El director del IMAS, Fernando Mateo, en el banquillo. «Nunca mezclo la política con lo profesional»

Fue el primero que se colocó frente a la puerta de acceso al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. El director general del IMAS, Fernando Mateo, tenía asumido, desde el principio, su papel protagonista en la vista oral a la que ayer acudió como imputado por supuestos delitos de acoso laboral, trato degradante y prevaricación.

Durante su declaración apenas miró a la cara a Cecilio Hernández Rubira, ingeniero de Caminos que interpuso la querella por acoso laboral en marzo de 2006, y que estuvo bajo las órdenes del acusado cuando éste fue director general de Carreteras en la Consejería de Obras Públicas. Mateo, ahora director general del IMAS, mantuvo tres argumentos para defender el cese de Hernández en la dirección de cuatro obras, su cambio de funciones y su traslado de un despacho de la plaza Santoña de Murcia a otro del Laboratorio de Mecánica de Espinardo.

Mateo, que se acogió al privilegio de vestirse de toga y de no sentarse en el banquillo por su condición de abogado, acusó al que fue dirigente socialista entre 2004 y 2011 de «no ser escrupuloso con los plazos. Disponía de un mes para firmar las actas de replanteo de las obras, pero esperaba 28 días, cuando se estaba agotando el plazo». El alto cargo popular también puso como ejemplo supuestos retrasos «de cuatro meses en tres obras y de seis en otra».

En segundo lugar, argumentó que la modificación del cargo de Hernández, que pasó de técnico coordinador de conservación de carreteras a técnico responsable, se debió a una orden de marzo de 2005 de la Consejería de Hacienda que cambió la relación de puestos de trabajo.

Llegados a este punto, Mateo recordó que se modificó la estructura de la Consejería de Obras Públicas y justificó el traslado de Hernández al laboratorio de Espinardo por la creación del nuevo servicio tecnológico. «Complementamos las funciones de Hernández Rubira con controles de calidad». El último argumento se centró en defender que «nunca mezclamos la política con lo profesional» y que, tras modificar las funciones del ingeniero de Caminos, «se le seguían encargando trabajos de la misma naturaleza».

No opinó así Cecilio Hernández Rubia, que aseguró a la jueza que le negaban permisos hasta para acudir a un funeral y que acudía a Espinardo «desorientado» porque no tenía funciones. «Me sentía acosado, humillado y ninguneado». También afirmó que él era «muy molesto» para la Consejería, porque advirtió supuestas irregularidades de la Ley de Carreteras. «Coincidió con una época de la burbuja inmobiliaria. Había una serie de intereses que no tenían nada que ver con las carreteras, sino con urbanizaciones, con polígonos industriales, y yo hacía constar en mis informes que debía cumplirse la ley. Aquello ocasionó problemas en Molina, Abanilla y Fortuna».

El ingeniero remarcó que cuando conoció a Fernando Mateo, «éste me dijo: ‘Ya he conocido a la bestia negra de la Consejería‘». Hernández Rubira defendió que los retrasos en las cuatro obras de las que fue cesado se debieron a que Mateo supuestamente no nombró al coordinador del plan de seguridad y salud de los proyectos.

La vista se prolongó más de cinco horas, y en la misma compareció el jefe de Personal de Obras Públicas, que detalló que los expedientes disciplinarios contra el ingeniero «no pasaron por la Unidad de Personal, ni para nombrar instructor. Los expedientes tienen que estar bajo nuestra tutela». Incluso aclaró que a la hora de ejecutar el traslado del funcionario no se tuvieron en cuenta sus recomendaciones «conforme a la Ley de Función Pública», y zanjó que «no se me hizo caso ninguno».
«Un cese sin motivación»

El jefe del Servicio de Contratación resumió que «no es normal cesar a la misma persona en cuatro obras y en un plazo breve de tiempo». Además de resaltar que en algunos de los ceses «no hubo motivación». Por su parte, el jefe de Servicios Jurídicos recordó que elaboró un informe sobre uno de los ceses de Hernández Rubira, advirtiendo que «carecía de motivación», y detalló que recibió el decreto de cese del funcionario pero sin que le adjuntasen el expediente.

En la vista también compareció un técnico de prevención de riesgos laborales, que dio cuenta de una evaluación realizada en Obras Públicas, en ese periodo, en la que los funcionarios detallaban que se «sentían acosados, perseguidos, que había injerencias en el trabajo, presiones, despotismo…». Y este técnico confirmó que, pese a sus advertencias, «no se cumplieron mis recomendaciones».