El plan contra la pobreza infantil no incluye medidas nuevas ni dotación concreta

El plan de choque contra la pobreza infantil anunciado el miércoles por el presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, es en realidad un compendio de actuaciones ya previstas a las que se une la voluntad de ponerse a disposición de los ayuntamientos este verano para atender situaciones concretas de extrema necesidad que puedan darse ante el cierre de los comedores escolares durante las vacaciones. Así se desprende de la información facilitada por la Consejería de Sanidad y Política Social, que admite que el plan ni siquiera se ha cuantificado económicamente.

«De manera inmediata se ha convocado a los ayuntamientos para que, siguiendo el criterio de las ONG, se actúe en cada sitio conforme a las necesidades», explican fuentes de la Consejería. En lugar de mantener los comedores escolares abiertos, se optará por facilitar cheques de comida o reparto de los bancos de alimentos a las familias que tengan dificultades para ofrecer una alimentación nutricionalmente adecuada a los hijos.

En definitiva, se seguirá la misma línea de actuación que en veranos anteriores. No hay por tanto novedad, al menos de momento, en este asunto, como tampoco lo hay en el resto de actuaciones que la Consejería incluye en el plan anunciado por Alberto Garre. Es el caso de la ‘red solidaria’ que coordinará a todas las organizaciones e instituciones que en estos momentos ofrecen ayuda alimentaria en la Región. El proyecto, que ya han puesto en marcha regiones como Navarra, lleva meses ultimándose, y se convertirá en norma una vez pase el filtro del Consejo Jurídico de la Región, según explicaron ayer desde la Consejería. Cuando se ponga en marcha, la ‘red solidaria’ mejorará la coordinación de los bancos de alimentos, ayuntamientos, Comunidad y Delegación del Gobierno, que distribuye en la Región los fondos europeos destinados a este campo.

La tercera y última pata del plan contra la pobreza infantil tampoco esconde sorpresas: la Comunidad está a la espera de recibir 1,1 millones de euros del Gobierno central para destinarlos a las organizaciones que luchan contra la exclusión social. Estas mismas ONG recibieron ayer con escepticismo el anuncio del presidente Alberto Garre. «Llevamos meses reivindicando medidas», señaló José Luis Leante, presidente de Cáritas diocesana, quien lamenta que «a estas alturas» cualquier plan de cara al verano será ya «una improvisación». Por su parte, el portavoz de la Red de Lucha contra la Pobreza, Jesús Salmerón, expresó el apoyo del sector «a cualquier iniciativa que ayude a tomar conciencia del aumento de la exclusión y suponga medidas concretas para atajarlo», pero recordó que «el gran problema» de las familias es la falta de ingresos por culpa del desempleo, y advirtió de que la renta básica de inserción, que es el principal instrumento para paliar esa situación, sigue bloqueada pese a las promesas de la consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo.