El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad Autónoma ante la Defensora del Pueblo

La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Judit García, presentó el viernes 22 de marzo una petición a Soledad Becerril que exija al Gobierno Regional el cumplimiento de la Ley, y proceda a su desarrollo reglamentario, cuyo plazo legal expiró hace más de 5 años.

García recuerda que ya lo exigió la Asamblea Regional, en una moción unánime aprobada por PP, PSOE e IU, el 2 de noviembre de 2011, y el extinto Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, mediante un recordatorio de deber legal a la Sra. Consejera de Sanidad y Política Social.

El incumplimiento de la Ley por quienes la dictaron y aprobaron

La Sra. Consejera de Sanidad y Política Social contestó al Defensor del Pueblo que aunque las solicitudes cumplían con los requisitos, el agotamiento de crédito imposibilitaba la concesión a las solicitudes desde abril de 2012.

A pesar de que la Ley prevé la obligada ampliación presupuestaria por ser un derecho reconocido a todas las personas que cumplan los requisitos, para el Gobierno Regional no están siendo prioritarias las familias que carecen de cualquier tipo de recurso económico, y que ya han agotado la prestación y el subsidio por desempleo.

Fernando Mateo, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social reconoció públicamente el 15 de octubre de 2012 que casi 800 familias llevaban meses esperando, a pesar de que una semana antes, el 8 de octubre, el entonces Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión Social, Juan Castaño afirmaba que se le estaba dando cumplimiento a la Ley.

El propio presidente Valcárcel afirmó en la Asamblea Regional el 21 de noviembre que no se resolverían las solicitudes hasta primeros del año 2013, cuando la Ley de Renta Básica de la Región de Murcia establece un plazo de 2 meses, por considerarse necesidades básicas.

El Colegio Oficial ya anunció que la partida presupuestaria para 2013 era insuficiente, cada vez hay más familias sin ingresos, y a la partida de 2013 se le debe descontar la incorporación de casi 1000 familias que quedaron a la espera a 31 de diciembre de 2012.

La CARM destina en 2013 el 0,11% de su presupuesto a las familias sin ingresos

García denuncia que el último recurso con el que cuentan las familias que no encuentran un empleo ni perciben ningún tipo ayuda suponga solamente el 0,11% en la Ley de Presupuestos Generales de 2013, y no sea ampliado como exige la Ley.

Considera aún más grave que las solicitudes caigan en el olvido durante meses, escudándose la Administración Regional en el transcurso de los plazos administrativos.

Una familia que solicite apoyo a la Administración deberá esperar 2 meses a que su Ayuntamiento la tramite, 2 meses a que venza el plazo que tiene la Administración Regional para resolver, 6 meses para considerar rechazada la petición por silencio administrativo, debiendo recurrir posteriormente ante la Sra. Consejera de Sanidad y Política Social.

Con todo ello se logra que el plazo de 2 meses fijado por la Ley, se convierta en un año, obligando a las familias a esperar a que la Administración Regional disponga del nuevo presupuesto a primeros del año siguiente.

Estos derechos legales deben desarrollarse en un reglamento que impida al Gobierno Regional actuar impunemente, así lo preveía la Ley, fijando en 2007 un plazo máximo de 6 meses, que transcurridos casi 6 años, aún no se ha desarrollado, haciendo caso omiso a las exigencias del extinto Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de la Asamblea Regional, del Colegio Oficial y de las peticiones particulares de los murcianos.

El Gobierno Regional se ahorra 100€ por familia y mes

El desarrollo reglamentario además de venir a garantizar los derechos de las familias más vulnerables, vendría a dar cumplimiento al importe por familia que exige la Ley, al menos el 75% del IPREM (400 € aproximadamente), mientras que en la actualidad, se mantiene aplicando la normativa de 1994, ahorrándose 100 € al mes por familia,

Petición a la Defensora del Pueblo

La presidenta del Colegio Oficial pidió y espera de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que tome las medidas que legalmente correspondan y haga un seguimiento de los incumplimientos del Gobierno Regional, siendo garante de los Derechos Sociales de los murcianos.