Inyección de 24,5 millones para políticas de vivienda que beneficiarán a 6.000 familias

El impago de la hipoteca y del alquiler son las dos caras de un mismo drama: los desahucios. En el último trimestre del año, 615 familias han perdido su casa por una ejecución hipotecaria, y otras 155 también han acabado en la calle por no abonar las mensualidades del arrendamiento. Estos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán combatidos, en parte, con los 24,5 millones de euros que el Ejecutivo regional destinará en 2016 a políticas sociales de vivienda y que permitirán ayudar a más de 6.000 familias. Los colectivos prioritarios son los afectados por los desahucios, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y del terrorismo, discapacitados y familias numerosas.

Las ayudas para alquileres tendrán un capítulo destacado con un montante total de 2,5 millones de euros. Esto supone 500.000 euros más respecto a la última línea de ayudas de este tipo y el Ejecutivo regional estima que con este incremento presupuestario se podrá beneficiar a más de 1.800 familias el próximo año, frente a las 1.522 de 2015.

El máximo subvencionable será el 40% del alquiler y el coste del contrato no podrá superar los 500 euros mensuales. En este caso concreto, el arrendatario tendría una ayuda de 200 euros y solo debería abonar 300. Una cifra que supone un aumento respecto a este año, en el que se subvencionaba un máximo de 135 euros de cada mensualidad.

Esta línea de ayudas se concederá por un periodo máximo de un año y el plazo para presentar las solicitudes es de dos meses a partir de hoy. Estas subvenciones pueden ser una solución temporal para algunos casos en los que media la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como el ocurrido este mes en Alcantarilla, donde evitaron el desahucio de una mujer por no pagar el alquiler a su casero. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contempla desahucios exprés en un plazo de 15 días, desde el momento en el que el dueño del inmueble denuncia el impago de una mensualidad.

Paco Morote, desde la PAH, alertó ayer de que «los desahucios que más auge están teniendo en la Región son los motivados por impago de alquiler. Están en los mismos niveles que las ejecuciones hipotecarias al inicio de la crisis». Aunque hay otras cifras más preocupantes, como los 86.949 murcianos que viven en condiciones de pobreza severa, según la Red de Lucha contra la Pobreza, y para los que el Ejecutivo regional destinará una partida de 2,26 millones de euros para combatir situaciones como el chabolismo.

Un total de 20 familias en riesgo de exclusión social serán realojadas en viviendas adquiridas por la Comunidad Autónoma. Además, se habilitarán ayudas directas a través de las asociaciones Cáritas y Columbares para el pago de alquileres de familias con pocos recursos económicos. Durante el próximo ejercicio, también se recuperarán las acciones de promoción directa de viviendas, con la construcción de diez inmuebles en Lorca y cinco en Ojós.

El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, subrayó ayer que «empleo y vivienda, vivienda y empleo, es un binomio que garantiza que la recuperación económica sea real y que pase de las macrocifras a la realidad». Por este motivo se invertirán 19,7 millones de euros para la rehabilitación, mejora de la calidad y de la accesibilidad de viviendas, regeneración urbana y de espacios públicos. Esa inyección económica, según avanzó Sánchez, generará 1.600 nuevos empleos en 2016.

Servicio de intermediación

El presidente enfatizó que «todas estas iniciativas tienen un marcado carácter social», y adelantó que durante el próximo año «la inversión para apoyo a familias con estas características va a seguir ‘in crescendo‘». En los presupuestos regionales de 2016 «tendrán un especial protagonismo aquellas medidas encaminadas a conseguir una vivienda digna».

Durante la presentación de estas ayudas, también se hizo balance del servicio de orientación y mediación hipotecaria de la Comunidad Autónoma, que este año ha atendido a 183 familias y en el 70% de los casos la intermediación ha tenido un resultado satisfactorio. En el resto no se alcanzó un acuerdo, bien por la negativa de los bancos, por tratarse de operaciones entre particulares, o por la presencia de prestamistas privados.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, destacó que en la Región «hay tres bancos BMN, Cajamar y Banco Sabadell que hacen lo que deben: desahucios cero. Con el resto de entidades estamos viendo una buena predisposición». Sin embargo, la PAH denunció que al menos hay seis entidades que siguen ejecutando desahucios. «Cuando los afectados no acuden al banco con la plataforma, se ceban con ellos». Desde la PAH reivindicaron al Gobierno de Pedro Antonio Sánchez «un planteamiento como el del Ayuntamiento de Barcelona, que a través de la alcaldesa, Ada Colau, ha conseguido que la Sareb (‘banco malo’) ceda 200 viviendas para alquiler social».

Reclama apoyo al PP

Morote reconoció que esa partida de 24,5 millones de euros que contemplan los presupuestos regionales de 2016 para políticas sociales de vivienda «es una buena cantidad». Pero puntualizó que «las ayudas se acabarán y el problema sigue ahí». Por ello, la plataforma reclamó «el apoyo» del Partido Popular en la Asamblea Regional para modificar la actual ley regional de vivienda. «Se trata de una propuesta de mínimos, ya está registrada para su debate y cuenta con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos».

Esta iniciativa se inspira en algunas medidas adoptadas por el Parlamento de Cataluña para combatir la emergencia habitacional y la pobreza energética. La reforma pretende movilizar viviendas vacías para alquiler social, introducir la ‘segunda oportunidad’, liberar a los avalistas en las ejecuciones hipotecarias, obligar a los bancos a negociar alternativas con los afectados y evitar cortes de suministros básicos (agua, luz y gas). Morote lamentó que todavía «hay mucha gente que se ve obligada a engancharse de forma clandestina».