Familia asume que algunos derechos de los dependientes no se han respetado

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, planteó ayer una enmienda en toda regla a la gestión de la Dependencia realizada durante la anterior legislatura por los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre. Durante una comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Violante Tomás anunció que el actual Ejecutivo está estudiando «modificar la normativa para que las personas dependientes puedan recibir las prestaciones que en derecho les corresponden», lo que implica asumir que, a día de hoy, hay ciudadanos que no están viendo cumplido ese derecho.

La consejera hizo estas declaraciones al ser preguntada por dos sentencias judiciales avanzadas este lunes por ‘La Verdad’ que condenan al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por utilizar una ley aprobada en 2013, en plena etapa de recortes, para denegar centenares de solicitudes de la Dependencia que fueron presentadas mucho antes, entre 2010 y 2012, y que la Administración mantuvo paralizadas durante años.

Con sus declaraciones, la consejera de Familia se alineó más cerca de los jueces que de quienes la han precedido en el cargo. «Entendemos que las personas que tenían adquirido un derecho [el acceso a la Dependencia], deben verlo realizado», subrayó. Pero, al mismo tiempo que prometía estudiar una modificación para que «esas personas que tienen ese derecho lo puedan ejercer», Violante Tomás confirmó que la Comunidad va a seguir recurriendo las sentencias. Al ser preguntada por este contrasentido, se escudó en que «los servicios jurídicos de la Comunidad aconsejan recurrir». Tanto el PSOE como las familias afectadas han exigido al Gobierno regional que acepte las decisiones judiciales y pague las prestaciones sin más dilación.

La consejera no concretó qué modificaciones podrían realizarse. «No queremos crear expectativas que no podamos cumplir», advirtió. Hay varias posibilidades sobre la mesa. Una de ellas es asumir que quienes solicitaron las ayudas entre 2010 y 2012 generaron el derecho a cobrar la prestación durante los años en que sus expedientes permanecieron paralizados, independientemente de que en aplicación de la ley de 2013 se les deniegue esa ayuda a partir del momento de la resolución. Para eso, en realidad, solo sería necesario aplicar la Ley de Dependencia en sus términos originarios, tal y como han dejado claro los jueces.

Lluvia de varapalos judiciales

El Gobierno regional se ha enfrentado en los últimos meses a una lluvia de sentencias condenatorias por la gestión de la Ley de Dependencia, muy criticada por el Colegio de Trabajo Social y por la oposición en la Asamblea Regional. ‘La Verdad’ ha ido adelantando en exclusiva todas estas sentencias, provenientes de los juzgados de lo Contencioso Administrativo. Buena parte de ellas censuraban al IMAS por no pagar a los herederos de dependientes fallecidos las prestaciones a las que tenían derecho reconocido, pero que no pudieron cobrar por la paralización de sus expedientes. En términos muy duros, los magistrados llegaron a acusar al IMAS de congelar las solicitudes a sabiendas de que, por la edad avanzada de los dependientes, era muy probable su fallecimiento antes de que llegasen las resoluciones. En la recta final de 2014, la anterior consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, puso en marcha un plan para pagar a casi 2.000 familias las ayudas que los dependientes a su cargo no llegaron nunca a recibir.

Ahora, los jueces han comenzado a censurar otra práctica del IMAS: la aplicación con carácter retroactivo de los recortes aprobados en 2013 a expedientes presentados hasta dos o tres años antes. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Murcia acusó al IMAS, en una de las dos sentencias que ‘La Verdad’ recogió el pasado lunes, de «vulnerar la más elemental idea de lo justo» por rechazar en 2014 la ayuda que un anciano, Emilio Palazón, solicitó en 2011. La Administración, lamentaba la sentencia, «demoró durante años el cumplimiento de su obligación legal y pretende ahora denegar el derecho a aquellas prestaciones en base a una norma aprobada con posterioridad».

Los recortes han tenido además un efecto en las listas de espera para acceder al sistema. 14.000 personas están a la espera de sus ayudas en la Región. De ellas, 7.982 son dependientes de grado I (el más leve), cuyos expedientes fueron bloqueados por el Gobierno central hasta el pasado 1 de julio. Ahora deberán esperar como mínimo otros seis meses para recibir sus ayudas o servicios. Ciudadanos denunció ayer, en un comunicado, la «nefasta aplicación que la Comunidad Autónoma está realizando de la ley de Dependencia», lo que denota una «falta de sensibilidad enorme».