El Gobierno regional aparca de nuevo el desarrollo de la renta básica

El reglamento de la Ley de Renta Básica, que debería haber sido aprobado en 2007, seguirá esperando, porque el Gobierno regional no lo ha incluido entre sus prioridades para la recta final de la legislatura. La normativa, destinada a mejorar la atención a las personas en riesgo de exclusión social, no aparece en el calendario legislativo del curso político que el pasado viernes presentó el portavoz del Ejecutivo, José Gabriel Ruiz, y fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad y Política Social admitieron ayer a ‘La Verdad’ que «no hay un plazo previsto». El reglamento podría no ver la luz hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, confirmaron estas fuentes.

La consejera, Catalina Lorenzo, se comprometió tras tomar posesión a desatascar la norma, algo que exigen desde hace años las ONG y los partidos de la oposición, pero ahora su departamento explica que «el texto está sin terminar» y que después quedarán todavía los trámites de los órganos consultivos.

«Estamos trabajando y esperamos terminarlo lo antes posible, pero hay diferentes trámites administrativos que hay que pasar. Puede llevar un año perfectamente», explican desde Sanidad y Política Social. La Ley de Renta Básica fue aprobada en 2007, pero no se ha podido llevar a la práctica porque para ello es necesario un reglamento que especifique, entre otras cuestiones, los requisitos para acceder a las ayudas sociales que se establecen, las cantidades a cobrar y los plazos de resolución de las solicitudes por parte de la Administración.

Desde 2007, los beneficiarios de la renta básica están cobrando unos 300 euros mensuales de media, unos 100 menos de lo que recibirían con el reglamento ya aprobado, calcula el Colegio de Trabajo Social. Pero no solo se incrementaría la cuantía de las ayudas, sino que además previsiblemente aumentaría el número de familias que tienen acceso a ellas, porque la renta básica pasaría a considerarse un derecho social y porque la Administración se vería obligada a resolver en tiempo y forma. A día de hoy, la ayuda se concede en función de la disponibilidad presupuestaria, lo que ha provocado una larguísima lista de espera desde el comienzo de la crisis. «El problema es que ahora los beneficiarios se encuentran en una situación de indefensión que no sufrirían con la ley ya desarrollada, porque podrían reclamar e incluso ir a un juzgado si no reciben la ayuda», explica Jesús Salmerón, portavoz de la Red de Lucha contra la Pobreza, que agrupa a las ONG que trabajan en este campo en la Región.

En realidad, y aunque la Consejería justifica el nuevo retraso porque «el texto está sin terminar», ya hay un reglamento escrito y listo para su aprobación. Tanto es así que incluso pasó el dictamen del Consejo Económico y Social en 2008. Sin embargo, el articulado está siendo revisado. El Colegio de Trabajo Social teme que salga una versión ‘descafeinada’ que reduzca el coste para las arcas de la Comunidad.

De seis meses a siete años

No solo las organizaciones sociales reclaman desde hace años la aprobación del reglamento de la renta básica. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dirigió al Gobierno regional el pasado mes de enero un «recordatorio de su deber legal» de aprobar este decreto. «Una situación económica determinada no puede eximir del cumplimiento de una disposición legalmente establecida», advirtió en el escrito. La Ley de Renta Básica fijaba que el reglamento debía estar aprobado en un plazo no superior a los seis meses desde su entrada en vigor. Han pasado siete años desde entonces.

La consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, respondió a la Defensora del Pueblo el pasado mes de abril con una carta en la que se comprometió a aprobar el reglamento. En una entrevista a ‘La Verdad’, Lorenzo aseguró: «Habrá que tomar cartas en el asunto. Si hay que desarrollar la norma, habrá que hacerlo. A los imperativos legales hay que darles cumplimiento. Para eso hemos jurado cumplir con las leyes».