La Consejería presenta el borrador definitivo de reglamento de la Renta Básica de Inserción

El borrador ahora debe seguir el cauce legal, pasando por el Consejo Regional de Servicios Sociales, el Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social hasta llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación y publicación en el BORM.

El texto incopora algunas de las propuestas más importantes, y aunque otras se han quedado fuera, se trata de un reglamento de consenso de todos los participantes que mejora sustancialmente el marco vigente actualmente.

Desde el Colegio, mostrar satisfacción por la nueva etapa de colaboración abierta el pasado mes de julio por la consejera, Violante Tomás, confiados en mantener la colaboración en ésta y en otras cuestiones, abordando las diferentes preocupaciones de profesionales del trabajo social.

Principales mejoras

- El importe de la prestación económica para la primera persona se situará en el 80% del IPREM, es decir, 426 €, mejorando el importe mínimo fijado por la Ley (75% IPREM, 400 €), superando notablemente el importe actual de 300 €.

- Doble derecho. Se recuperan las menciones al doble derecho, por un lado, la prestación económica, y por otro, las medidas de apoyo a la inclusión social.

- Garantías legales. Se clarifican cuestiones de relevancia, como las relativas a los criterios para considerar unidad de convivencia con derecho a prestación o las prestaciones, ayudas e ingresos no computables, o la renovación de la prestación.

- Transparencia y seguimiento. Se incorpora a diferentes agentes, el colegio entre otros, a la comisión de seguimiento que debe conocer e informar de la evolución de la renta básica de inserción. También se ha recuperado la referencia expresa a profesionales del trabajo social.

La importancia del desarrollo reglamentario

Próximamente se cumplirán 9 años de la aprobación de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que venía a consolidar como un derecho subjetivo el denominado “Ingreso Mínimo de Inserción, IMI”, prestación condicionada a la dotación presupuestaria que se determinara cada año en los presupuestos.

La Ley supuso un gran avance, al convertirse en un derecho exigible por todas aquellas personas que cumplieran con los requisitos, y suponía un avance al reconocer un doble derecho, tanto a una prestación económica que mejoraba el importe del IMI, como a medidas que hicieran efectiva la inclusión social.

El desarrollo de la Ley condicionaba la efectividad plena de este doble derecho, y este desarrollo debía producirse en un plazo de seis meses.

Transcurridos casi 9 años, se presenta ahora el borrador del reglamento que debe aportar garantías y mejoras sustantivas, como la aplicación del importe mínimo previsto en la Ley, que actualmente se encuentra en 300 €, debiendo aproximarse a los 400 €, y estando previsto que sea superior en este borrador.