Andalucía, Extremadura y Valencia, las que más tardan en ayudar a los dependientes

Casi uno de cada cinco dependientes en España no recibe la ayuda que necesita. Esa es una de las conclusiones más destacadas del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, integrado por patronales y sindicatos, que se ha presentado hoy y que arroja un panorama alarmante.

Retrasos en la evaluación y en la concesión de las prestaciones, carencia de personal con la cualificación necesaria y una deficiente financiación que repercute en los más necesitados en momentos en los que la pirámide poblacional se ha invertido y en la que, según se han encargado de recordar los firmantes del VI Convenio Estatal de la Dependencia, quienes ahora nacen cuentan con una esperanza de vida cada vez mayor, por lo que es de prever que el porcentaje de población que precisará de estos cuidados no hará sino aumentar en el futuro, son algunos de los factores que generan inquietud.

El plazo medio de resolución de las demandas de ayuda asciende a 210 días, pero la situación es muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma de que se trate. En algunas, como Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana, se eleva a más de 300 días. Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Galicia se sitúan también entre la que más retrasan la concesión de las prestaciones a los dependientes, mientras que Asturias no aportó los datos requeridos al Tribunal de Cuentas, por lo que este organismo la incluye también entre las más remisas a dar las ayudas.

Según se desprende del informe, algunas comunidades autónomas retrasan el reconocimiento de la prestación a que tiene derecho el dependiente hasta que no disponen de la financiación suficiente para hacerla efectiva. En otros casos, las autonomías no satisfacen su parte correspondiente. Así, mientras el Estado aporta casi el 50% del presupuesto invertido en dependencia y cerca de otro 20% procede del copago de los ciudadanos, las comunidades asumen apenas el 30% del dinero invertido. Un dato que los autores del informe aportan pese al “oscurantismo” de las autonomías en este sentido.

Pero los retrasos en la concesión de las ayudas no son el único lastre que arrastra la aplicación de la Ley de la Dependencia. Siete años después de su aprobación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma ha sido incapaz de generar los puestos de trabajo que se preveían y, además, los que se han creado son en buena parte precarios y de carácter temporal. Así lo ha puesto de manifiesto Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT, quien ha destacado que “las expectativas no han sido cubiertas”.