La acusación particular se suma al fiscal al imputarle también prevaricación a Mateo

Se marcó un ‘speech’ propio de campaña electoral. El director general del IMAS, Fernando Mateo, hizo ayer largo uso de su última palabra. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia se pronunciará sobre los presuntos delitos de trato degradante, lesiones y prevaricación administrativa a los que se enfrenta el alto cargo popular.

«Nunca he hecho nada para perjudicar a nadie», insistió Fernando Mateo. Lo hizo para defenderse de la denuncia que le pusieron en marzo de 2006, cuando era director general de Carreteras y presuntamente forzó el cese en cuatro obras, el cambio de funciones y el traslado, de Murcia a Espinardo, del ingeniero de Caminos y por aquel entonces secretario de infraestructuras del PSOE regional, Cecilio Hernández.

El alto cargo aseguró a la juez, por activa y por pasiva, que durante su trayectoria política y en las distintas responsabilidades que ha ostentado en la Comunidad «jamás he tenido ninguna denuncia».

También tuvo tiempo de repasar las declaraciones de algunos funcionarios que el pasado lunes, al inicio del juicio, lo dejaron al pie de los caballos con su testimonio. Fue el caso del jefe de Servicios Jurídicos, que elaboró un informe sobre uno de los ceses del ingeniero y concluyó que «carecía de motivación». O del jefe de Personal de Obras Públicas, que reconoció que «la tensión» entre Mateo y Hernández «era cada vez más palpable». Al respecto de este último, al director general del IMAS no le dolieron prendas para ‘rebajarlo’ en sede judicial, al asegurar que el funcionario no era jefe de Personal, sino «un delineante».

Francisco Martínez Escribano, defensor de Mateo, solicitó la absolución de su cliente al considerar que en el juicio no se han aportado pruebas del supuesto acoso laboral, más allá del testimonio del denunciante Cecilio Hernández.

La acusación particular, que ejercita Begoña Fernández, reiteró su petición de 5 años de cárcel y 7 años de inhabilitación especial por supuestos delitos de trato degradante y lesiones. También solicitó 60.000 euros por daños morales y se sumó a la petición del fiscal de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, reiteró su solicitud inicial de un año de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público, más reducidas al estimar como circunstancia atenuante «las dilaciones indebidas» del proceso, que data de 2006.