La Asamblea modifica la ley para facilitar los conciertos sociales con las ONG ya implantadas
La diputada popular Inmaculada González explica que la novedad más importante afecta al cambio de uno de los requisitos que deben tener las organizaciones del llamado tercer sector a la hora de suscribir convenios con la Administración regional.
La Asamblea Regional aprobó en su pleno matinal de medidas de impulso al gobierno una nueva modificación de la Ley de Servicios Sociales con el fin de regular la suscripción de conciertos con entidades sin que estas tengan que estar, obligatoriamente, declaradas de interés asistencial. La medida salió adelante por unanimidad.
La proposición de ley partió del Grupo Parlamentario Popular, cuya diputada Inmaculada González aseguró que la nueva modificación pretende “enmendar lo enmendado” por los partidos de la oposición en la última reforma de la misma ley, el pasado noviembre. La modificación más importante afecta al cambio de uno de los requisitos que deben tener las organizaciones del llamado tercer sector a la hora de suscribir convenios con la Administración regional.
La posibilidad de celebrar conciertos sociales queda abierta ahora a cualquier entidad prestadora de servicios sociales sin necesidad de que esté declarada formalmente de interés asistencial por realizar actuaciones de especial trascendencia e interés.
González recordó que ninguna de las entidades con y sin ánimo de lucro que trabajan desde hace una década en la prestación de servicios sociales en la Región carecen de esa consideración.
También explicó que esta propuesta parte de la inquietud de colectivos como el Cermi y EAPN que agrupa a entidades, ONG, asociaciones y otras organizaciones dedicadas a la prestación de servicios sociales.
María Ángeles García Navarro, de Podemos, afirmó que cuando su partido propuso en noviembre que fuese obligatorio contratar con empresas de interés asistencial lo hizo como medida para evitar que grandes grupos constructores que, ante la crisis inmobiliaria, entraron en el sector de la prestación de servicios sociales desplazaran a las entidades y ONG ya implantadas. También reprochó que la Comunidad no haya declarado de interés asistencial a las entidades ya afianzadas, aunque era su obligación desde hace 13 años. “Apelo a la responsabilidad de la consejera de Servicios Sociales a que redacte una orden que reconozca dicha calificación”, añadió.
La modificación también propone cambios en otros dos artículos de la ley, que afecta al número de conciertos que puede suscribir la Comunidad con una entidad que preste más de un servicio (desaparece el acuerdo único, por razones administrativas) y la cantidad de dinero de la que puede disponer para sus gastos quienes viven en residencias.
Al texto de la proposición de ley se le añadirá una enmienda de Ciudadanos (aprobada con los votos a favor también de PSOE y Podemos) para garantizar que las personas mayores que vivan en residencias concertadas, además de mantener los 106 euros para gastos personales establecidos por la misma norma, dispongan también al menos del 15% de la pensión para su libre disposición.
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