El IMAS planea reducir el número de beneficiarios de la renta básica

La Comunidad se ahorrará este año más de dos millones de euros al retrasar el reglamento de la ley, que obligaría a aumentar la subvención La legislatura terminará sin que vea la luz la norma, que lleva esperando desde 2007, pese a que el Ejecutivo prometió retomarla.

El número de beneficiarios de la renta básica en la Región de Murcia –una ayuda a las familias en riesgo de exclusión social– se reducirá, a causa de los cambios que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) estudia introducir en el reglamento de esta prestación para que no puedan acceder a ella quienes ya cobran otras ayudas. Este es uno de los motivos, según el IMAS, del nuevo aplazamiento en la aplicación de la renta básica, que ya acumula siete años de retraso. ONG y trabajadores sociales ponen en duda las explicaciones del IMAS y creen que la única razón es ahorrarse el dinero de esta ayuda. MURCIA. El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) está revisando el régimen de incompatibilidades de la renta básica –una ayuda dirigida a familias en riesgo de exclusión– con otro tipo de prestaciones sociales. El director del IMAS, Leopoldo Navarro, justifica la decisión para evitar «que haya personas que cobren c uatro ayudas distintas». Aunque niega que se trate de un intento de restringir el número de potenciales beneficiarios, ese será inevitablemente el resultado de la medida si finalmente se materializa.

Esta revisión es uno de los motivos que han llevado al Gobierno regional a retrasar de nuevo el reglamento de la Ley de Renta Básica, que debe regular tanto las incompatibilidades como el resto de aspectos que rodean a las ayudas sociales previstas en la norma. La ley se aprobó en 2007, pero es papel mojado sin ese reglamento. Como informó ‘La Verdad’ la semana pasada, el Ejecutivo no tiene previsto sacarlo adelante en lo que queda de legislatura, pese a que desde 2008 tiene un borrador encima de la mesa.

El texto ya pasó la evaluación del Consejo Económico y Social (CES) –con dictamen favorable– y del Consejo Jurídico de la Región, que instó en agosto de 2010 a la Comunidad a remitirlo a entidades sociales y ayuntamientos para permitir una mayor participación. Desde entonces, el borrador ha permanecido en el cajón pese a las protestas de las ONG, los trabajadores sociales y la oposición. El pasado mes de junio, la consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, se comprometió a aprobar de una vez por todas el reglamento. Sin embargo, ahora el IMAS anuncia que antes hay que revisarlo porque en los seis años pasados desde su redacción se han producido cambios que obligan a ello. «Ahora contamos con un abanico de ayudas y prestaciones que antes no existían. Por ejemplo, las que se recogen en el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. El panorama ha cambiado radicalmente», asegura Leopoldo Navarro a ‘La Verdad’. El objetivo es ev itar que se pueda cobrar la renta básica y alguna otra prestación, explica.

El otro motivo en que se escuda el Ejecutivo para no aprobar ya el reglamento es el del consenso. «Buscamos la máxima participación», explica Navarro. El texto se enviará a las entidades sociales y a los municipios antes de su aprobación. El director del IMAS espera terminar la tramitación «a lo largo de 2015». Como pronto, entrará en vigor de cara a los presupuestos de 2016.

Estupor entre las ONG

Las explicaciones de Navarro causan estupor en las ONG y entre los trabajadores sociales, que no terminan de entender a qué incompatibilidades se refiere Leopoldo Navarro. «Ahora hay bastantes menos ayudas sociales que cuando se redactó el borrador», señala Lorenzo Gutiérrez, portavoz del Colegio de Trabajo Social. La renta básica es una ayuda ideada para que las personas sin ingresos puedan recibir una cantidad mínima con la que afrontar las necesidades básicas. Esa cuantía mínima está fijada actualmente en 300 euros. «Solo reciben renta básica quienes tienen ingresos inferiores a esa cantidad», recuerda Eva León, trabajadora social de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN), una plataforma que aúna a las ONG que trabajan en este campo en la Región. Una persona que tenga, por cualquier vía, un ingreso mensual de 200 euros, tiene derecho a cobrar 100 de renta básica para poder llegar al mínimo que se considera indispensable para poder afrontar su manutención. Así que, entre las organizaciones sociales, el anuncio de nuevas incompatibilidades genera incredulidad.

En realidad, y aunque el Gobierno regional hable de renta básica, lo que están cobrando ahora los beneficiarios es el ingreso mínimo de inserción (IMI), una ayuda que data de los años 90. La renta básica no entrará en vigor hasta que se apruebe el reglamento de la ley. A partir de ese momento, los beneficiarios pasarán a cobrar entre 70 y 100 euros mensuales más que ahora. Las ONG y los trabajadores sociales están convencidos de que este hecho es el que realmente se esconde tras el retraso en la aprobación del reglamento. Acusan al Gobierno regional de mantener congelado ‘sine die’ el texto para ahorrarse ese dinero.

La Comunidad ha destinado este año 6,7 millones al ingreso mínimo de inserción, y en octubre inyectará otros 450.000 euros. Con el reglamento de la renta básica ya aprobado, la Administración habría tenido que destinar al menos dos millones de euros más para llegar al mismo número de beneficiarios (1.421 a día de hoy), según admite el director del IMAS, Leopoldo Navarro. Fuentes internas de este organismo a las que ha tenido acceso ‘La Verdad’ elevan a tres millones la cantidad.

Para las organizaciones sociales, esto supone una vulneración de los derechos de los afectados, porque la renta básica debería estar en vigor desde 2007. La ley estableció en su articulado que el Gobierno regional debía aprobar el reglamento en los seis meses siguientes. Han pasado ya siete años, y todo indica que habrá que esperar a finales de 2015 o direc tamente a 2016. De nada ha servido que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recordase al Ejecutivo, a principios de este año, su «deber legal» de publicar de una vez por todas la normativa en el boletín oficial. «Una situación económica determinada –señaló en referencia al control del déficit público– no puede eximir del cumplimiento de una disposición legalmente establecida».

UNA TRAMITACIÓN ETERNA

Marzo de 2007: La Asamblea Regional aprueba la Ley de Renta Básica, que establece un sistema de ayudas para garantizar que todos los ciudadanos tengan unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas. La aplicación de la ley queda supeditada a un reglamento que, según establece la norma, debe aprobarse en un plazo de seis meses.

Noviembre de 2008: El Consejo Económico y Social (CES) dictamina a favor del borrador de reglamento.

Agosto de 2010: El Consejo Jurídico de la Región insta a la Comunidad a ofrecer más participación a las entidades sociales.

Noviembre de 2011: La Asamblea Regional pide a la Comunidad, sin éxito, que apruebe el reglamento. La moción fue presentada por el PSOE y apoyada por el PP.

Una batería de medidas para lograr la inserción siguen en el cajón.

La Ley de Renta Básica, aprobada hace ya siete años y todavía sin desarrollar, va mucho más allá de un catálogo de subvenciones para quienes carecen de otro tipo de ingresos. El objetivo de la norma es que quienes reciban estas ayudas –que tienen vigencia de un año, prorrogable en situaciones excepcionales– participen en programas de inserción social y laboral que los saquen de su situación de exclusión. Así, la ley establece que a cada beneficiario se le diseñará un plan individualizado de inserción que estará obligado a cumplir. Si no se compromete, no hay ayuda. Además, se establece que quienes reciben la renta básica serán considerados población prioritaria en los planes de empleo.

La ley consagra el derecho a una renta básica para todas las personas sin ingresos, pero la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN) denuncia que la falta de reglamento ha provocado un «vacío legal», de forma que las ayudas se siguen concediendo en función de la disponibilidad presupuestaria. De hecho, a día de hoy, hay 1.300 familias con la subvención aprobada que no la están recibiendo porque el IMAS se ha quedado sin fondos para ello. En octubre, 400 de estas familias empezarán a cobrar, si se cumplen las promesas de la Consejería, gracias a una inyección de 450.000 euros a la partida de renta básica. El director del IMAS, Leopoldo Navarro, defiende el esfuerzo del Gobierno regional en los últimos años. «Hemos aumentado un 800% el presupuesto desde que comenzó la crisis», asegura. Si en 2008 se consignaron 800.000 euros, este año se presupuestaron 6,7 millones.

La cantidad, sin embargo, continua siendo insuficiente para atender a las miles de personas en lista de espera, y además el desarrollo de la ley sigue sin hacerse realidad.