«Hemos retrocedido diez o veinte años; disfrutábamos del mayor bienestar alcanzado nunca y la crisis se lo ha llevado por delante»

José Luján (Murcia, 1964) lleva apenas dos semanas al frente del Consejo Económico y Social (CES), una institución en la que todavía se llora la muerte de su anterior presidente, Antonio Reverte. Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia (UMU) y exsecretario general de la UPCT, llega al cargo preocupado sobre todo por la pérdida de bienestar que han producido «los ajustes draconianos» y la crisis económica. Luján deja claro que sus reflexiones son solo suyas y no del CES, que habla siempre a través de sus informes y documentos.

–Mucha gente considera que, en una época de ajustes, los órganos consultivos son algo accesorio de lo que se puede prescindir. ¿Cómo convencería, a quienes piensan así, de que el CES es necesario para la Región?

– Una Administración necesita contar con órganos con los que debatir sus propuestas e iniciativas de gobierno. Nuestra función principal es servir como instrumento de apoyo, de auxilio, al Gobierno de la Comunidad Autónoma en su tarea. Pero al mismo tiempo, por su composición (hay representantes de sindicatos, empresarios, consumidores, etc), el CES se convierte también en una especie de intermediador entre el Gobierno y la sociedad. Yo creo que es muy oportuno que quien tiene la decisión de gobierno se deje aconsejar por personas cuya actividad cotidiana consiste en enfrentarse con los problemas que van a ser objeto de regulación. Aquí dentro está la sociedad. Que una iniciativa del Consejo de Gobierno, que no deja de ser un partido que tiene mayoría en las elecciones, salga adelante después de haber sido examinada, discutida y debatida por representantes de la sociedad civil, permite que se produzcan normas socialmente mejor aceptadas y que van a cumplir mucho mejor su función. Yo creo que eso es impagable, sobre todo en momentos en que la gente se queja de que hay una separación enorme entre la política y los ciudadanos.

–También es importante que la gente perciba que no es un derroche mantener un órgano de este tipo. ¿Sale muy caro el CES?

–El CES sale muy barato. Me atrevería a decir que es el más barato de los consejos económicos y sociales autonómicos. Las personas que lo componemos solo percibimos dietas por asistencia, dietas además modestísimas. El presidente del CES no tiene un sueldo. Esa es una diferencia de este CES con respecto a otros en los que lo primero que hizo el presidente de turno fue ponerse un sueldo de director general. La mayor parte del presupuesto se destina al pago del personal: aquí trabajan cinco personas que se encargan de la preparación de dictámenes, informes y de nuestra memoria. Luego tenemos una partida para actividades, para organizar algunas jornadas, y sobre todo para hacer publicaciones de estudios e informes. El presupuesto del CES está en torno a medio millón de euros. Hemos hecho un ajuste draconiano, antes era de un millón y hemos bajado casi a la mitad. En algún momento se ha planteado la eliminación del CES con el argumento de que se repiten órganos que ya están en otro sitio. Pedir que se suprima porque ya está el Consejo Económico y Social del Estado demuestra no saber lo que es el CES.

–Pues es una idea muy generalizada. Mucha gente piensa que es excesivo contar con 17 CES, uno por comunidad autónoma.

–Claro, pero es que el CES del Estado es el órgano consultivo del Ejecutivo estatal, no puede ser el de los gobiernos autonómicos. Si hay 17 ejecutivos regionales, lo normal y razonable es que haya 17 órganos en los que la sociedad de cada comunidad pueda hacerse representar y opinar. Lo otro me cabrea, me sale el profesor. Si alguien me viene con ese argumento le suspendo. Podrás decir: suprimo el CES porque no hay dinero y tengo que cortar por algún sitio. Vale, entiendo que es un error, pero quien tiene la tijera corta por donde quiere. Aquí se planteó, pero se vio que para lo que es el presupuesto de la Comunidad Autónoma, el CES sale muy barato. Se decidió seguir. Los miembros de las organizaciones que forman el CES quieren continuar en este ámbito en el que se discute, se debate y se alcanzan acuerdos que quizá fuera de estas paredes no son posibles. Ése es el legado de Tono (Antonio Reverte, el expresidente del CES, ya fallecido).

–Habla de consenso y debate. En definitiva, de calidad democrática. Precisamente en un momento en que hay una mancha de corrupción que parece extenderse a todo.

–Una manera peligrosa de afrontar un problema es generalizar a partir de determinados hechos socialmente muy notorios. Tendemos a representarnos el todo por la parte, por el elemento patológico. Hay que buscar los elementos positivos que hay en el todo y ver lo que funciona. Entiendo que lo que es noticioso es el elemento patológico. Pero, ¿cuántos imputados hay en España en estos momentos? Creo que 2.000. Es gravísimo, pero la pregunta es: ¿cuántos son los que ejercen el poder político sin estar imputados? Son muchos más. Aunque un solo imputado ya sea malo.

–Pero en la Región tenemos a dos alcaldes que han tenido que dimitir tras ser condenados (Torre Pacheco y Fortuna), al alcalde de la capital imputado, también a dos consejeros… La parte patológica es bastante considerable.

