La Comunidad cambiará la ley para que 1.305 dependientes puedan recibir sus ayudas

El Gobierno regional tiene previsto aprobar el próximo miércoles un decreto ley que suavizará los recortes aprobados en 2013 y permitirá a 1.305 personas dependientes a las que se les denegó la ayuda empezar a recibir la prestación. La medida llega después de un rosario de sentencias judiciales que han cuestionado la aplicación de los ajustes por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El Ejecutivo aprobó en julio de 2013 una ley que establecía requisitos mucho más restrictivos que los hasta entonces vigentes para poder solicitar la prestación económica de la Dependencia. Entre otras cosas, se exigía que el cuidador estuviese empadronado en la misma vivienda que la persona dependiente desde un año antes de la solicitud, y que no estuviese cobrando la prestación por desempleo. En esa ley, el Gobierno regional introdujo una disposición especialmente polémica: los nuevos criterios pasaron a aplicarse con carácter retroactivo. De esta forma, a centenares de dependientes que habían pedido sus ayudas en 2012 o incluso en 2010, y que todavía estaban a la cola fruto de la demora en la tramitación de sus expedientes, se les exigieron los nuevos requisitos. Unas 1.300 familias se quedaron sin ayuda por este motivo. Ni siquiera se les abonaron las mensualidades que deberían haber cobrado durante el tiempo que estuvieron a la espera de resolución, una vez superado el límite legal de seis meses de tramitación previsto en la Ley de Dependencia.

Esta aplicación retroactiva de la norma de 2013 es lo que ahora va a ser derogado a través de un decreto ley. Las 1.305 familias que se encontraron con la denegación de la prestación verán restituido su derecho. Para ello, el IMAS reabrirá de oficio sus expedientes. Además, «se les reconocerán los atrasos devengados», aunque solo desde el momento en que superaron los seis meses de espera hasta el 14 de julio de 2012, fecha en la que, también por los recortes, el derecho al cobro de atrasos fue eliminado.

«Como consecuencia de la crisis económica y la dificultad de cumplir con el objetivo de déficit, el Gobierno de la Región tuvo que acometer medidas extraordinarias que se recogieron en la Ley 6/2013. Hoy, ante la nueva situación de evidente mejoría económica y perspectivas de crecimiento, el Gobierno regional considera que es el momento para cambiar aquella normativa y así poder favorecer a las personas dependientes y sus familiares», explican fuentes del Ejecutivo.

De la medida se beneficiarán 393 familias que pidieron sus ayudas en 2010 o incluso antes, 863 que las solicitaron entre 2010 y 2012, y 49 posteriores a enero de ese año. En total, 1.305 familias. En los numerosos casos en que las personas dependientes ya hayan fallecido, sus familiares cobrarán lo que no llegaron a percibir fruto de la paralización de sus expedientes y de la aplicación retroactiva de los recortes de 2013.

El impacto de la medida, contabilizando los atrasos a abonar, será de 5,8 millones de euros. Cada dependiente recibirá, de media, 233 euros al mes, lo que supondrá un gasto para el IMAS de 304.065 euros mensuales. Hay que tener en cuenta que para la Comunidad ya estaba suponiendo un desembolso importante el goteo de sentencias condenatorias de los tribunales, que estaban obligando a pagar las ayudas no percibidas, y a abonar además intereses.

Los jueces han sido especialmente duros con la actuación de la Comunidad Autónoma durante este tiempo. En una de las últimas sentencias, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núme-

ro 7 de Murcia llegó a acusar a la Consejería de «vulnerar la más elemental idea de lo justo» por rechazar en 2014 la ayuda a Emilio Palazón, un anciano que la solicitó en 2011. La Administración, lamentaba el juez, «demoró durante años el cumplimiento de su obligación legal, y pretende ahora denegar el derecho a aquellas prestaciones en base a una norma aprobada con posterioridad».

Con el decreto ley que se aprobará el miércoles, el IMAS se ahorrará más sentencias como ésta.

«Vamos a devolver un derecho que nunca debieron perder»

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, destaca que las personas dependientes que pidieron sus ayudas al menos seis meses antes de la aprobación de la ley de 2013 tienen derecho a acceder a la prestación, y por eso se eliminará el carácter retroactivo de la norma mediante un decreto ley. «Vamos a devolver a esas personas ese derecho, que nunca debieron perder», explica.

«Si una persona tiene un derecho hay que dárselo, no se puede mirar para otro lado», subraya. Violante Tomás recuerda que lo que hizo en 2013 el Ejecutivo regional fue aprobar un endurecimiento de los requisitos que a su vez había marcado el Gobierno central, pero la consejera no ha ocultado desde el principio de la legislatura que la aplicación de esos nuevos criterios con carácter retroactivo fue un error que debía ser corregido. Los jueces ya venían advirtiendo de la dudosa base jurídica de esa medida.

Pero los tribunales también han fallado en contra del IMAS por otros motivos. La Ley de Dependencia estableció un máximo de seis meses para la resolución de los expedientes. A partir de ese tiempo, el solicitante adquiría el derecho al cobro, aunque todavía no tuviese la ayuda aprobada. En junio de 2012, ese derecho a recibir atrasos fue suspendido, lo que permitió al IMAS ahorrarse millones de euros en ayudas paralizadas. Sin embargo, los jueces han obligado en numerosas sentencias a pagar los atrasos al entender que esa paralización no estaba justificada. «Es un tema que estamos estudiando –explica Violante Tomás– aunque hemos empezado por lo más urgente, que eran las 1.305 familias que podrán recibir sus ayudas con el decreto ley que vamos a aprobar».