Informe semestral del Observatorio de la Dependencia. Primer semestre 2017

Estas son algunas conclusiones del Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2017, analizando los datos oficiales de evolución del Sistema, así como los hitos en su desarrollo en este periodo, marcado por un rechazo frontal del Gobierno central a incrementar las partidas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las exigencias de los Partidos que han negociado su aprobación, y por la falta de resultados efectivos de las Comisiones y Grupos de Trabajo promovidas por el Ministerio.

Un detalle más pormenorizado de la situación del Sistema permite ofrecer las siguientes conclusiones:

Se incrementa el número de atendidos, pero aun con una enorme lista de espera

Desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 se produjo un dramático parón del SAAD; a partir de esa fecha se retoma un cierto crecimiento en cuanto a personas atendidas que, a 30 de junio de 2017, son 898.243, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355.

La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera. Los esfuerzos de las Comunidades Autónomas ya que no se ha incrementado la financiación estatal en este periodo han conseguido aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.

A pesar de ello, tras dos años del cierre de calendario de aplicación de la ley nos encontramos aún con casi 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. Por otra parte, la lista de espera no está compuesta solo por las personas que más tarde se han incorporado al derecho a atención (Grado I) sino que hay un importantísimo número de personas con Grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número se mantiene casi invariable en el último año:

Esto tiene importantes repercusiones en clave de financiación ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa. La incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de la autonomía o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales.

Siguen siendo miles los dependientes que fallecen sin recibir las atenciones que tienen reconocidas

La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.

Resulta preocupante que, aun reconociendo el cambio de tendencia, de seguir así las cosas se tardaría entre cuatro y cinco años en acabar con la lista de espera y cumplir con la ciudadanía. Y ello con grandes diferencias entre territorios. Estas proyecciones pueden alargarse considerando el número de personas dependientes con Grados III y II (cuya atención puede ser más costosa) y las 100.000 personas pendientes de dictamen de las que un buen número acabará siendo consideradas como dependientes.

La salida de las atenciones low cost

El incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se compadece con una mayor inversión del Sistema. Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando).

Del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y especialmente a la teleasistencia que en algunos territorios se está configurando como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa. La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas complementarias y nunca suficientes por sí mismas.

Mientras casi 120.000 Grandes Dependientes o Dependientes Severos, que son los que requieren mayor atención y con mayor urgencia, la tendencia para la atención residencial es a la baja, e incluso en los primeros seis meses de 2017 se observa una pérdida de 370 prestaciones. Ello hace que la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en el 1º semestre de 2017.

El empleo directo vinculado al SAAD (atenciones) se estaría frenando en torno a los 200.000, y el número de empleos por millón de euros invertidos ha bajado de 35 (2016) a 34 en lo que va de año 2017. Esta es otra consecuencia de las atenciones de bajo coste y del regreso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

El ahogamiento de la financiación del Estado

En el primer semestre del año el coste del Sistema ha ascendido a 3.700 millones de euros, es decir, solo 86 millones más que en el semestre anterior. El copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones. La financiación finalista de la AGE en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente.

Lo preocupantes es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el RD-Ley de 13 de julio de 2012). El incremento de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (sobre el presupuesto inicial de 2016) pactado con Ciudadanos, resulta inútil si no se modificaban la cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. Pues bien, ¡hemos llegado al punto en el que es muy posible que no se gaste la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en una auténtica vergüenza! ¡Mientras fallecen dependientes sin recibir los servicios a los que tenían derecho, a la AGE le va a sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE! La estimación del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que, si no se incrementa el mínimo estatal, considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.170 millones de euros (90 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE).

Mientras tanto seguimos sin noticias de la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes y del grupo de expertos sobre financiación autonómica.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: directoressociales@hotmail.com