Manifiesto ante los recortes sociales en la Región de Murcia - Año 2011

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia en su compromiso con la ciudadanía de posicionarse ante la situación social consecuente de los diversos recortes sociales, tanto presupuestarios como de otra índole que se están produciendo en la Región de Murcia, anima a todos y a todas los trabajadores sociales, a la población en general y a las instituciones, a unirse a este manifiesto así como a potenciar su difusión en todos los ámbitos tanto personales, como laborales:

El Sistema Público de Servicios Sociales constituye uno de los pilares del Estado de Bienestar, conjuntamente con el Sistema de Salud, de Educación y de Pensiones, considerándose un patrimonio social irrenunciable al ofrecer cobertura a las necesidades básicas que se producen en el ámbito de la convivencia personal, familiar y social, situación que se ha visto reforzada también desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

La gestión realizada por la Administración Regional, para el desarrollo e implementación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, no puede implicar una reducción, ni tampoco una sustitución, de las acciones que venían desarrollando la red de servicios sociales. La citada ley, en su exposición de motivos, dice sobre la misma que se trata de: “una nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.

Se trata ahora de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales. En este sentido, el Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país…”

Ante la situación de crisis que está viviendo el país y en concreto nuestra Región de Murcia, se ha producido un incremento en el número de personas que acceden a los servicios sociales con una demanda concreta de cobertura de necesidades básicas. A esta situación se le añade la creación de un nuevo colectivo de “excluidos” de entre aquellas personas que están accediendo a los servicios sociales no habiendo necesitado la utilización de los mismos hasta la fecha. En definitiva, cualquiera de nosotros/as estamos en la delgada línea de la inclusión/exclusión, en estos momentos, desde la perspectiva socioeconómica.

Desde la Administración Regional, lejos de tomar medidas para afrontar esta situación, se ha procedido a marcar unas prioridades que han devenido en una serie de recortes en las políticas sociales de la Región, que han supuesto que un gran número de entidades sociales, tanto públicas como privadas, dispongan de unos reducidos recursos, dejando de prestar servicios de especial importancia para el cada vez más creciente, colectivo en situación de exclusión.

Esta situación ha repercutido no sólo en la limitación de los servicios que se estaban  prestando por el tercer sector y por consecuencia en la disminución de personas atendidas por las entidades que integran el mismo, sino también en el aumento de la demanda en los servicios sociales de atención primaria, que se encuentran aún más saturados de lo que se encontraban con anterioridad y sin recursos para abarcar esta desmesurada situación social.

Ante esta situación como colectivo,

DENUNCIAMOS

Que la Administración Regional es conocedora de esta problemática y que, sin embargo, no ha tomado las medidas adecuadas para poder hacer frente a esta situación de una forma idónea pues, en la defensa de lo público, debería haber optado por no recortar derechos sociales, reforzando entre otros, los servicios sociales de atención primaria y aquellos servicios especializados que intervienen en las poblaciones más vulnerables de exclusión.

Que se está produciendo un aumento de las bolsas de pobreza y marginación en nuestra Región, sin que desde los servicios sociales se tenga ningún tipo de cobertura para afrontar sus problemáticas, quedando un gran número de familias completamente desprotegidas o en situaciones de alto riesgo de exclusión.

Que parte de la Administración Local se está amparando en las medidas de recorte de la Comunidad Autónoma, para justificar su reducción de gastos en materia de servicios sociales, dejando de asumir sus responsabilidades.

Que se está vulnerando lo más esencial de nuestra Ley del Sistema Publico de Servicios Sociales, Ley 3/2003 de 6 de abril, y en especial sus principios inspiradores recogidos en el artículo 5, de entre los que destacamos:

“El Sistema Público de Servicios Sociales se inspira en los contenidos fundamentales de la Constitución Española, y se regirá por los siguientes principios generales entre otros:

• Responsabilidad pública. Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el derecho de los ciudadanos a los servicios sociales, disponiendo para ello de los medios financieros, técnicos y humanos necesarios.

• Igualdad y universalidad. Se garantizará el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales en condiciones de igualdad.

• Participación. Los poderes públicos deberán promover la participación de los usuarios, de las entidades y de los ciudadanos en general en la planificación y gestión de los servicios sociales en los términos recogidos en la presente Ley.

• Reconocimiento de la iniciativa de la sociedad. Se reconoce la iniciativa de la sociedad en la prestación de los servicios sociales, participación considerada básica y necesaria.

Y por todo lo expuesto, como Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia,

EXIGIMOS

1 Que se incremente URGENTEMENTE el esfuerzo en la protección social, con una redistribución del presupuesto regional, ante las situaciones de desempleo, de riesgo de pobreza, exclusión social y situaciones que perpetúan la vulnerabilidad y que, a la larga, tienen un coste humano y económico insostenible.

2 Que se apruebe el Reglamento de la Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que debía haberse aprobado en 2007, que supondrá un aumento de la protección social en la Región, así como la posibilidad para muchas personas y familias, que actualmente no tienen derecho a ella, de acceder a una prestación económica para atender sus necesidades básicas.

3 Que cuando se vaya a realizar un recorte se someta a la participación y a la opinión pública, las decisiones deben ser discutidas y sometidas a debate abierto con la sociedad, y que además deben ser sostenibles.

4 Que nuestro máximo órgano de poder legislativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, atienda las necesidades de los colectivos más vulnerables para conseguir a corto plazo un desarrollo equitativo de nuestra Región.

5 Que se realice el pago inmediato de todas las Subvenciones concedidas y no abonadas,comprometidas desde diferentes Consejerías de la CARM, incluso en ejercicios anteriores.

6 Que se detenga la destrucción y cierre de los servicios sociales que vienen prestando entidades públicas y privadas.

ANTE UNA SOCIEDAD MURCIANA MÁS EQUITATIVA

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia