La Consejería garantiza la financiación a los municipios para los servicios sociales

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asegura que la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que delimita las competencias municipales, no va a impedir que los ayuntamientos de la Región sigan encargándose de prestar los servicios sociales a sus ciudadanos el próximo año. De esa forma, responde a las protestas de los trabajadores de las mancomunidades y centros de asistencia que alertan del riesgo de cierres, dejando a muchas personas en la estacada y, a su vez, la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

La Comunidad Autónoma plantea destinar más de 20 millones de euros al mantenimiento de estos servicios por parte de los consistorios, de los que la mitad se dirigirán a la atención primaria.

Tomás desarrolla estos días una intensa ronda de contactos para comunicar a los alcaldes la continuidad de la financiación. En concreto, ayer, lo hizo con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno, con el que abordó diferentes proyectos sociales de apoyo a las familias, actuaciones de lucha contra la pobreza y mejora de atención a los colectivos de personas más vulnerables. Igualmente, también hizo lo propio con el regidor de Totana. En días anteriores fue con los primeros ediles de Ceutí, Cartagena, Abarán, La Unión, Ojós, Ulea, y los alcaldes de la Mancomunidad del Río Mula. El próximo lunes seguirá el periplo con los máximos responsables municipales de Santomera, Abanilla y Fortuna. Y así sucesivamente continuarán las reuniones con el resto.

La consejera insiste en que «aún no se ha desarrollado la regulación sobre haciendas locales y autonómicas para establecer mecanismos de financiación, y la inmediatez de las fechas de cumplimiento hacen necesario la reforma que se ha solicitado para evitar que se ponga en peligro la continuidad en la prestación de esos servicios».

La Asamblea Regional aprobó el jueves de la semana anterior, por unanimidad, una modificación de la ley que fijaba como fecha límite para la transferencia de las competencias de asuntos sociales a la Comunidad Autónoma el próximo 31 de diciembre. A través de la misma, los servicios de gestión primaria, servicios sociales y promoción, y reinserción social, continuarán siendo ejercidos por los municipios o por las mancomunidades, tal como se venía haciendo hasta ahora. Además, la cobertura financiera de los mismos no supondrá un mayor gasto para las administraciones implicadas.

Repunte de la inversión

En la mayoría de los municipios se mantienen las partidas, incrementándose en algunos casos concretos. Y por apartados es destacable la de lucha contra la pobreza infantil, para el que la Consejería destinará 1,2 millones de euros. También resaltan los 780.000 euros para los Cavis; 192.000 euros para las casas de acogida; 300.000 euros para empleabilidad; y 406.000 euros para conciliación de la vida laboral y familiar. A lo que hay que añadir, el mantenimiento de los centros de día de personas con discapacidad, subvencionados con más de 4,2 millones.