–Cualitativamente es notable, no cuantitativamente. Vamos a salvar al gran número de políticos que son personas intachables sobre las que no tenemos dudas, y que están dejando ahí una buena parte de su tiempo, de su mejor hacer. Lo que necesitamos es un mayor control de los partidos políticos. Hay reformas en curso que tienen que salir adelante porque ha sido la necesidad de conseguir fondos más allá de los estrechos límites de la financiación de los partidos lo que ha conducido a prácticas que no son de ahora, sino que se remontan en el tiempo y se han necrosado, hasta el punto de que son difíciles de extirpar. Me cuesta más trabajo, y lo digo sinceramente, enjuiciar el caso de cada una de las personas que están imputadas sin incurrir en vulneración de la presunción de inocencia. ¿Qué dice la estadística sobre el número de políticos imputados que finalmente han terminado en juicio oral y después en condena? Yo entiendo que llaman la atención determinados hechos que pueden ser legales pero son socialmente llamativos: patrimonios, manifestaciones impropias de una manera de vivir que quizá no se corresponde con lo que cada uno nos debemos exigir y desde luego con lo que la crisis exige a la sociedad. Lo que no sé es si eso tiene o no trascendencia jurídica. ¿Eso hace daño a la credibilidad de los ciudadanos en el sistema político? No tengo la menor duda de que sí. A partir de ahí, hay que reconocer el problema y poner solución, que viene por dos caminos: las reformas normativas que impidan que se den situaciones de ese tipo y, por otra parte, una mayor apertura de los partidos políticos a la sociedad. Hay reformas que están en marcha, no me voy a inventar nada. Por ejemplo, la limitación de mandatos en la Región.

–¿Pero no sería una medida de regeneración evitar que los imputados permanezcan en sus cargos?

–Esa es una idea muy fácil y casi me quedaría con ella. Es vendible y se la compro. Pero tenemos que ir a la letra pequeña. Le he preguntado a los que se dedican a eso, penalistas y jueces, y me dicen: ‘No, porque se está convirtiendo al juez en el sustituto de la sociedad al elegir a los representantes’. En un modelo como el nuestro, el juez tiene obligación inexcusable de imputarte si aprecia que hay un levísimo indicio de criminalidad en un comportamiento tuyo. Porque solo si te imputa puedes ir acompañado de un abogado que te represente y defienda. ¿Qué habría que hacer? A lo mejor habría que modificar y acercar más al modelo europeo el sistema de garantía procesal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que te puedas defender desde el primer momento sin necesidad de considerarte imputado. La connotación negativa está en el nombre, pero la imputación en nuestro sistema es una posibilidad de defensa reforzada. Yo entiendo que esto es difícil, pero a lo mejor el momento (de la dimisión o cese) tendría que ser la apertura de juicio oral. ¿Qué ocurre? Pues que desde que se inician las actuaciones hasta que se abre la fase de juicio oral pueden transcurrir años y años. Eso es lo grave, con lo cual se mantiene una situación de precariedad para todos, para el político en ejercicio y para los ciudadanos, que se sienten infrarrepresentados por un político que está imputado.

–¿A usted le disgusta el término casta?, ¿le parece que hay riesgo de populismo en esa expresión?

–El término casta da idea de la existencia de una cierta oligarquía política que maneja los hilos de todas las decisiones que afectan a los ciudadanos. En ese sentido no es novedoso ni original, y ni siquiera entiendo por qué molesta tanto. En la Región, uno de nuestros más grandes escritores, Miguel Espinosa, tiene un libro maravilloso que es ‘Escuela de Mandarines’. Los mandarines eran una casta. La idea de que hay un cierto mandarinato social, de que hay un grupo de gente que tiene los resortes del poder, siempre ha estado ahí. El problema es llamarle a eso casta y hacerlo en sentido peyorativo. Yo no lo llamaría casta. Hay grupos que tienen resortes del poder y no creo que eso sea malo en sí mismo. Lo malo es cuando se utilizan esos resortes para un fin distinto de aquel para el que se ha obtenido el poder de manos de los ciudadanos. Quien gobierna es una casta, y Podemos, que denuncia que hay casta, aspira a serlo, si entendemos como tal al grupo social, económica y políticamente dirigente.

–¿De esta crisis saldrá una sociedad más desigual, con una mayor brecha entre ricos y pobres?

–Salimos de la crisis con un retraso de diez, quince o veinte años. Esta crisis se ha llevado por delante el estándar máximo de Estado de Bienestar que la sociedad española ha alcanzado en toda su historia. Iba a decir que se lo ha llevado para no volver, pero espero que no. Hubo un momento anterior a la crisis en que teníamos ya los cuatro pilares del Estado de Bienestar: Educación, Sanidad, Seguridad Social y atención a la Dependencia para todos. Socialmente, en la cultura, habíamos llegado al punto máximo. Ya no hablo del ‘boom’ económico, que eso pudo ser espejismo. Me quedo con lo otro: una sociedad donde los derechos sociales, económicos y culturales se reconocen. Eso lo habíamos alcanzado antes de la crisis. Ya había problemas, como el del empleo temporal…

–Claro, los ‘mileuristas’ ya existían en los tiempos del ‘boom’.

–Sí, pero incluso el ‘mileurista’ tenía un horizonte al que antes o después iba a llegar. La crisis nos coloca en una situación de ajuste draconiano de la que salimos muchos años atrás, y con la seria duda de si alguna vez vamos a ser capaces de volver a recuperar esos niveles de bienestar social. El mayor de 45 años que lleva años parado y ya no ve posibilidades, la situación de la joven que está muy formada y no encuentra salida, la de quien invirtió en una vivienda y ha quedado desahuciado. Eso sí que es un drama social enorme, es nuestro principal problema en estos momentos y hace falta muchísima imaginación, sensibilidad y el esfuerzo de todos para resolverlo. A mis hijos no les gusta que lo diga, pero me considero de una generación en la que el estándar de nivel de vida, de protección social, de expectativas de desarrollo profesional y social era muy superior a la generación de mis padres y muy superior al que van a tener mis hijos y mis nietos. Eso me preocupa.