Entrevista a Judit García Álvarez, Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia

Cuantas personas están colegiadas en la Región de Murcia.

No tantas como debiéramos, eso nos debilita institucionalmente. El Colegio de Murcia cumple ya más de 30 años y han pasado 1.200 colegiados, colegiadas en más del 90% de los casos.

En la actualidad somos casi 800 profesionales, de los que se encuentran en desempleo algo más del 10%. Con la crisis muchas personas se han dado de baja; lo grave es que en demasiados casos no tienen expectativas de que vayan a ejercer la profesión que han estudiado. En el polo opuesto, más de la mitad de las nuevas colegiaciones son trabajadores sociales que se encuentran en desempleo y esperan tener más opciones de empleo dentro del Colegio (es una de nuestras prioridades). Es patente la precariedad laboral y dificultades de acceso al mercado de trabajo, o el emprendimiento.

Qué ventajas supone la colegiación.

La principal ventaja es la de aportar a la profesión: Decidir, participar, proponer, discutir, colaborar. El Colegio no deja de ser una representación de los más de 700 profesionales que lo conformamos.

Muchas veces llega la pregunta, “¿qué ventajas supone la colegiación?”, y hay que explicar que en esencia no somos una entidad prestadora de servicios (aunque los prestamos: información, asesoramiento profesional y jurídico, formación o empleo), pero no es nuestro fin, es nuestro medio para construir entre todos una profesión sólida que aporte respuestas a las demandas y necesidades del colectivo y de la sociedad.

¿Cómo os organizáis?

Como colegiados mantenemos un mínimo de 2 asambleas generales al año, en las que todos los colegiados tienen voz y voto, y donde se toman las decisiones más importantes: Líneas de actuación, presupuestos, memorias, cuotas, cuestiones extraordinarias.

A nivel interno, cada cuatro años se celebran elecciones y se elige a la Junta de Gobierno de entre todos los colegiados interesados en colaborar con el Colegio. Actualmente, la Junta se compone de 8 colegiados, que sin remuneración alguna, dedican sus esfuerzos a contribuir con la profesión. Esta labor altruista se ve reforzada por un trabajador social y una auxiliar administrativa que se encuentran contratados de manera parcial para el soporte técnico del Colegio.

Los colegiados a su vez pueden participar formando parte de algunos de los grupos de trabajo que están en marcha, con distintos objetivos, y que se centran en temas específicos (Emergencias, Peritaje, etc). También pueden proponer nuevos temas, o líneas de actuación.

¿Os coordináis con otros colegios profesionales?

Sí, a través del Consejo General del Trabajo Social nos coordinamos con todos los colegios de España, también con el resto de profesiones, especialmente educadores sociales y abogados, así como a nivel europeo e internacional con el resto de trabajadores sociales. Actualmente también tratamos de colaborar con cualquier entidad (Administración, partidos políticos, plataformas ciudadanas o asociaciones) que nos lo solicite, hasta donde nos permiten nuestros recursos.

Como identificáis la situación social de la Región de Murcia.

Muy mejorable. La situación social de la Región se ha visto muy afectada por la crisis, pero antes de la crisis ya encabezábamos muchos rankings negativos. La crisis se ha vivido como algo que la gente esperaba que “se pasara pronto”, pero no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, tanto por las carencias que ya existían como por el nuevo modelo social y económico hacia el que vamos. Sencillamente, no se ha hecho frente, los políticos y la sociedad sigue esperando que “pase pronto” y ya van 7 años, pero la crisis ha venido a quedarse porque las consecuencias del desempleo, de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, el desapego a las instituciones, de la deuda pública, entre otras, se hará notar varios años más.

Como valoráis la respuesta que se está danto a las situaciones de exclusión social desde los sistemas públicos de protección social.

