El CES remite al Gobierno un informe de iniciativa propia sobre la situación socio laboral de las personas de 45 a 64 años

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado el Informe sobre la Situación Sociolaboral de las Personas de 45 a 64 años de edad que analiza las condiciones económicas, laborales y sociales de este colectivo y presenta cerca de una treintena de propuestas al Gobierno. El CES busca aumentar la empleabilidad de los parados de más de 45 años; prevenir su desempleo fomentando su permanencia en el mercado de trabajo y evitar la entrada en niveles de pobreza mediante medidas de protección específicas para este colectivo altamente sensible al paro de larga duración.

El informe, que ha sido remitido al Gobierno, ha contado con el apoyo de una amplísima mayoría de los miembros del CES.

DATOS BÁSICOS: La crisis y sus efectos sobre el grupo de 45 a 64 años

La población de 45 a 64 años representaba a finales de 2013 más del 26% de la población frente al 24% de 2007. En 2013, había 2 millones de parados registrados en esta franja de edad, 907.000 de los cuales llevaban dos o más años buscando empleo. Su desempleo se ha multiplicado por 4,5 entre 2007-2013 y el de larga duración supone ya el 49,7% en este colectivo, frente a un 34,4% del resto de edades. (cuadro pag. 35 informe) Casi el 60% de los desempleados del grupo no tiene niveles educativos más allá de la educación obligatoria. Frente a los más jóvenes, donde prima el final de un contrato temporal, en las salidas del empleo para los mayores de 45 años la causa más frecuente es el despido, principalmente el individual, pero también son frecuentes extinciones derivadas de procedimientos colectivos de regulación de empleo donde este colectivo está claramente sobrerrepresentado en las medidas extintivas. Dentro del colectivo se encuentra la mayoría de las personas sobre quienes recae la responsabilidad de sus hogares familiares. El riesgo de aumento de la pobreza de este grupo poblacional tiene pues un fuerte impacto social. El porcentaje de población de 45 a 64 años en situación de riesgo de pobreza y exclusión en 2013 era del 28,9%, habiendo crecido durante la crisis 6 puntos porcentuales, y estando por encima del promedio para el total de edades (27,3%), cuando antes estaba por debajo. El subgrupo de 55 a 59 años alcanza el 34,3%. (cuadro pag. 45 informe)

CONCLUSIONES del informe

Muchas son las que alberga el amplio informe elaborado por el máximo organismo consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Sin embargo cabe resaltar por su contundencia las siguientes:

Si no se fijan objetivos de fuerte incremento de la tasa de empleo para las personas de 45 a 64 años, no será posible alcanzar de nuevo, ni en un contexto muy expansivo para el empleo en el resto de las edades, el resultado global que se obtuvo antes de la crisis en la tasa de empleo. Las políticas activas de empleo actuales no cumplen de manera adecuada sus funciones en lo referente a este colectivo. Para superar esta situación es imprescindible contar con varios elementos, que deben tratarse en un amplio proceso en el marco del Sistema Nacional de Empleo, como vía para la participación y la colaboración de todas las administraciones públicas y agentes concernidos, así como, de manera decidida, de los interlocutores sociales. Entre estos elementos cabe destacar tres: Un buen y detallado diagnóstico. Un ambicioso diseño, evaluable en su alcance y eficiencia, que incluya la elaboración de un plan estratégico, con medidas de choque y prioridades claras a corto y medio plazo. La “Estrategia 55+” podría ser un buen punto de partida. Dotación suficiente de recursos y medios en una triple dirección: Reorientando y mejorando la eficiencia de los recursos financieros, materiales y humanos actualmente disponibles; Aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece la colaboración público-privada en este terreno; En su caso, incrementar con fuentes extraordinarias la dotación necesaria para mantener el alcance de estas políticas en un contexto de elevado desempleo. El colectivo incluye grupos prioritarios radicalmente diferentes, en planteamiento y en necesidades, de cara al diseño de las políticas de empleo. Estas deben adecuarse permanentemente a una realidad variada y compleja. Sería conveniente disponer de una evaluación específica de los resultados de las políticas activas de empleo aplicadas en el periodo más reciente a este colectivo. Hay que revisar el marco presupuestario restrictivo de la Políticas Activas de Empleo, reforzando al mismo tiempo la eficacia de su gestión y su evaluación. (cuadro pag. 64 informe) Se debe mejorar el nivel de participación en la formación para el empleo de un colectivo que ve mermada su empleabilidad por el doble factor de la edad y de la escasa formación de partida. Este grupo poblacional muestra pautas de pobreza y exclusión diversas, en función de sus respectivas características sociolaborales, lo que debería dar lugar a medidas y respuestas ajustadas a cada una de ellas. Los objetivos de empleabilidad de los mayores de 45 años deben acompasarse con una adecuada adaptación del sistema de protección social que favorezca una prolongación sostenible de la vida laboral. Los costes de no actuar son claros, e inasumibles para el futuro de nuestra sociedad. De ahí que se requiera una respuesta coordinada, como ocurre en general ante el problema del paro en España, de todas las políticas públicas, incluyendo desde luego las económicas.

