La Consejería se opone a suavizar los requisitos para la renta básica
El Gobierno regional ha solicitado a la mesa de la Asamblea Regional que no admita a trámite una proposición de ley del PSOE que pide suavizar los requisitos para acceder a la renta básica de inserción, una ayuda destinada a quienes carecen de cualquier tipo de ingreso y se encuentran por ello en riesgo de exclusión social. En un escrito a la Asamblea, el secretario del Consejo de Gobierno, el consejero Manuel Campos, explica que aprobar la moción supondría «un aumento de gasto» para la Comunidad Autónoma con respecto a lo previsto en los presupuestos de 2014. En concreto, el PSOE pide que no se tenga en cuenta, a la hora de conceder la renta básica, el valor patrimonial de la vivienda habitual del solicitante. Actualmente, quienes poseen un patrimonio superior a los 90.000 euros no pueden acceder a las ayudas. Es así fruto de una reglamentación que se aprobó en 1994, y que no ha sido revisada desde entonces.
De acuerdo a esa cláusula, el solicitante no tiene derecho a la renta básica cuando su patrimonio supera en diez veces el salario mínimo interprofesional (en la actualidad, el resultado de ese cálculo son unos 90.000 euros). Aunque ese salario mínimo ha aumentado desde 1994 (de 364 a 645 euros), también lo ha hecho, y de manera exponencial, el valor de las viviendas, fruto sobre todo del ‘boom’ inmobiliario. El PSOE solicita en su propuesta de ley que se tenga en cuenta ese incremento, que «está teniendo como consecuencia que miles de ciudadanos no puedan acceder a la renta básica de inserción aunque carezcan de los más mínimos recursos de subsistencia».
La moción socialista llega después de que el PP modificase el pasado mes de noviembre la Ley de Renta Básica para, precisamente, incluir la cláusula de 1994, que se ha venido aplicando de forma sistemática pese a no aparecer en esa normativa. El problema, admite la diputada del PP Severa González, es que la Asamblea todavía no ha aprobado la reglamentación que debe desarrollar la Ley de Renta Básica pese a que ésta se aprobó en 2007, como recientemente ha censurado la Defensora del Pueblo. Ello hace que, en la práctica, lo que se estén aplicando sean los requisitos que se pedían para el ingreso mínimo de inserción, una ayuda que existía antes de la renta básica y a la que ésta ha sustituido.
Ante la posibilidad de que este galimatías jurídico pueda generar algún problema, el Gobierno regional decidió blindar la cláusula de 1994 con la moción que se aprobó en noviembre.
La diputada socialista Teresa Rosique censura esta operación, porque «no tiene en cuenta el incremento de la pobreza que se está produciendo». Por su parte, Jesús Salmerón, de la Red de Lucha contra la Pobreza, advierte que «hay muchas personas con vivienda en propiedad que están muy endeudadas y en situación de exclusión».
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