El Gobierno frena la reforma local ante la avalancha de alegaciones de las autonomías

Al Gobierno se le atraganta la reforma de la administración local. La falta de consenso con el resto de grupos políticos y, sobre todo, la fuerte oposición surgida en las propias filas del PP han obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a frenar el anteproyecto de ley, que fue visado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero.

El objetivo inicial era que el texto fuera remitido al Congreso después de Semana Santa, pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera lo ha enviado aún al Consejo de Estado para que emita su preceptivo informe. Con estos plazos, la ley no entraría en vigor antes del 1 de enero de 2014, es decir, un año antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y si las encuestas ya pintan un panorama sombrío para el PP a causa de la crisis económica, una rebelión de alcaldes y concejales podría ser letal para las aspiraciones electorales del PP.

Las fuentes consultadas señalan la posibilidad creciente de que este calendario no llegue a cumplirse. «Hemos levantado el pie del acelerador con lo de la reforma local, la prioridad ahora es la Ley de Transparencia», explica un diputado del grupo popular.

Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado, en las comparecencias posteriores a los últimos Consejos de Ministros, que la norma, con la que el Gobierno pretendía ahorrar unos 7.000 millones de euros al año, entraña una importante complejidad jurídica para justificar las posibles demoras en su tramitación.

Sin embargo, el principal escollo radica en el fuerte rechazo en las propias filas populares hacia un proyecto que dejará sin retribución alguna al 82% de los 68.285 concejales existentes en España.

Existen además otras dos controversias, la supresión de las principales competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que pasarán a manos de las diputaciones provinciales, y la negativa de las comunidades a lidiar con las denominadas competencias impropias que ahora asumen los ayuntamientos sin una notable mejora de la financiación autonómica. El descontento es generalizado y quedó patente con el hecho de que la práctica totalidad de comunidades autónomas, además de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han presentado alegaciones al texto durante los 15 días de plazo que dio el Gobierno.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entregó en mano los reparos de su comunidad a Mariano Rajoy durante la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 11 de marzo. Feijóo recomendó al Ejecutivo central «mesura e inteligencia» a la hora de aprobar esta reforma. Si los presidentes autonómicos del PP evitan en todo momento el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, los de otras formaciones se muestran mucho más beligerantes.

«Democracia local»

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, acusó a Rajoy de atentar contra la descentralización política y administrativa conquistada en España durante los últimos 30 años. El dirigente de IU advirtió además que la reforma generará ayuntamientos «de primera y de segunda» y se pondrá en peligro la propia «democracia local» con la previsible desaparición de los municipios más pequeños.

La propia FEMP, presidida por el alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna, intenta que no se produzca un cisma en la organización, en la que el tiene la mayoría. Sus alegaciones también se centran en el ámbito competencial, por un lado, con especial énfasis en la asunción de los servicios de limpieza y mantenimiento de colegios por parte de las comunidades autónomas y que los ayuntamientos puedan cobrar, mediante el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno, todo el dinero que aún adeudan las autonomías.

La dirección popular lleva semanas intentado convencer a sus dirigentes locales y regionales de la necesidad de dar este paso. Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, insiste en que las administraciones públicas, tal y como están en España en estos momentos «no hay quien las pague, no son sostenibles», y defiende que hay que «mantener lo que sirve y suprimir lo que no sirve». Un argumento que, de momento, no convence a todos.

El PP, debilitado por el escándalo Bárcenas, no puede permitirse el lujo de abrir otro frente interno. Por ello, la prioridad ahora es consensuar una única respuesta de los dirigentes populares ante esta reforma que palie, en la medida de lo posible, la soledad parlamentaria con la que el PP tendrá que sacar adelante esta ley que ya cuenta con el rechazo de PSOE, PNV, CiU e Izquierda Plural, entre otros.