PROPUESTAS del informe

Políticas para el empleo: Marco general

El objetivo de la política comunitaria ha sido aumentar las tasas de participación laboral de la población de mayor edad, no habiendo prestado atención suficiente al problema del desempleo entre este grupo.

Desarrollar en el ámbito comunitario iniciativas de amplio alcance dirigidas a fomentar la empleabilidad para la población más vulnerable dentro del colectivo, de las que ya hay antecedentes en algunos Estados miembros.

En España, el grupo es beneficiario de un conjunto heterogéneo de medidas que se han ido adoptando en diferentes coyunturas y que no han respondido a una consideración sistemática y de conjunto a partir de un diagnóstico sobre las características de este amplio segmento poblacional.

Adoptar medidas de choque junto con la inclusión de otras de medio y largo plazo. Sería aconsejable poner en marcha una estrategia específica, coherente y unitaria que articule el conjunto de medidas y de estímulos que compensen una situación adversa de partida. La “Estrategia 55+” es un adecuado punto de partida con las actualizaciones que se consideren oportunas.

Los recursos destinados a la financiación de formación profesional para el empleo (FPE) han sido objeto de una reducción significativa en los dos últimos años.

Asegurar una financiación suficiente al FPE, al tiempo que se garantiza una gestión eficiente y una evaluación adecuada, reforzando sus recursos, así como avanzar en la resolución de algunos problemas y desequilibrios que ha venido arrastrando. En dicho proceso debe jugar un papel destacado el diálogo social. (cuadro pag. 69 informe)

Políticas de prevención del desempleo y de permanencia en el mercado de trabajo

La participación formativa en las empresas del grupo de trabajadores de 45 y más años es seis puntos inferior al peso que ocupan en el empleo asalariado, con una posición de infrarrepresentación. Además, tienen una media inferior de horas por participante.

Impulsar medidas para elevar la participación en actividades formativas, incluyendo permisos individuales de formación, dentro de las empresas de los trabajadores de estas edades ampliando así sus oportunidades de mantenimiento y mejora de sus cualificaciones y su empleabilidad. Incidir en aquellos trabajadores de más edad con niveles de educación-formación bajos o medios. (cuadros pags. 73 y 75 informe) Avanzar hacia una mayor diversificación de los contenidos profesionales, visiblemente concentrados en unas pocas familias profesionales. Utilizar la actividad de prospección de los servicios públicos de empleo de necesidades futuras de cualificación entre las pymes.

El sistema de incentivos para evitar la destrucción de empleo en general, y entre los mayores de 45 años en particular, ha demostrado ser poco eficaz hasta el momento. Así, a pesar de la obligación para las grandes empresas de realizar una aportación al Tesoro Público en el caso de despidos colectivos que afecten de manera desproporcionada a los trabajadores de 50 y más años, este colectivo sigue estando claramente sobrerrepresentado en las medidas extintas de regulación de empleo.

Usar herramientas recomendadas por la CE, como la erradicación de los estereotipos negativos que afectan a los trabajadores de más edad mediante campañas de información y al enfoque reforzado de los servicios de empleo hacia ese objetivo. Es preciso, además, poner en valor las competencias de los trabajadores adquiridas mediante la experiencia y vías no formales de formación, y prevenir y asesorar en los procesos de reestructuración o potenciar los servicios de recolocación aplicados a los trabajadores de más edad.

El acento sobre la prolongación de la vida activa no debería hacer abstracción del actual contexto de crisis del mercado de trabajo. Además de dificultar los objetivos marcados, puede conllevar riesgos de exclusión social si no se contemplan medidas específicas que amortigüen los efectos de la crisis

Los objetivos de empleabilidad deben acompasarse con una adecuada adaptación del sistema de protección social que favorezca una prolongación sostenible de la vida laboral. Sería deseable reflexionar sobre un rediseño de la jubilación parcial que dé respuesta a la necesidad de una mayor gradualidad en el abandono del mercado de trabajo por parte de ciertos trabajadores. El CES propone una visión integradora de las opciones a la permanencia en el mercado de trabajo más allá de la edad de jubilación a fin de potenciar, de una manera más efectiva, las posibilidades de activación entre los trabajadores de más edad que encierran los instrumentos de compatibilización y demora voluntaria (la posibilidad de compatibilizar pensión y empleo atrajo en 2013 a tan solo 9.000 personas, en su mayoría autónomos).

Medidas y políticas para la activación y la reinserción en el mercado de trabajo

Intermediación y orientación para el empleo

Las acciones de orientación laboral sobre los trabajadores de más edad son prioritarias para potenciar los perfiles de un grupo en posición de desventaja. La heterogeneidad que engloba el grupo de más edad hace necesaria la adopción de una perspectiva más individualizada de la orientación, alejada de un enfoque excesivamente generalista.

Potenciar los servicios de orientación e intermediación mediante el refuerzo de los efectivos empleados y el incremento de la eficacia de las acciones, independientemente de la naturaleza pública o privada de los organismos que las desempeñen. La infradotación de los servicios de empleo –evidente en comparación con el resto de la UE- lastra su eficacia y desborda su capacidad. (cuadro pag. 92 informe) La aplicación de itinerarios personalizados de inserción supone un paso en la buena dirección, aunque su impacto resulte todavía limitado, así como la reducción de los plazos para efectuar las entrevistas en profundidad con los desempleados.

En términos generales, la participación en acciones de orientación de los desempleados mayores de 45 años es estable, aunque ligeramente inferior a su peso sobre el total de desempleados, salto especialmente significativo en el subgrupo de más de 55 años.

Rodoblar los esfuerzos hacia una participación equilibrada de los trabajadores de más edad y con especial énfasis sobre los mayores de 55 años. Además, debería promoverse la participación en acciones de carácter intensivo a fin de maximizar las oportunidades de empleabilidad. Garantizar que la apertura de la intermediación a la colaboración público-privada no redunde en un menoscabo en el acceso al empleo de los trabajadores desempleados de más edad. La distribución equitativa de carteras de desempleados a las agencias privadas, con un adecuado reflejo de la distribución total de edades y, dentro de ésta, de los distintos perfiles, cualificaciones y niveles de formación, resulta por tanto esencial.

Formación y recualificación de los desempleados

La tasa de cobertura de la formación de oferta dirigida a desempleados, que partía de niveles limitados en los años anteriores a la crisis, se ha ido reduciendo de forma clara y continuada en los últimos ejercicios, hasta alcanzar un nivel que sólo puede calificarse de insuficiente ante las proporciones adquiridas por el paro en este periodo.

Necesidad urgente de ampliar la tasa de formación recuperando, al menos, los niveles alcanzados antes de la crisis, para lo que sería aconsejable poner en marcha un importante esfuerzo económico y de coordinación de los servicios públicos de empleo que pudieran llevar a resultados en un plazo breve de tiempo, a la vez que se refuerza una gestión eficiente y una evaluación adecuada. (cuadro pag. 103 informe)

La participación en acciones de formación de los desempleados mayores de 45 años es inferior a la total y se confirma la infrarrepresentación en el conjunto de la formación de oferta a los parados. Además, aquellos que han recibido formación presentan unas tasas de inserción laboral inferiores, especialmente los que sobrepasan los 55 años.

Impulsar una mejora del nivel de participación de este colectivo en la formación dentro de la planificación anual de las políticas de empleo, a partir de un esfuerzo a corto plazo proporcionalmente mayor para ellos que propicie una estructura de participación en la FPE más equilibrada por edades. Sería preciso, a tal fin, una adscripción suficiente de recursos humanos especializados en dichas tareas, en línea con lo apuntado en las propuestas anteriores sobre intermediación y orientación. Reforzar las políticas dirigidas a este grupo de parados con instrumentos que complementen a la formación y que en conjunto refuercen su empleabilidad, contrarrestando la menor demanda que parecen sufrir, lo que podría llevarse a cabo en mejor medida en el marco de una estrategia específica dirigida a ellos como se propugna en este informe. Promover una diversidad de contenidos profesionales de la formación dirigida a este colectivo de parados, superando un esquema de oferta formativa que parece excesivamente uniforme, de manera que pueda facilitarse un mejor ajuste a sus necesidades y a las necesidades del tejido productivo. Impulsar los procedimientos de reconocimiento y acreditación de la formación adquirida mediante la experiencia laboral y las vías no formales de aprendizaje.

