamiento implica que los Servicios Sociales municipales trabajen directamente en la realización de las valoraciones y la posterior derivación a las distintas entidades. La empresa no es sencilla, teniendo en cuenta que se trata de un departamento desbordado de trabajo y con carencias de personal.

Es ahí donde entra de lleno el Colegio de Trabajo Social de la provincia de Cádiz. Desde el colectivo se hace una doble reclamación. Por un lado se exige que el control de la gestión de este dinero público se haga con la máxima transparencia. Por otro, teniendo en cuenta la lógica intervención de los servicios sociales municipales, pide que se les dote del personal necesario para llevar a cabo este trabajo.

La presidenta de los trabajadores sociales gaditanos, Pilar Tubío, desarrolla estas ideas. En primer lugar deja claro que al Consejo General de Trabajo Social, del que forman parte 36 colegios territoriales, «le preocupa que los fondos sean gestionados exclusivamente por las entidades sociales». Tubío reclama en esta línea la garantía de que se haga «un reparto justo, transparente», por eso entiende imprescindible «que los poderes públicos se impliquen en la gestión de estos fondos».

Se queja de que el Ministerio «marca directrices, pero no recoge la metodología a seguir. Dice que debe haber una valoración y un informe social, pero establece que lo harán trabajadores sociales o profesiones asimiladas». Ante esto, quiere dejar claro que el profesional de referencia es el trabajador social, «no cabe una profesión asimilada».

El Colegio de Trabajo Social de Cádiz ya ha mantenido reuniones con el Banco de Alimentos y con Cruz Roja, informándoles de su posicionamiento y poniéndose a su disposición. En los encuentro, explica Tubío, «se les ha pedido que garanticen que todas las familias serán valoradas por trabajadores sociales».

Tubío comenta que se ha intentado que todo el proceso se pudiera coordinar desde la administración, desde los servicios sociales comunitarios de todos los ayuntamientos, porque entendemos que las personas que se van a beneficiar de los alimentos son en su inmensa mayoría usuarios de los servicios sociales y la mayor garantía es que fueran derivados por el sistema público a estas entidades. Pero no ha sido posible».

Ahí es donde apunta la presidenta del colegio profesional que los servicios sociales municipales están «colapsados, no hay personal suficiente», por lo que «ha sido inviable en este momento».

Destaca Pilar Tubío la «buena voluntad» por parte de las dos entidades distribuidoras de alimentos, «pero sabemos que no todas las valoraciones las están haciendo trabajadores sociales», lo que implica que «no haya garantías de que no estén habiendo duplicidades». Por todo esto, desde el Colegio, apoyando la postura del Consejo General, «seguimos denunciando que no es la forma más adecuada de gestionar el dinero. Creemos que se vulnera el derecho a la intimidad, porque con este sistema las familias tienen que ir a una asociación de vecinos o a otras entidades para pedir ayuda. Además, estas ayudas llevan aparejadas un necesario proceso de acompañamiento social, dentro de un proceso de atención integral a las personas y eso lo tienen que hacer profesionales. No se va a sacar a las familias de la exclusión dándoles un lote de alimentos».

El proyecto contempla la posibilidad de reformular el modelo de gestión, que es decidido por los gobiernos de cada país. Por eso los colegios han solicitado un encuentro con el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para solicitarle una serie de cambios en la implementación de estos fondos.

Fotografía de A. Vázquez de La Voz Digital.
“Voluntarios del Banco de Alimentos organizan cajas durante una de sus campañas”

http://www.lavozdigital.es/cadiz/201509/07/reparto-alimentos-informe-20150904195400-pr.html