El Trabajo Social ante la reforma de la Administración Local
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Presentación
La aparición del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local provoca una situación crítica para la continuidad del Sistema Público de Servicios Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la base del marco co
nstitucional, y de los Estatutos de Autonomía.
El trabajo social ha contribuido al desarrollo social en España desde todos los sistemas de protección, pero de una manera especial en la creación del sistema de servicios sociales, homologándonos con otros m
odelos europeos de bienestar social.
El trabajo social ha hecho aportación teórica, metodológica y práctica. Ha diseñado itinerarios de intervención social y ha participado en el diseño de infraestructuras, centros, planes, programas, proyectos y sistemas de evaluación y de calidad. En definitiva, le ha dado una dimensión integral al abordaje de las necesidades sociales y por ende a la construcción del Bienestar Social.
No hay que olvidar que los objetivos del Sistema de Servicios Sociales se dirigen a garantizar el derecho de la ciudadanía a las prestaciones sociales, a través de la elaboración de normativas. También a través de la planificación de políticas sociales que han definido competencias y articulado su estructura en los diferentes ámbitos de la administración pública.
En una situación como la actual, de sufrimiento de amplios se
ctores de la población española, poner en peligro este sistema de protección social constituye un ataque frontal a la garantía de los derechos individuales y colectivos.
Asimismo nos alejamos cada vez más de un modelo de convivencia, bienestar, cohesión social, participación democrática y calidad de vida que nos distancia de la meta de la felicidad común.
Esta visión de los trabajadores sociales queremos trasladarla a l a ciudadanía y a las instituciones para pedirles que se sumen a nuestro compromiso de defensa de un modelo de Sistema Público de Servicios Sociales que, habiendo demostrado su eficacia, necesita consolidarse,
perfeccionarse y en un momento como el actual ampliar su cobertura para llegar a las nuevas necesidades sociales.
Propuestas alternativas
En la actual situación de crisis económica y financiera, los servicios sociales están llamados a contribuir de manera positiva y eficiente a la protección social de las personas que presenten una situación social y económica más desfavorecida. Los poderes públicos son los encargados constitucionalmente de contribuir a desarrollar e implantar unos servicios sociales que permitan mantener unos nivel es dignos de protección social, mediante el incremento del gasto social público, contribuyendo simultáneamente a la creación de empleo y la dinamización de la economía real.
Es necesario seguir adelante y dar un salto cualitativo, mediante una
estrategia que permita completar su universalización con una lógica de derechos subjetivos, y con unas prestaciones básicas garantizadas en el conjunto del Estado y en el marco de una amplia corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales.
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que representa a los profesionales de referencia en el sistema público de servicios sociales, presentamos, tras el análisis rigurosos del Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del 18 de febrero de 2013, las siguientes propuestas:
1. A MÁS CRISIS, MÁS SERVICIOS SOCIALES
Exigimos una financiación pública suficiente y estable en el Sistema de
servicios sociales que garantice el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, la continuidad de los procesos y una atención profesional
de calidad. Se deben reforzar los Servicios Sociales como generadores
de actividad económica, de empleo y como sistema que contribuye al
PIB nacional.
2. SITUAR A LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES, NO A LOS CRITERIOS ECONOMICISTAS
Las personas deben ser el centro del sistema favoreciendo el acceso al mismo, en condiciones de igualdad, eliminando obstáculos, flexibilizando y adaptando los procedimientos a los perfiles, necesidades y nuevas realidades. Favorecer una ciudadanía más informada y corresponsable
3. RESPONSABILIDAD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL
Un Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad, titularidad y provisión pública que garantice el principio de universalidad, promueva la equidad territorial y asegure la coordinación administrativa. Se debe garantizar la participación social y de la ciudadanía activa, la solidaridad y la corresponsabilización de todos los agentes, ofreciendo respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias. Se ha de garantizar la calidad y transparencia del sistema.
4. PLANIFICACION Y EVALUACION, NO A LA IMPROVISACIÓN.
Unos servicios sociales de calidad soportados en mecanismos de planificación y evaluación, a través de Planes estratégicos y mapas de coberturas de las necesidades sociales en la situación real y actual del territorio nacional y autonómico.
5. FORTALECIMIENTO DE LA RED BÁSICA
El trabajo social amparado en su Código deontológico exige que se
garantice a toda la ciudadanía la cobertura del Sistema Público de
Servicios Sociales.
Esta garantía sólo viene dada por la estructura de la red básica de Servicios Sociales. Nuestra exigencia cobra su mayor valor en momentos de crisis como la que vivimos.
Los/las profesionales del Trabajo Social exigimos consolidar y reforzar una Red Básica que favorezca la igualdad de oportunidades, la inclusión
social, la calidad de vida, la sostenibilidad y la cohesión social en los
territorios.
6. LEY MARCO DE SERVICIOS SOCIALES, CATALOGO DE REFERENCIA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES y NUEVAS NECESIDADES SOCIALES
Una Ley Marco seria el avance hacia un sistema universal basado en necesidades sociales y no en colectivos especializados, con el reconocimiento de una clara participación por los servicios de proximidad. En el momento actual puede ser una oportunidad para llegar a unos acuerdos básicos pero no sólo donde participen las CCAA sino también la sociedad civil en base a un análisis de las nuevas necesidades sociales.
7. MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES MÍNIMOS DE CONSENSO Y SU FINANCIACION
El trabajo social insta a que se valore reflexivamente el por qué se habría de abandonar el consenso ya alcanzado en el Plan Concertado de
Prestaciones básicas para los servicios sociales de la década de los
ochenta. En estos casi treinta años de funcionamiento efectivo se han
mantenido niveles mínimos de atención en el Sistema de Ser
vicios sociales y se ha posibilitado su financiación básica, garantizando
derechos a la ciudadanía. Este anteproyecto destruye el derecho de ciudadanía al acceso a la protección social ya alcanzada.
8. SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DEL
ANTEPROYECTO QUE AFECTA A LOS SERVICIOS SOCIALES
El Consejo General del Trabajo Social, como portavoz de la Asamblea
de los 37 Colegios profesionales, celebrada en Madrid el día 6 de Abril
de 2013, exige al Gobierno de España la retirada del ANTEPROYECTO
DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL y expresa su rechazo más rotundo al espíritu que rige el conjunto de su articulado que trata de Servicios Sociales:
1. Atenta directamente contra la permanencia del Sistema Público de Servicios Sociales en la administración más cercana a la
ciudadanía como son los municipios. Según las cifras del Plan Concertado correspondientes a 2012 se han atendido a ocho millones de personas.
2. Deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (menores, mayores personas en situación de dependencia, personas en desempleo y sin recursos, etc.
3. Entra en colisión directa con la estructura, la distribución de competencias y el catálogo de prestaciones que se recogen en las diferentes Leyes de SS.SS. de las Comunidades Autónomas.
4. Significa un retroceso en el fondo y en la forma en la concepción
de las Políticas Sociales y en lo que ha significado y significa para
la ciudadanía el Sistema Público de Servicios Sociales que se ha ido construyendo en los últimos 30 años y en el que ha estado implicado de manera especial nuestra profesión.
Seguimos ofreciendo desde este Consejo General nuestra colaboración
al conjunto de las Administraciones Públicas para mejorar, tanto lo referente a las Políticas Sociales como a la Legislación vigente, en racionalización y sostenibilidad del Sistema, de forma que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos fundamentales en Protección Social.
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