Derechos sociales: en vigor el Protocolo que permite quejas ante Naciones Unidas

Hasta la fecha son diez los estados que han ratificado este mecanismo: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay. Esto significa que, por el momento, podrán presentarse reclamaciones tan sólo por vulneraciones procedentes de estos 10 países, entre ellos el estado español.

La posibilidad de reclamar ante Naciones Unidas la violación de los derechos recogidos en el PIDESC constituye un hito histórico que compensa la situación de agravio que soportaban estos derechos. Así, a diferencia de lo que ocurría con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 a través del cual se pueden emprender demandas contra estados, el único mecanismo de supervisión del PIDESC era la presentación de Informes periódicos.

A partir del 5 de mayo, el Protocolo permitirá que personas y grupos obtengan justicia a través de una instancia internacional, si sus derechos son violados y sus gobiernos no ofrecen acceso a la justicia a nivel nacional. Entre estos derechos, se incluye el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la educación.

“El acceso a la justicia es esencial para las víctimas de todas las violaciones de derechos humanos, y el Protocolo provee un instrumento fundamental para su consecución”, ha afirmado el portavoz de la Coalición.

Queremos felicitar a los primeros 10 Estados que han ratificado el Protocolo, reafirmando la valoración de todos los derechos por igual. Pedimos a los demás Estados que sigan su buen ejemplo. Para lograr la verdadera realización de los derechos humanos y una vida digna para todas las personas, es imprescindible que todos tengan acceso a un recurso efectivo para reclamar por sus derechos.

El Protocolo constituye una herramienta vital para que las personas, sobre todo aquellas que viven en la pobreza, puedan reclamar sus derechos humanos y pidan cuentas a sus gobiernos por las violaciones que se produzcan. Asimismo, el Protocolo ofrece la oportunidad de avanzar en la comprensión de las obligaciones del Estado y contribuirá a que se tomen medidas afirmativas para garantizar el goce de estos derechos.

El Protocolo tiene como fin complementar y no sustituir a las instituciones nacionales, que siguen siendo la primera instancia a la que una persona debe acudir para solicitar que se haga justicia. Sin embargo, las decisiones que se tomen mediante este nuevo mecanismo influirán con toda probabilidad en los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.

Los gobiernos deben cumplir este compromiso garantizando que los mecanismos nacionales, como tribunales, defensores públicos, Defensores del Pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos, tienen plenas facultades y capacidad para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.

El Protocolo fue adoptado por consenso el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la ONU y se abrió a la ratificación el 24 de septiembre de 2009. Cuarenta y dos países lo han firmado, indicando su intención de ratificarlo; su ratificación es necesaria para hacer que sea vinculante jurídicamente.

Los otros 32 países que lo han firmado pero aún no lo han ratificado son: Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Irlanda, Islas Salomón, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Malí, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal, Timor Oriental, Togo, Ucrania y Venezuela.

160 Estados en el mundo son Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto constituye el principal marco legal para la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos abarcan, entre otros, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la vivienda adecuada, a la seguridad social, y a participar en la vida cultural. Todos los Estados que son parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminación.

La Coalición de ONG por el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de carácter mundial, está integrada por más de 300 grupos de la sociedad civil e individuos de todo el mundo. La Coalición lleva ocho años haciendo campaña a favor del Protocolo Facultativo y pide a todos los gobiernos del mundo que sean partes del mismo.

La Coalición Internacional de ONG por el Protocolo Facultativo al PIDESC está coordinada por un Comité Ejecutivo, actualmente conformado por: Amnistía Internacional (AI); Community Law Centre (CLC); Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC); Food First Information and Action Network (FIAN); Comisión Internacional de Juristas (CIJ); Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH); International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia-Pacific); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Social Rights Action Centre,(SRAC).