La Consejería de Sanidad y Política Social cede a la exigencia de la Defensora del Pueblo e impulsará el desarrollo reglamentario de la Renta Básica de Inserción

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha remitido una carta al Colegio de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia indicando que la Consejería de Sanidad Política Social que dirige Catalina Lorenzo, recientemente nombrada, ha encomendado y trasladado el Instituto Murciano de Acción Social “que adopte las medidas necesarias para el impulso de la aprobación del Decreto de desarrollo de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de la Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia”.

En la misiva, la Defensora del Pueblo advierte al Colegio de Trabajadores Sociales que permanecerá vigilante ante “las actuaciones que se vayan realizando para dar cumplimiento al recordatorio formulado” por parte de la Administración regional.

Los trabajadores sociales, que vienen denunciando reiteradamente el incumplimiento de la normativa, confían en una mayor sensibilidad de la Consejería ante la especial situación de dificultad que sufren las familias murcianas y que hasta la fecha han visto mermados sus derechos por el incumplimiento de la Administración.

“Las familias que solicitan la Renta Básica de Inserción son las que ya no tienen derecho a ningún tipo de protección, es el último mecanismo de protección para evitar que una familia que ha perdido el empleo y agotado las prestaciones por desempleo, caiga en la exclusión social”, afirma el portavoz del Colegio, Lorenzo Gutiérrez.

“La Administración debe velar por el cumplimiento de la Ley y por la protección social de las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, máxime cuando las situación general es de gran dificultad de acceso al empleo y existe un marco legal que obliga a ello. No se puede tolerar el incumplimiento de la Ley por parte del Gobierno regional, incumplimiento que supone el retraso de meses en la aprobación de la prestación, la reducción de al menos un 25% y la falta de transparencia en la gestión y de implicación de los agentes sociales, lo que ha llevado a agotar con las solicitudes en espera de 2013 el presupuesto para todo el año 2014. El Gobierno no puede ampararse en el ‘silencio administrativo’ ante los ciudadanos que más están sufriendo la crisis, debe ponerse del lado de estas familias, informarles y apoyarles a superar esta situación, por ello esperamos que se amplíe urgentemente la partida presupuestaria para resolver las solicitudes que ya se encuentran en espera por falta de presupuesto”, sentencia Gutiérrez.

El desarrollo reglamentario va a dotar de mayores garantías el cumplimiento de la Ley, aumentando la cantidad que reciben las familias, pasando de un mínimo de 300 euros a 400 € por familia, estableciendo claramente los requisitos, o constituyendo una comisión de seguimiento en la que estarán representados los agentes sociales.

“Sin duda es una buena noticia, aunque es solo un primer paso hacia el cumplimiento de la Ley. Tras siete años de espera, con el reciente nombramiento de la consejera, Catalina Lorenzo, así como del nuevo director gerente del IMAS, Leopoldo Navarro, confiamos en que se adopten todas las medidas oportunas para evitar la vulneración de derechos que vienen soportando las familias a la mayor brevedad posible, así como estrechar la colaboración, permitiendo la participación del Colegio en el seguimiento del desarrollo de la Ley y de su gestión.