El gerente del SMS firma la orden que da atención a los 'sin papeles'

El director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Francisco Agulló, firmó ayer la instrucción que devuelve a los inmigrantes irregulares el derecho a una asistencia sanitaria normalizada en la Región. La circular está siendo ya enviada a todos los centros de salud para su aplicación inmediata, según explicaron fuentes de Sanidad.

Los aproximadamente 5.000 inmigrantes que perdieron la tarjeta sanitaria con la reforma de 2012 podrán a partir de hoy solicitar un documento que les permitirá estar asignados a un médico de familia, contar con historia clínica en la base de datos del Servicio Murciano de Salud y acceder a los mismos servicios y prestaciones que el resto de ciudadanos, con un copago del 40% en los medicamentos. Los ‘sin papeles’, sin embargo, no podrán ser atendidos en otras regiones.

Para poder acceder a este documento, tendrán que acreditar que no disponen de ingresos superiores a los 532 euros al mes, y deberán estar empadronados al menos desde hace tres meses en la Región o en alguna otra comunidad. Las ONG solicitaron al SMS que se eliminase este requisito, que no se exige al resto de la población para acceder a la tarjeta sanitaria. «Con el certificado de empadronamiento debería ser suficiente, independientemente del periodo de residencia», explica Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad. El SMS no ha atendido esta reivindicación, pero sí ha modificado el borrador inicial de la instrucción en algunos aspectos a petición de las ONG, como en lo que respecta a la necesidad de presentar el pasaporte. Quienes carezcan de este documento identificativo podrán acceder con un informe de servicios sociales.

El Observatorio de Exclusión Sanitaria, que agrupa a la Asociación de Usuarios, Cruz Roja, Convivir sin Racismo, EAPN y Colegio de Enfermería, entre otras entidades, se felicitó ayer por el paso dado por la Consejería, que sin embargo ven insuficiente. Las ONG exigen la devolución de la tarjeta sanitaria y denuncian que «se crea un subsistema sanitario paralelo para pobres». La medida «no supone en ningún caso la restitución del modelo universal; es discriminatorio e ineficiente», señalan. Denuncian, además, los obstáculos burocráticos que han sufrido durante estos años embarazadas y menores para acceder al sistema, y la «facturación sistemática de la atención en Urgencias» a los ‘sin papeles’.