El IMAS regulará la renta básica tras ocho años de espera

Leopoldo Navarro, director del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), convocó ayer por sorpresa a los representantes de las principales organizaciones sociales para presentarles un primer esbozo de lo que será el decreto que desarrollará la Ley de Renta Básica, aprobada en 2007 y todavía sin aplicar en toda su extensión. El texto que Navarro entregó ayer a las ONG llega con ocho años de retraso: la Ley de Renta Básica establecía que sus aspectos más técnicos debían aclararse en un decreto a publicar en un plazo máximo de seis meses desde su promulgación.

Durante todo este tiempo se han sucedido las críticas de las organizaciones sociales, las advertencias de la Defensora del Pueblo que recordó al Gobierno regional su deber de cumplir «con un mandato legal» e incluso una denuncia del PSOE en el TSJ que ha sido archivada esta semana. La aprobación del decreto es importante porque, entre otras cosas, supondrá actualizar las cantidades que ahora perciben los beneficiarios de renta básica, que son las más bajas de España (el subsidio mínimo en la Región está en 300 euros, cuando en el resto de comunidades supera los 400).

El IMAS dio ayer un primer paso, aunque el decreto no verá la luz esta legislatura. Leopoldo Navarro se ha comprometido a cerrar el texto en dos meses, según anunció en un comunicado. Pero después quedará la consulta al Consejo Económico y Social (CES), al Consejo Jurídico, y su traslado al Consejo de Gobierno.

Cuando la consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, tomó posesión de su cargo, hace nueve meses, se comprometió a desbloquear el decreto de renta básica. Encima de su mesa había de hecho ya un borrador, metido en el cajón durante años a causa de los recortes presupuestarios. Lorenzo lo desempolvó, pero empezó su redacción casi de cero porque, según explicó la Consejería, era necesario actualizar el texto.

El director del IMAS, Leopoldo Navarro, presentó ayer un nuevo borrador todavía muy incipiente a las organizaciones que conforman la Red de Lucha contra la Pobreza en la Región (EAPN). Asistieron representantes de Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano y Cepaim. En unos diez días, volverán a reunirse. Navarro explicó que «en este proceso es fundamental escuchar las propuestas de las entidades, conocer su experiencia y adoptar decisiones de forma consensuada que nos permitan diseñar estrategias orientadas a ayudar a las personas más necesitadas».

Las ONG empezarán ahora a analizar el texto y plantearán sus reivindicaciones. Entre ellas, que «la ayuda no esté fijada en un periodo de un año sin posibilidad de flexibilidad. La renta básica debe adaptarse al proceso y necesidades de cada persona. En unos casos puede ser suficiente con nueve meses y en otros se necesita año y medio», explicó a ‘La Verdad’ Jesús Salmerón, representante de la Fundación Secretariado Gitano y portavoz de EAPN.

A la reunión no fue invitado el Colegio de Trabajo Social pese a que es una de las entidades que más ha reivindicado la aprobación del decreto. De hecho, fue el Colegio quien presentó una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha motivado ya hasta tres tirones de oreja al Gobierno regional por el incumplimiento de lo previsto en la ley y por su tardanza en informar a la propia Defensora. El Colegio pedirá al IMAS que le remita el borrador, y solicitará su participación en su elaboración.