El Consejo de Estado advierte que la reforma local puede ser inconstitucional

El informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de la administración local es demoledor. Ataca las principales líneas de flotación del texto aprobado por el Gobierno y advierte de que su constitucionalidad está en entredicho. En especial, plantea dos grandes problemas: la regulación del llamado “coste estándar”, un concepto que según el Consejo de Estado, el Ejecutivo no ha desarrollado bien en el anteproyecto y, sobre todo, el principio de “autonomía local” y la reducción de competencias de los Ayuntamientos.

El informe del organismo, que no es vinculante, asegura que “la garantía institucional de autonomía consagrada en el artículo 140 de la Constitución puede verse cuestionada como consecuencia del eventual vaciamiento competencial de los municipios y porque sus competencias pasen a una entidad de representación indirecta como es la Diputación Provincial”. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisión permanente del pasado 26 de junio presidida por José Manuel Romay Beccaría.

Entre otras cuestiones señala el hecho de que se vaya a debilitar la autonomía municipal en favor de otras entidades como las Diputaciones, un hecho que califica negativamente porque, recuerda, “son entidades locales de representación indirecta”. Añade que las competencias de las Diputaciones son más bien “funcionales”, porque asisten a los municipios, y no “materiales”, como son las competencias de los Ayuntamientos, que gestionan “intereses y asuntos que afectan al conjunto de la población”, por lo que no encajarían en el nuevo papel que les da el Gobierno.

También es demoledor el dictamen cuando aborda el artículo que determina el régimen aplicable a las mancomunidades. “Todos los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas la competencia en crear este tipo de demarcaciones. […] la regulación de los requisitos relativos a la creación y extinción de esas entidades escapa al ámbito en que debe desenvolverse la legislación básica del Estado”, recuerda, para advertir que una intromisión en las competencias de las autonomías como la que plantea el anteproyecto de ley “no es admisible desde el punto de vista del esquema constitucional”.

En su análisis de las Diputaciones y del enorme peso que tendrán si la reforma se aprueba tal y como quiere el Gobierno, el Consejo de Estado también pone muchas líneas rojas. Critica que en ningún momento el anteproyecto de ley recoge qué ocurrirá si una Diputación se niega a asumir las competencias de un Ayuntamiento. También censura que no se cuestione la “realidad económico-presupuestaria de las diputaciones”, antes de que asuman competencias y que tampoco haya una previsión de qué ocurrirá si no cumplen con el llamado “coste estándar”.

Otra de las líneas de flotación del anteproyecto de ley defendido a capa y espada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro es el llamado “coste estándar”, un baremo que marcará el techo del coste al que un Ayuntamiento podrá prestar un determinado servicio. “Lo único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es que corresponde al Gobierno fijarlo […] La remisión que en este punto realiza la norma legal a la norma reglamentaria es tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno”. El Consejo de Estado cree que ese cheque en blanco al Ejecutivo para determinar el coste de los servicios no está bien diseñado. “El anteproyecto debería orientar debidamente el ejercicio de esta potestad mediante una regulación suficiente del coste estándar, precisando algunos extremos relevantes […] y del modo en que ha de operar en la práctica”. Abundando en lo anterior, la recomendación del Consejo de Estado es que el Gobierno vuelva a revisar ese concepto y establezca si será único para todos los servicios y cómo se calculará. La Federación de Municipios y Provincias exigió en repetidas ocasiones más claridad sobre este punto sin que el Gobierno haya movido ficha.

Con este dictamen el Gobierno tiene ahora dos caminos abiertos: o revista el contenido de los principios fundamentales del anteproyecto de reforma local, algo que retrasaría su aprobación; o se arriesga a iniciar el trámite parlamentario, algo complicado teniendo en cuenta que el Partido Socialista lo recurrirá al 100% ante el Constitucional.

El PSOE, que inició contactos para intentar negociar la reforma, rompió relaciones con el Gobierno hace meses y ha sido muy beligerante con el anteproyecto. Gaspar Zarrías, el responsable de política municipal, llegó a advertir que sacaría a la calle a todos los alcaldes contra el intento de “privatización de servicios”, en favor de las Diputaciones.

El proyecto ha sufrido todo tipo de obstáculos. Se basa en un informe del Instituto de Estudios Fiscales que contradice las cifras de ahorro que ha dado el propio Gobierno. Ni siquiera los alcaldes del Partido Popular están de acuerdo con la reforma, lo que ha llevado al Ministerio a hacer verdaderos equilibrios para contentar a los regidores presentes en la FEMP. Incluso el propio ministerio ha dado cifras dispares del ahorro que supuestamente conllevará la aplicación de la ley. Primero lo cifró en 7.129 millones y poco después en 8.000 millones.