Dependencia: un Informe Técnico del Colegio de Trabajadores Sociales denuncia numerosas ilegalidades cometidas por el IMAS

La Junta de Gobierno del Colegio ha acordado todas estas actuaciones ante la falta de medidas por parte de la Administración Regional a datos como que una de cada tres personas que tienen reconocido el derecho a los servicios y prestaciones no reciben ningún tipo de respuesta por parte de la Administración: 14.000 personas; el reiterado incumplimiento en los plazos máximos de resolución, la modificación de la Ley para que en los casos en que el IMAS incumpla plazos y la persona fallezca, no deban de abonar las prestaciones a las que tenía derecho o la falta de servicios, como los inexistentes servicios de ayuda a domicilio, del servicio que facilita el acceso al empleo de las personas en situación de dependencia (Asistencia Personal) o el de atención temprana a los menores de 0 a 6 años, han motivado un riguroso informe que analiza la aplicación de la Ley que está realizando la Región de Murcia.

Los trabajadores denuncia que, si ya estaba tocada la Ley desde el Gobierno de España, los incumplimientos del Instituto Murciano de Acción Social de la Ley 39/2006 vulneran los derechos de uno de los colectivos que más difícil tienen hacer valer sus derechos por sí mismos, las personas en situación de dependencia.

Según el análisis de los datos, mes a mes, ofrecidos por el IMAS en la web de la Comunidad Autónoma, de febrero a marzo de 2013, descendió el número de beneficiarios en 674, una velocidad que en poco más de 3 años habría dejado sin atención a todas las personas que actualmente reciben prestación o servicio.

Sin embargo, más de 50 dudas son las que se desprenden del estudio de los datos, sobre las que no se puede concluir taxativamente sin que sea el propio IMAS el que aporte los datos.

Además de remitir el escrito al IMAS, a la Consejería y al propio presidente Valcárcel para que tome conciencia de las ilegalidades cometidas por el IMAS; el informe se va a poner en conocimiento de la Fiscalía para que se valore si procede iniciar un procedimiento de oficio. Será remitida copia igualmente a la Defensora del Pueblo de España, a la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, y a los grupos políticos representados en la Asamblea Regional para que cuenten con información para someter a control al Gobierno Regional.

Así mismo, se está estudiando la posibilidad de remitirlo al Consejo General del Trabajo Social de España para que lo ponga en conocimiento de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

“Agotados los esfuerzos de negociación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, viéndose vulnerados los derechos legales de las personas más vulnerables y en honor al esfuerzo realizado por los familiares, por los y las trabajadores/as sociales y profesionales que desde las asociaciones, los ayuntamientos y el Instituto Murciano de Acción Social dedican todo su esfuerzo y profesionalidad a tratar de garantizar el derecho a la autonomía persona y atención a la situación de dependencia de los y las murcianos/as, emitimos el presente informe en Murcia, a 20 de mayo de 2013”.

Principales conclusiones

Del análisis estadístico de los datos disponibles del IMAS desde diciembre de 2008 hasta el 1 de abril de 2013, se han seleccionado los 2 últimos años por ser los que recogen los datos activos. Los datos anteriores se corresponden a cifras acumuladas sin discriminar las activas. Igualmente se han tenido en cuenta los estudios realizados por la Consejería competente en octubre de 2012 y en abril de 2011.

Las principales conclusiones que se extraen son:

• 50.716 personas tienen valorada su situación de dependencia (Dictamen).
• Las solicitudes se han reducido un 77,5% en los 2 últimos años.
• 42.498 personas valoradas tienen derecho a servicios o prestaciones.
• 8.218 personas en situación de dependencia no tienen derecho a servicios o prestaciones.
• De las 42.498 personas con derecho, sólo 28606 reciben el servicio o prestación que le corresponde.
• 13.892 personas no reciben el servicio o prestación que les corresponde por Ley.
• La implantación de tasas y las bajas expectativas han reducido casi un 80% el número de solicitudes.
• Las tasas no contemplan excepciones a personas sin recursos económicos.
• Las solicitudes no se resuelven dentro del plazo legal previsto por la Ley.
• Si las valoraciones no se resuelven, las resoluciones de prestaciones y servicios tardan más aún.
• El IMAS aplica los plazos máximos, y los excede, en lugar de buscar cumplir la Ley e incluso agilizar.
• El IMAS ha modificado la Ley para que en caso de incumplir los plazos, no tenga que pagar atrasos si la persona fallece, propiciando que se retrasen los plazos por el ahorro que supone el fallecimiento.
• CERO personas se benefician de su derecho legal al Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Cada 2 beneficiarios grandes dependientes, el servicio de Ayuda a Domicilio crearía al menos 1 puesto de trabajo directo.
• El número de beneficiarios de teleasistencia ha disminuido desde enero de 2012 en casi 1.500.
• El número de beneficiarios de la prestación económica de cuidados en el entorno ha disminuido en más de 2.000 beneficiarios desde julio de 2012.
• La Prestación Económica de Asistencia Personal que pretende facilitar el acceso a la educación y al empleo cuenta con CERO beneficiarios.
• 8 de los 10 municipios con mayor tasa de personas en situación de dependencia tienen menos de 5.000 habitantes.
• No existe fraude generalizado en las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. Tan sólo un 7% requieren de un seguimiento que garantice y facilite un cuidado adecuado.
• El 78,5% de las personas en situación de dependencia tienen más de 65 años y el 43,5 % 80 y más años.
• La falta de transparencia y de detalle en los datos obliga a formular más de 50 preguntas al IMAS, en muchos casos, además se trata de preguntas múltiples.
• De febrero a marzo de 2013 perdieron el servicio/prestación 674 personas. A ese ritmo, en 3 años y medio no quedaría ningún usuario con derecho a prestación.