Indice DEC Valoración Servicios Sociales 2021

El IDEC 2021 describe la situación de los servicios sociales tras el impacto de la pandemia en la sociedad y en los propios servicios sociales. El resultado es que se quiebra una débil recuperación que se venía constatando desde 2016, después de los recortes producidos por la crisis, a pesar de que en 2020 aumentó un 10% en gasto que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales realizaron en servicios sociales (según presupuesto liquidado, es decir, real, de 2020). Frente a este incremento del gasto, algunos servicios sociales se han visto deteriorados o incluso han retrocedido. Es el caso de los servicios sociales básicos o comunitarios, la red de atención primaria del Sistema en barrios, pueblos y comarcas, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 en 2020, a uno por cada 2.064 habitantes en 2021.

Los servicios sociales para personas mayores, el colectivo más afectado por la pandemia, no mejoran en 2020. Las plazas residenciales se mantienen prácticamente igual (2,70%) que el año anterior (2,68%). El servicio de ayuda a domicilio, a pesar de un incremento de dos décimas en su cobertura (4,9% en 2019, a 5,1 en 2020), retrocede en su intensidad, con 2,8 horas menos de media al mensual (20,6 en 2019, 17,8 en 2020). También los centros de día se mantienen prácticamente igual (0,01 puntos) y el servicio de teleasistencia s reduce dos décimas. También retroceden o tienen incrementos muy débiles los acogimientos familiares a menores (-0,3), plazas residenciales para personas con discapacidad (+0,06), plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (-0,1), y plazas de alojamiento para personas sin hogar ( 0,5). Lo que nos lleva a plantear una reflexión sobre la eficiencia del Sistema, ya que, como se constata una y otra vez, que los incrementos económicos no son suficientes para mejorar la oferta de prestaciones o servicios, sino que deben ir acompañados de formas de gestión ágiles.

El gasto de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en Servicios Sociales aumentó un 10%, pasando de una media de 406,3 € por habitante (2019) a 446,9 € en 2020. Este incremento supone, por un lado, un aumento de 28 décimas sobre el PIB (pasando del 1,6% en 2019 al 1,88% en 2020. Pero, por otro, pierde significación en el presupuesto global de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, pasando de representar el 9,95% en 2019 al 7,78% en 2020. La explicación está en lo excepcional de un año en el que la crisis sanitaria y social hizo incrementar el gasto de las Administraciones Públicas (por encima del 10% de incremento de su gasto en servicios sociales), mientras que la contracción del PIB por el impacto de la crisis, hizo que el gasto en servicios sociales tenga más significación.

GRANDES DIFERENCIAS ENTRECOMUNIDADES

Año tras año se constatan las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia:

Sin considerar las Comunidades con un régimen foral, como el País Vasco, con 971,1 € de gasto por habitante en servicios sociales, o Navarra (con 608,3 €), encontramos diferencias tan importantes como Extremadura (540,4 €) o La Rioja (512,7 €), frente a Madrid (357,1 €) o Murcia (317,4 €). El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas del País Vasco destinas a Servicios Sociales (3,19%), o Extremadura (2,96%), triplican al que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,11%. Las Administraciones Públicas de Asturias destinan el 9,72% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Murcia solo el 6,52%.

Estas diferencias de gasto se manifiestan inevitablemente en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los diferentes territorios; estos son dos ejemplos de estas diferencias tan grandes: En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, en la Comunidad de Madrid este número es 7,5 veces mayor, con un profesional por cada 5.515 habitantes. En Castilla-La Mancha hay 6 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años (5,96), mientras que en Canarias poco más de una (1,15%).

DESPUÉS DE UNA DÉCADA Y DOS CRISIS…

Hace 10 años que aplicamos por primera vez el Índice DEC (2012). Por eso es momento de hacer balance, de ver cómo han evolucionado los Servicios Sociales tras una década en la que hemos tenido que vivir dos crisis, la que se inició en 2009, con los grandes recortes presupuestarios que se prolongaron hasta 2014, y la gran crisis provocada por el covid19 en 2020 y 2021. Este es el resultado:

Ordenación del Sistema
todas las Comunidades tiene Ley de nueva generación, salvo Madrid, que está en fase avanzada de elaboración. En 2011 sólo 11 Comunidades tenían Ley. Así mismo, si en 2011 eran 5 las Comunidades que tenían Catálogo de Servicios Sociales, en 201 son 9. Y frente a las 2 Comunidades con planificación estratégica en 2011, son 11 en 2021.

Relevancia económica
Se incrementa un 26,2% el gasto por habitante y año (350 € en 2019 / 446,9 en 2020), así como 0,28 puntos porcentuales la significación sobre el PIB (1,60% en 2011 / 1,88% en 2020). Pero se reduce en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 / 7,78% en 2020).

Cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor la autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Si en 2012 esta proporción era 83,3% CCAA y 14,6 EELL, en 2020 pasa a ser 69,4% CCAA y 30,6% EELL.

Prestaciones y servicios
Mejoran la mayor parte de los indicadores de cobertura, destacando la ratio de profesionales por habitante en las estructuras básicas (pasando de un profesional por cada 3.765 habitantes, de media, en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (34,5 por cada 100.000 habitantes en 2011 41,2 en 2020). En el resto el incremento es reducido, como las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores (2,37% en 2011 / 2,70% en 2020) o la ayuda a domicilio (4,4% en 2011 / 5,1% en 2020). Hay incluso indicadores que empeoran en esta década: la intensidad de la Ayuda a Domicilio (19,3 horas de media mensual en 2011 / 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos (60,4% en 2011 / 50,1% en 2020) – Ver anexo-.