Incentivos a la contratación

La naturaleza de la recesión ha minimizado la eficacia de las políticas de oferta sobre la generación de empleo, y, en particular, del sistema de incentivos a la contratación. Se puede afirmar que el nuevo esquema de incentivos a la contratación no se orienta de manera específica a facilitar la reinserción de estos colectivos vulnerables, como los mayores de 45 años con cargas familiares que estén cobrando subsidios, rentas de inserción o hayan agotado las prestaciones.

Un sistema de incentivos bien diseñado pueda reorientar el empleo hacia los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Apoyo al autoempleo y al emprendimiento

Se observa que en materia de políticas de empleo dirigidas al fomento y promoción del autoempleo y el emprendimiento no se ha llevado a cabo un tratamiento específico del colectivo analizado. Además, se ha producido un acusado descenso, de más del 50%, de los fondos destinados al programa de promoción del empleo autónomo.

Las administraciones públicas deben desarrollar estrategias o ejes coherentes con las características de este grupo poblacional que desemboquen en ayudas o incentivos específicos que fomenten el autoempleo y permitan resolver los problemas y disminuir las trabas y riesgos que encuentra este colectivo a la hora de emprender. Y dotar a este tipo de políticas de recursos suficientes. (cuadro pag. 114 informe)

Instrumentos de la autonomía colectiva

Los convenios colectivos incorporan cuestiones ligadas a la perspectiva de edad, tanto de la igualdad y la no discriminación en el trabajo, como en relación con materias retributivas, extinción de la relación laboral o formación en el seno de la empresa.

Sería deseable que la negociación colectiva incorporase un tratamiento de la perspectiva de la edad con un alcance integrado. Desde la autonomía colectiva hay que impulsar una adecuada integración de las personas en la franja de edad más alta, entre otros aspectos a través de la adaptación de entornos y condiciones de trabajo que faciliten la estabilidad en el empleo de los trabajadores de más edad y las necesidades organizativas y de adaptación de las empresas. Debe seguir poniéndose el acento en minimizar las consecuencias sociales de las reestructuraciones de empleo, mediante el recurso a medidas alternativas a la extinción de contratos que faciliten el mantenimiento o reincorporación en el mercado laboral de los trabajadores afectados por el despido. Las empresas y los representantes de los trabajadores deberían redoblar esfuerzos en los periodos de consultas para detectar las situaciones personales de mayor vulnerabilidad e identificar las medidas que puedan resultar más adecuadas en relación, por ejemplo, con los trabajadores de mayor edad, contribuyendo a evitar salidas prematuras del mercado de trabajo acompañadas de un elevado riesgo de permanecer en el paro de larga duración.

Protección social en las personas de 45 a 64 años

Tras las últimas modificaciones normativas, especialmente las relativas a la mayor edad mínima para el acceso al subsidio especial para mayores de 55 años, se ha registrado una disminución de perceptores de este subsidio de un 47% con respecto al año anterior.

Debería considerarse especialmente la situación de los desempleados mayores de 45 años que agoten todas las ayudas del sistema de protección por desempleo y que son menores de 55 años, por ejemplo reduciendo el requisito de edad para acceder a esta ayuda que puede prolongarse hasta la edad de jubilación, para evitar que quede fuera del sistema un grupo de desempleados con especiales dificultades de reincorporación al mercado laboral. Cabría reconsiderar el requisito de rentas de la unidad familiar o, alternativamente, exceptuarlo de cara a la financiación del convenio especial. Y elevar de nuevo la base de cotización por jubilación en este subsidio. Al menos desde el punto de vista de mantenimiento de la cobertura de la protección, sería importante, en el panorama actual, reconsiderar el diseño de la Renta Activa de Inserción, elevando la duración o suprimiendo el número de veces en que se puede percibir. (cuadro pag. 142 informe) Sería muy conveniente que se consolidara un sistema de Renta Mínima de Inserción como derecho subjetivo que permita cubrir las necesidades básicas así como lograr una cobertura adecuada de las personas en riesgo de pobreza y exclusión. Para lo cual se hace imprescindible que se establezca una dotación financiera adecuada. (cuadros pags. 146 y 150 informe) El objetivo de extensión de la vida laboral también debería prestar una atención equivalente a los incentivos a la permanencia en la actividad, a fin de articular una política más equilibrada con los esfuerzos hasta ahora realizados con objeto de contener la salida del mercado de trabajo.