El CES echa por tierra la Ley de Accesibilidad al considerarla ineficaz y deficiente

La nueva norma regional de Accesibilidad ha recibido un varapalo del CES, que considera que es ineficaz y peor que la legislación nacional. MURCIA. El Consejo Económico y Social (CES) le ha sacado los colores a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, encargada de elaborar el Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal, una norma con la que se pretende garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, desde el transporte a la vivienda, pasando por el acceso al empleo, a los servicios de las administraciones públicas y a cualquier bien y servicio. Para el CES, el texto presentado por Obras Públicas deja mucho que desear. No solo no aporta nada nuevo a lo ya previsto en la legislación nacional, sino que además la empeora.

No es habitual que el CES emita un dictamen «desfavorable», como es el caso. Los miembros del Consejo valoran «positivamente la iniciativa de elaborar un anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal» y aplauden el «interés del Gobierno regional en realizar actuaciones tendentes a mejorar la situación de las personas con discapacidad». Pero a partir de ahí, todo son observaciones críticas. Para empezar, «la delimitación del objeto del anteproyecto resulta ambigua e indeterminada, lo que dificulta su eficacia normativa e introduce un elemento de inseguridad jurídica que debería evitarse».

La legislación nacional que el proyecto pretende desarrollar para su aplicación en Murcia –un Real Decreto de 2013–deja clara que el concepto de accesibilidad universal es aplicable a todos los ámbitos de la sociedad, y que por tanto las medidas deben ser de obligado cumplimiento en todas las áreas. Sin embargo, el anteproyecto elaborado por la Consejería de Obras Públicas limita de facto «la regulación de la garantía de accesibilidad universal a los ámbitos de las edificaciones, espacios públicos urbanizados y transportes», algo que también señala en un informe crítico con el texto la Consejería de Sanidad y Política Social, que es incorporado por el CES a su dictamen.

El anteproyecto utiliza «adverbios y expresiones» de cuestionable valor jurídico. Habla por ejemplo de «principios inspiradores» –no discriminación, igualdad, etc– que se aplicarán en los diferentes ámbitos. Pero «es más que dudoso que se pueda extraer alguna consecuencia jurídica de la referencia a los citados principios inspiradores», ya que en algunos casos resultan «meras definiciones de conceptos». La ley nacional, por el contrario, deja claro que serán de aplicación «medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal». El CES señala que el texto adolece de una «carencia de contenido normativo» en muchos aspectos, dando lugar a una normativa más ‘light’ que la nacional.

En este sentido, el CES recuerda que el Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal debía empezar por respetar «la redacción establecida en la legislación estatal», pero ni siquiera en eso acierta, dando lugar a una «deficiente transcripción». «De la lectura resulta obvio que la enumeración de los principios del Anteproyecto es diferente de la que establece el Real Decreto».

El Consejo llega a plantear «la cuestión sobre la necesidad y oportunidad de elaborar una normativa autonómica que establezca requisitos o estándares adicionales a los establecidos con alcance nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que el nivel de cumplimiento de lo establecido en dicha normativa dista mucho, conforme señala el Cermi (Comité Español de la Discapacidad), de haber alcanzado un nivel que pueda calificarse como satisfactorio». El dictamen del CES cuestiona que el anteproyecto presentado por el Gobierno regional «conlleve ninguna aportación sobre la situación actual», y añade: «Más bien, a juicio de esta institución, puede contribuir a un incremento de la inseguridad jurídica que en nada favorece la implementación de medidas tan necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación». Eso sí, el CES realiza estas críticas «sin perjuicio de la bondad en la intención del legislador regional».

Sanciones inaplicables

Pero donde más crítico, si cabe, se muestra el Consejo Económico y Social es en el régimen sancionador, donde observa «dos importantes diferencias con respecto a lo establecido en la legislación básica» estatal, ya que se establece como infracción administrativa la acción u omisión que ocasione vulneración del «principio» de accesibilidad universal, cuando la ley nacional habla del «derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal». Además, la norma autonómica no concede a las organizaciones de la discapacidad la legitimidad activa para interponer recursos por vulneraciones de estos derechos, salvo que lo autoricen las personas perjudicadas por la supuesta infracción. Lo más preocupante, para el CES, es que el anteproyecto no entra a regular el régimen de sanciones, sino que se remite a lo establecido en la legislación estatal, lo que se convierte en un «obstáculo insalvable que impide su aplicación en la Comunidad Autónoma».

La normativa nacional solo establece atribuciones de instrucción e imposición de sanciones a los órganos de la Administración General del Estado, por lo que, en definitiva, y con el texto actual del anteproyecto, la Comunidad no podría aplicar las sanciones. Esto es «particularmente grave» si se tiene en cuenta que el anteproyecto prevé la derogación de la legislación autonómica anterior, con lo que la Comunidad podría quedarse sin armas jurídicas para perseguir las infracciones.

Por último, el CES muestra su «perplejidad por el escaso interés de la mayoría de departamentos de la Administración regional» que fueron consultados por Obras Públicas. Solo las consejerías de Sanidad e Industria respondieron con informes.