El Gobierno regional celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre los desahucios

El portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, aseguró hoy que la sentencia publicada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los desahucios “es un paso más para resolver uno de los problemas más importantes que tiene actualmente la sociedad española”.

José Ballesta realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy en el municipio de San Javier, y en la que se analizó esta sentencia que “alegra al Gobierno regional”, según indicó el portavoz, quien añadió que también “apoyamos la iniciativa que en este momento se está realizando en las Cortes Españolas con el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios”.

Al respecto, el portavoz regional remarcó que “creemos importante que esta ley incorpore algunos aspectos absolutamente esenciales para resolver y paliar esta situación dramática que viven muchas familias españoleas”.

Entre otros aspectos destacados por José Ballesta se encuentran la limitación de los intereses de demora de los préstamos hipotecarios, la ampliación del número de meses, de impagos, que permiten iniciar el proceso de reclamación de las deudas o también la limitación del plazo máximo de las hipotecas.

El portavoz del Gobierno regional también indicó que “creemos que deben concederse más garantías a los deudores en los procedimientos de subastas, elevarse los umbrales que en este momento existen y que dan derecho a acogerse a las medidas contra los desahucios y, desde luego, y así lo estamos haciendo en la Región de Murcia, crear un fondo social de viviendas para estos colectivos más vulnerables”.

“Las cosas no son justas porque son leyes, sino que deben ser leyes porque son justas”, remarcó José Ballesta, quien añadió que “en un país como España, en donde existe una importante cultura de pago y donde la morosidad no supera el 3 por ciento, creo que hay razones y autoridad moral suficientes para alcanzar un equilibrio entre esa demanda social, y evitar que estas medidas supongan la posibilidad de encarecer o restringir las posibilidades de crédito que puedan tener los españoles para la compra de una vivienda”.