Al menos 21 consistorios cobran tasas a colectivos en riesgo de exclusión

Le han cortado la luz, adeuda dos recibos del agua, lleva tres largos años en paro y tiene que recurrir todos los meses a Cáritas para llenar la despensa. Además, está negociando con un banco la condonación de la deuda –60.000 euros– a cambio de entregar su piso. Y aún así. «¡Me quisieron cobrar 14 euros por expedirme un certificado para acreditar al banco que no tengo ingresos!», clama Paco Ramírez Gil. Este vecino de Alcantarilla le pregunta indignado al Ayuntamiento «de dónde piensa que iba a sacar ese dinero. Se te queda cara de tonto cuando tienes que pagar por un trozo de papel para acreditar que no cobras nada; es una vergüenza».

El caso de Paco es solo un ejemplo de las tasas que cobran 21 de los 35 ayuntamientos de la Región chequeados por ‘La Verdad’ y que afectan a personas en riesgo de exclusión social e inmigrantes. Los consistorios de este listado cobran por emitir un certificado de empadronamiento –trámite obligatorio para recibir ayuda de Cáritas–, o por emitir informes que los bancos exigen en procesos de dación en pago y de negociación de alquileres sociales, pues los afectados deben acreditar que adeudan el IBI y que no cobran ni un euro: ni paro ni ayudas sociales. En otros casos, las administraciones también hacen caja por el papeleo de los procesos de reagrupación familiar de los inmigrantes.

A Paco y su mujer, Manuela, el Ayuntamiento de Alcantarilla también les pidió 2,50 euros para poder certificar ante el banco que adeudan 2.382 euros de IBI desde 2010. Sin embargo, el matrimonio tiene claro que antes que pagar por un papel, lo poco que les queda en el bolsillo lo destinan a comprar leche en polvo y pañales para su recién nacida. «Les dije que no podía pagar. Lo único que quiero es quitarme la deuda para que mi hija no la herede».

La edil popular de Hacienda, Raquel de la Paz, niega que se cobre por esos certificados y subraya que existe la exención de pago de la tasa, «de acuerdo con el artículo 5 de la ordenanza reguladora de la tasa por realización de actividad administrativa de expedición de documentos».

Por el momento, Podemos ya ha evitado el pago de esa tasa a Paco y a otras dos familias en situación delicada. Y el edil Arcadio Martínez presentó un escrito en noviembre solicitando «la derogación inmediata» de las tasas para la expedición de lo que la formación morada denomina «informes de pobreza».

Aprovechar el limbo normativo

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote corrobora que algunas administraciones ingresan dinero por esos informes: «Murcia, Alcantarilla, Totana…». El Consistorio totanero cobra entre 10 y 15 euros. Morote lamenta, con ironía, que hay algunos municipios que «se han declarado libres de desahucios, pero no libres de tasas». Un interventor, desde el anonimato, explica que este tipo de documentos para negociar con los bancos «no está bien regulado en la legislación municipal porque es una situación nueva». Y no exagera, ya que la PAH tira de limbo normativo para evitar esos pagos. «Los ayuntamientos cobran la tasa cuando se pide un certificado y nosotros la sorteamos pidiendo un informe, porque así es gratuito».

Los tecnicismos a la hora de solicitar el documento son vitales para evitar rascarse el bolsillo. En el Ayuntamiento de Ricote un certificado de empadronamiento cuesta 1,80 euros, pero si se pide un volante de empadronamiento no cuesta nada, y las ONG lo aceptan para confirmar que se reside en el municipio donde se pide la ayuda social.

También es importante elegir el canal por el que se reclama el ‘papelote’. Los ser v icios sociales de Fortuna, Águilas y Molina de Segura actúan de oficio y solicitan «directamente la documentación necesaria para ayudas sociales que demandan familias necesitadas». Es importante hasta ir ‘recomendado’. En Ulea se cobran 3 euros por certificados del padrón, residencia o convivencia, pero si los usuarios «vienen remitidos por la trabajadora social es gratis».