Insuficiente y desorganizada. Administraciones, asociaciones, ciudadanos, profesionales, nos enfrentamos a muchos problemas estructurales sin una estrategia compartida. Seguimos anclados en respuestas que ya eran insuficientes antes de la crisis, en el mejor de los casos. Las leyes de protección social se incumplen de manera sistemática, se da la espalda a los problemas, pero no hace falta trabajar en la intervención social para saber que los problemas no desaparecen por mirar a otro lado, o empezamos a solucionarlos, o vendrán con nosotros adonde vayamos. Este es el escenario en el que se encuentran los profesionales de los sistemas públicos de protección social, complicado.

¿Y desde la iniciativa social?

Dura, si antes de la crisis era difícil la situación de la iniciativa social, hace tiempo que es crítica. Buena parte de la financiación de la iniciativa social procede de subvenciones, tanto públicas como privadas, y no se enmarca en un proceso estratégico sino parcelado. Además, la fórmula de las subvenciones que se aplica genera inestabilidad, los proyectos tienen que comenzar cada año antes de saber cuándo llegará el dinero ni cuánto, incluso si al final llegará o no como hemos visto en muchos casos. No existe un marco de financiación estable y plurianual.

Estos problemas también debilitan el cumplimiento de la misión de las entidades, que están comprometidas con las personas con las que trabajan y se encuentran en la difícil situación de reivindicar las necesidades de las personas a las que atienden pero sin poner en riesgo la continuidad de los necesarios servicios que se prestan. Es necesario continuar implicando a los participantes de las asociaciones, los beneficiarios de su actividad en los órganos de participación y decisión y que sean protagonistas de las estrategias a seguir. Complicado, muy complicado.

Cuáles son los déficits de los modelos de atención social a los colectivos sociales más vulnerables.

Llevamos décadas instalados en la reivindicación de Derechos, hemos alcanzado algunos (Derecho a la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia, renta básica de inserción, entre otros),y ahora estamos centrados en que estos Derechos sean reales y efectivos, que los poderes públicos entiendan que deben ser una prioridad y de obligado cumplimiento. Antes queríamos Derechos, ahora que tenemos algunos, queremos que se cumplan.

¿Qué líneas de trabajo estáis desarrollando para mejorar la situación social de las personas en riesgo de exclusión?

Deberíamos estar centrados especialmente en facilitar la labor de los profesionales elaborando materiales útiles y prácticos, en garantizar la formación continuada, en detectar necesidades y tratar de darles respuestas o en colaborar con el Gobierno Regional en buscar soluciones a la situación actual; pero lo cierto es que estamos intentando que el Gobierno y la sociedad murciana sea consciente de los problemas existentes, que se garantice el cumplimiento de la Ley y no se sigan vulnerando los Derechos de las personas. Hemos empezado por la Ley de Renta Básica de Inserción y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia, pero sin duda son muchos ámbitos en los que se vulneran Derechos y se aplican recortes, que hoy son un mínimo ahorro que “mañana” requerirá de grandes esfuerzos económicos con consecuencias que hoy serían evitables.

Hoy por hoy estamos centrados en que los profesionales y los ciudadanos tengan claros cuáles son los Derechos, cuál debería ser su aplicación y qué actuaciones y herramientas existen para reclamar que así sea: Informar sobre Derechos, normativa, reclamaciones, denuncias ante el Fiscal Superior, ante la Defensora del Pueblo, ante la Inspección de Servicios Sociales, ante el Gobierno y los grupos políticos, en los medios de comunicación y en todas las instituciones necesarias hasta que se haga efectivo el cumplimiento.

Sería interesante que las personas se asociaran, no como afectados de dependencia o de renta básica, sino como afectados de la Administración Pública porque al fin y al cabo, las estrategias administrativas o contencioso-administrativas, serán similares, es necesario unir esfuerzos.

La exclusión social requiere de una política estratégica que atienda las necesidades y que ordene todos los recursos sociales disponibles para atenderla y prevenirla, esa es nuestra lucha.

¿Podéis indicar como se pueden poner en contacto con vosotros?

Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la web www.trabajosocialmurcia.com, por correo electrónico: murcia@cgtrabajosocial.es, por teléfono en el 968 284 820 o de manera presencial en la sede colegial (C/ San Antón, 21, 1ºH, 30009 Murcia).