15-D Concentración UGT y CCOO

PROPUESTA SINDICAL

La nueva situación política en España exige un cambio, marcado por la necesidad de acuerdos políticos y sociales, finalizando con la política basada únicamente en la mera reducción de gastos, al margen de las consecuencias sociales y sobre las condiciones de vida de la población trabajadora y la sociedad en general.

En el contexto económico y social actual la acción del nuevo Gobierno no debe mantenerse en el estrecho marco de la austeridad a ultranza que la ha caracterizado. Frente a lo anterior, es necesaria una política presupuestaria expansiva que priorice el crecimiento, la sostenibilidad del modelo social y refuerce las redes de protección.

Sostener una política expansiva necesita del soporte de una reforma fiscal (basada en criterios de suficiencia y equidad) y que el crédito llegue nuevamente a familias y empresas, desde un modelo bancario en el que la banca pública en torno al ICO y entidades minoristas que ya son propiedad del Estado, debe jugar un papel destacado.

La responsabilidad para ello del nuevo Gobierno y el conjunto de las fuerzas parlamentarias, es innegable.

En ese escenario, las organizaciones sindicales que representan a la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores de este país, quieren manifestar su voluntad de participar, de una manera exigente, en un nuevo marco de concertación y diálogo que hoy es necesario, en torno a objetivos claros, reales, concretos y de aplicación inmediata en plazos realizables.

La gestión política del último año ha hecho imposible la constitución de un gobierno alternativo, si bien la representación que la ciudadanía ha otorgado a las distintas fuerzas políticas contiene un claro mensaje de cambio. Es necesario aprovechar al máximo la ausencia de mayoría absoluta del nuevo Gobierno y su necesidad de acuerdos para gobernar el país, corrigiendo las formas y contenidos de las políticas practicadas en los últimos años.

Un cambio de orientación debe tener en cuenta la dimensión europea. En este sentido, CCOO y UGT no ignoran que, en el marco político actual, el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal que ha asumido España, seguirá marcando la agenda política. No obstante, rechazamos un nuevo ajuste de 5.500 millones de euros en el próximo año. El Gobierno debería apoyarse en el Parlamento y la sociedad para renegociar con Bruselas la senda de consolidación fiscal (consiguiendo, al menos, un año adicional).

Desde UGT y CCOO pedimos al nuevo gobierno la defensa de los intereses del país, y que, tanto ante la Comisión como ante el Parlamento Europeo o dentro del Consejo, promueva políticas sociales, económicas y de desarrollo que beneficien a la ciudadanía y tengan por objetivo la consecución de un verdadero estado de bienestar redistributivo de la riqueza de los pueblos que conforman Europa.

UGT y CCOO defienden que pueden alcanzarse en un plazo mayor del previsto en estos momentos y por vías alternativas a las desarrolladas en los últimos años, abriendo un tiempo de diálogo y consenso en torno a los grandes retos que tenemos planteados: reactivación económica; empleo de calidad; derogar las reformas laborales, derogar la Ley 27/2013, de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; derogar y sustituir la LOMCE, las reválidas y revertir los recortes en educación y en el resto servicios públicos; reformar la fiscalidad; garantizar las pensiones, asegurar los servicios públicos; reforzar los sistemas de protección social; igualdad real y efectiva, no sólo entre hombres y mujeres, también en aquellos grupos de personas trabajadoras que por sus características inherentes, no son tratadas en condiciones de igualdad.

El diálogo social debe ser real y traducirse en resultados concretos.

Para ello, referenciándonos en la propuesta de 20 actuaciones urgentes para el progreso y el bienestar social, que UGT y CCOO remitimos a las distintas fuerzas políticas antes de las Elecciones Generales del pasado 26 de junio de 2016, proponemos la puesta en marcha de un proceso de concertación social, respaldado por la movilización democrática de trabajadoras y trabajadores, que permita resultados concretos en la Negociación Colectiva y el Diálogo Social bilateral, también en un marco amplio de movilización social por la consecución de objetivos de interés general en el ámbito del Diálogo Social tripartito (educación, lucha contra la pobreza, recuperación de derechos laborales y condiciones de trabajo, pensiones, entre otras, son materias que protagonizarán esta nueva fase).

Las soluciones a los graves problemas de la gente no pueden esperar más.

Los representantes de los trabajadores y trabajadoras de este país exigimos este cambio. Por todo ello, CCOO y UGT, nos dirigimos al nuevo Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria para que se prioricen las siguientes actuaciones, que entendemos imprescindibles para solucionar los problemas laborales y sociales más graves de nuestro país, que son los de la mayoría de la sociedad española, y les emplazamos a que se comprometan a llevarlas a cabo:

Empleo, salarios y negociación colectiva:

La generación de instrumentos que facilitan, por diversas vías, la devaluación salarial, que ha caracterizado las reformas laborales, se traduce, de forma compatible con la persistencia de elevadas tasas de paro; con vidas inestables e inciertas, retraso en la edad de emancipación de los jóvenes, menor tasa de natalidad, menores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social o aumento de la siniestralidad laboral, por citar algunas de sus consecuencias.

Es preciso un Plan de Choque por el Empleo, que concentre sus efectos en los colectivos con mayores necesidades: personas con baja cualificación, en paro de larga duración; jóvenes trabajadores y trabajadoras del mundo rural (revisando, entre otras cuestiones el programa de Garantía Juvenil); parados mayores de 50 años; trabajadores y trabajadoras con discapacidad o con alguna enfermedad;…

• Ese Plan debe tener en cuenta la necesidad de reforzar la cualificación de las personas e incluir actuaciones que permitan reforzar la calidad de los servicios públicos y sociales. También debe orientarse y aprovechar la necesidad de refuerzo de la inversión pública en infraestructuras, rehabilitación urbana,…

• Reforzar los sistemas de formación profesional, prestando especial atención a la formación dual, la formación para el empleo y la dirigida a los activos con objeto de mantener y reforzar su empleabilidad. Adecuar los sistemas de formación a las necesidades reales del mercado de trabajo, trabajadores y empresarios.

• Apostar por recuperar en la práctica y plenamente la causalidad en la contratación temporal y acabar con las distintas formas de precariedad laboral: temporalidad abusiva y fraudulenta, tiempo parcial involuntario, con elevado fraude, despidos injustificados, horas extras no pagadas, falsos autónomos, becas que encubren relación laboral,…

• Es momento ya de incrementar las rentas salariales, tanto a través de la creación de empleo, como del incremento de los salarios reales de las personas en activo. De adoptar medidas efectivas para eliminar la brecha salarial por razón de sexo. También de elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 800 € a muy corto plazo.

• Reequilibrar la posición de trabajadores y empresarios en el marco de la Negociación Colectiva, revirtiendo los demoledores efectos del nuevo procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, permitiendo a la negociación colectiva sectorial determinar las condiciones de preferencia aplicativa de convenios, respetando la vigencia del Convenio hasta que es sustituido por uno nuevo,…

• Reformar el Estatuto del Trabajo Autónomo. Completar el cuadro de derechos, incluido el de negociación colectiva para los TRADE.

• Garantizar una oferta de empleo público suficiente y la negociación colectiva en la función pública. Recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público. En el marco de la Mesa de Negociación de la Función Pública, deben abordarse medidas que permitan recuperar los derechos y salarios disminuidos en los últimos años para los empleados públicos.

• Garantizar una adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores para evitar las salidas prematuras del mercado laboral causadas por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para ello es imprescindible el desarrollo de los Planes de Acción de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

Redes de protección social

Completar y reforzar las redes de protección social: desempleo, pensiones, rentas mínimas, servicios públicos esenciales. Acabar con los vacíos de cobertura del sistema de protección social. Para ello:

• Reforma integral del sistema de protección por desempleo, para hacerlo más inclusivo y extenso, incluyendo en la misma programas vigentes como el PAE o el PREPARA. Todas las personas en paro han de recibir una prestación contributiva o asistencial, recibir formación e itinerario de inserción laboral. Recuperar el subsidio para mayores de 52 años, facilitando el tránsito a la jubilación a los parados de larga duración mayores de esa edad, cuando su reincorporación al mercado de trabajo no resulte posible. Reforzar las partidas para políticas activas de empleo.

• Recuperar el Pacto de Toledo, para reforzar el Sistema Público de Pensiones en dos fases:

1ª.- inmediata, adoptando en medidas para equilibrar su situación financiera, mejorando ingresos por cotizaciones e incorporando a la misma ingresos adicionales desde el Presupuesto General del Estado para cubrir los déficits de la Seguridad Social, con consenso social y político.

2ª.- recuperando a continuación el marco de actuación del Pacto de Toledo, con la revisión del Sistema y la adopción consensuada de nuevas recomendaciones, reforzando el Pacto para evitar nuevas rupturas como la que supuso en su normal funcionamiento la reforma no pactada de pensiones de 2013, cuyos efectos deberán ser corregidos, entre otras cuestiones, para garantizar de forma adecuada, el poder adquisitivo de las pensiones.

• Los índices de pobreza y desigualdad se han incrementado en los últimos años, afectando a una parte muy relevante de la población. Por ello, es urgente tramitar la Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT y CCOO en el Congreso de los Diputados, con el aval de más de 700.000 firmas, aprobando una Prestación de Ingresos Mínimos en el ámbito no contributivo de Seguridad Social que ampliando su acción protectora, garantice unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales a las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para ellos mismos y, en su caso, para los familiares a su cargo, y que complete, junto a la protección por desempleo, las pensiones y las rentas mínimas en las comunidades autónomas, la cobertura de todas las personas en situación de necesidad económica, incluyendo a los jóvenes sin recursos que buscan su primer empleo y con medidas específicas para combatir la pobreza infantil.

• Dotar de financiación suficiente a los sistemas públicos sanitario, educativo y de servicios sociales (entre ellos la evaluación e impulso del desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia). Extender a cada uno de ellos la necesidad de un Pacto de Estado que garantice el acceso y cobertura universales a prestaciones en condiciones de igualdad real, revirtiendo recientes reformas (LOMCE, restricciones a la universalización de la Sanidad, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local entre otras).

Sistema fiscal y financiación autonómica (suficiencia, equidad, eficiencia)

Atender adecuadamente el conjunto de necesidades sociales que proponemos, exige contar con un sistema fiscal y una capacidad de inversión y gasto público comparable a la de los países de la zona Euro. Para ello, precisamos abordar:

• Una reforma fiscal que logre la suficiencia de recursos para financiar estas necesidades, a través de un sistema fiscal equitativo en el reparto de la carga impositiva, que actúe sobre todas las figuras tributarias. Debe eliminar vías legales de elusión de obligaciones fiscales y aumentar los ingresos de las fuentes de renta, patrimonio o riqueza, que hoy no aportan o lo hacen de forma inferior a las rentas del trabajo. En ese marco una reconfiguración del IVA que permita aplicar tipos más reducidos a la provisión de servicios básicos de los hogares.

• Un plan de choque contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

• Un nuevo sistema de financiación autonómica que permita financiar adecuadamente las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, de forma coherente con la actual distribución competencial y los criterios de autogobierno, al tiempo que mejora la cohesión social y territorial en todo el Estado, contribuyendo a disminuir de forma intensa los índices de pobreza y desigualdad que han crecido, de forma diversa en muchas de ellas. En ese marco, debe garantizarse también un sistema de financiación para las administraciones locales.

Libertades y garantías democráticas:

Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Derogar el art. 315.3 del Código Penal, exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga, y eliminar los expedientes que se les han abierto y cerrar todos los procedimientos, indultos incluidos.

En defensa de los derechos humanos:

Exigir un compromiso real con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes en España y en las instituciones europeas.

Promover un nuevo enfoque de la política europea de migraciones en la que el objetivo principal sea impedir que las personas mueran o pongan en peligro su vida intentando llegar a territorio europeo.

8 de noviembre de 2016