No renuncian a la ‘herencia’

El pago de tasas no entiende de colores políticos. En Abanilla gobierna el PSOE y siguen cobrando religiosamente un euro por emitir un certificado del padrón, al margen de que el solicitante lo requiera para solicitar ayuda de Cáritas. También cobra 50 céntimos por compulsar un documento. «Es una ordenanza que tiene más de cinco años», justifican desde Alcaldía. Es decir, heredada del PP, pero no han sopesado la opción de derogarla. «Es algo que no nos hemos planteado».

En Albudeite hay que soltar 12 céntimos por fotocopia. El importe puede resultar ridículo para cualquiera con trabajo, pero el presidente de la Red de Lucha Contra la Pobreza, Diego Cruzado, no centra la cuestión en el coste de la tasa, sino en el hecho de cobrar tales trámites. «La primera ayuda tiene que empezar por el papeleo. Cobrar a gente pobre es inadecuado».

Este asunto también afecta al Ejecutivo regional, ya que en Jumilla solo cobran las tasas fijadas por la Comunidad Autónoma por tramitar las ayudas por minusvalía (20 euros) y dependencia (30 euros).

Cruzado afirma que también sería importante «simplificar la documentación». Ante la disparidad de importes de las tasas y de criterios, ya que unas administraciones locales ponen la mano y otras no, la Red de Lucha Contra la Pobreza avanza que se dirigirá a la Consejería de Política Social y a los partidos con representación en la Asamblea Regional «para aunar criterios».

En Mazarrón un volante de empadronamiento cuesta 2 euros y en Bullas, si el peticionario «demuestra» que es una persona con ingresos bajos, se le devuelve la tasa (1,24).

Tampoco es lo mismo pedir un certificado del padrón en Campos del Río, 3,94 euros, que hacerlo en Ojós, donde están subvencionados al 75%. El importe de la tasa es de 2 euros, pero el pago final son 0,50 euros.

El ‘tasazo reagrupador’

Los procesos de reagrupación familiar reportan guiños a las arcas de municipios con notable presencia de inmigrantes y no están exentos de polémica. En Fuente Álamo, el ‘tasazo’ es de 120 euros y este año ya han recaudado 5.640 euros. Aunque fuentes municipales aseguran que «tenemos la intención de rebajarla a 42 euros, equiparándola con el pago de cédulas de habitabilidad». En Beniel cobran 27 euros por los informes de vivienda para la reagrupación. La regidora, Mari Carmen Morales, reconoce que las apreturas económicas del Consistorio impiden igualar a la población inmigrante con las familias en riesgo de exclusión social, que no pagan nada por ningún papel: «No podemos eliminar más tasas en la situación en la que estamos».

Conforme baja la presión migratoria del municipio en cuestión, la tendencia de este tipo de tasas es decreciente. En Moratalla solo cobran 4 euros por certificados de convivencia, y en Caravaca de la Cruz directamente se hacen cargo del coste del proceso. José María Illán, desde Cáritas, también reclama a todas las administraciones «la condonación» de esos impuestos municipales para familias e inmigrantes sin ingresos. Esta organización ha propuesto incluso a los consistorios «aplicar un ‘IBI social’, con descuentos y bonificaciones».

Bodas, compulsas, fraccionamientos…

En Lorquí no es lo mismo casarse que estar sufriendo los envites de la crisis. En el Ayuntamiento las bodas son gratuitas si uno de los contrayentes es oriundo del municipio. En el resto de los casos, independientemente de la situación económica del solicitante, «todo vecino que solicite cualquier trámite administrativo tiene que pagarlo». En Ceutí no se pagan los documentos «solo en aquellos casos que son extremos y de verdadera necesidad». Pero los inmigrantes no tienen privilegios con respecto a los ‘nativos’ y tienen que pagar las ordenanzas. Sin embargo, hay ‘promociones’ para compulsar documentos: el primer folio sale a 60 céntimos y del segundo en adelante, la tasa baja a 30 céntimos. En ayuntamientos como el de Cieza quieren echar un cable a las familias en riesgo y de cara a 2016 estudian «aumentar el fraccionamiento de tasas para facilitar el pago de las mismas». En La Unión ya han dado pasos en esta línea y ofrecen la opción de pagar 50 euros fijos por el recibo bimestral del agua, incluso con la opción de fraccionar el pago.