La Asociación de Trabajo Social Penitenciario y el Consejo General reivindican, en el 40 aniversario de la asociación, menos burocracia y mejoras a nivel laboral

La asociación defiende los derechos de las/os profesionales, formada por 550 trabajadoras/es sociales, que desempeñan su labor profesional en 81 centros penitenciarios y atienden a 47.731 personas en privación de libertad. Además de 53 servicios y gestión de mas de 130.000 penas y medidas alternativas.

Juan Carrión Tudela ha referido que “se está incumpliendo la normativa en relación al régimen jurídico, debiendo tener una vinculación específica como funcionario público y no laboral” Explicando que tanto la normativa del Consejo de Europa (2020), como la de Naciones Unidas (2007), así como la misma Ley de penitenciario del 79, recogen en su articulado que el personal penitenciario de carácter permanente debe ser contratado como funcionario público.

En España se aplica la misma normativa en todo el territorio español, con la excepción de dos comunidades autónomas que tienen competencias específicas en el ámbito penitenciario, Catalunya y País Vasco, que sí tienen un régimen jurídico de funcionario público.

Además se ha puesto de manifiesto el relevante papel del /la Trabajador/a Social, que constituye en nexo entre la Institución Penitenciaria, la familia y la sociedad. Siendo la reintegración y reinserción en la comunidad y la sociedad, la principal misión del Trabajo Social Penitenciario.

Emiliana ha apuntado que “la burocratización de la profesión impide realizar un trabajo de mayor proximidad con la ciudadanía”.