La Cumbre Social defiende la democracia local ante los ataques del Ejecutivo

La Cumbre Social ha celebrado en la tarde de hoy, su noveno plenario, para abordar la reforma de la Administración Local que el Gobierno pretende llevar a cabo con la clara voluntad de socavar la capacidad de intervención de los ayuntamientos en la solución de los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, la Cumbre tiene lugar el día que se ha conocido un nuevo y dramático récord: la Encuesta de Población Activa confirma que en nuestro país son ya 6.202.700 las personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Hace ya tiempo que las cifras de paro son insoportables, porque detrás hay proyectos de vida de personas o familias que se vienen abajo por la pérdida del empleo, pero superar la barrera de los 6 millones y el 27% de tasa de paro, hace que salten todas las alarmas sociales y políticas. Así no se puede seguir. O los poderes públicos y la iniciativa empresarial incentivan políticas para impulsar la actividad económica y la creación de empleo, o el clima social y laboral alcanzará cotas insostenibles de precariedad, marginación y exclusión social que convertirán en más contundente e imprevisible la movilización social y ciudadana.

Coincide el drama del desempleo con la inminente celebración del 1 de mayo, que este año y bajo el lema NO TIENEN LÍMITE, LUCHA POR TUS DERECHOS, se centrará de manera singular en las políticas de austeridad y de recortes y en su especial impacto en el empleo y los servicios públicos. Un 1 de mayo que el movimiento sindical quiere convertir en una rotunda demostración de rechazo a estas políticas y en la asistencia masiva a las manifestaciones que están convocadas en las principales ciudades del país. La Cumbre Social hace suyas las reivindicaciones del movimiento sindical y llama a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones y actos convocados al efecto.

Igualmente la Cumbre manifiesta su apoyo a la huelga de enseñanza del 9 de mayo y a las movilizaciones en la sanidad.

El grave deterioro de la situación económica tiene lugar cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se propone, si no lo impedimos, poner fin a la ultractividad de los convenios colectivos, y asestar un golpe cuasi definitivo a la negociación colectiva, como herramienta para consolidar y mejorar los derechos de trabajadores y trabajadoras. La Cumbre Social comparte con los sindicatos la necesidad de frenar esta iniciativa que, de momento, podría aplazarse unos meses, pero que viene a confirmar la voluntad de la derecha económica y política de convertir el convenio colectivo en una figura devaluada, en manos del creciente poder discrecional del empresario.

La política de recortes y ataque a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, políticas sociales) que parece no tener límite- mañana el Consejo de ministros aprobará un nuevo

paquete de medidas y ya anuncia que “ajustará el seguro de desempleo y el sistema público de pensiones”- se acompaña de un decidido y ambicioso proyecto de involución política y democrática, y uno de sus objetivos es convertir el conflicto social en un problema de orden público. De esta forma, los gobiernos de perfil conservador recurren cada vez con mayor frecuencia a criminalizar el activismo social, sindical y ciudadano, aunque éste se desarrolle en un clima de respeto al ordenamiento jurídico y constitucional. Como ejemplo simbólico de lo que decimos, está el encarcelamiento del presidente de la AUME, Jorge Bravo, por ejercer la libertad de expresión y criticar los recortes sociales entre los empleados públicos, también en las fuerzas armadas. En este sentido, la Cumbre Social apoya la convocatoria de una concentración, el 27 de abril, a las 12 horas, ante el Ministerio de Defensa en solidaridad con Bravo y exigiendo su inmediata puesta en libertad.

La reforma local: un ataque al sistema democrático

La Cumbre Social había convocado su 9ª sesión plenaria para abordar monográficamente el “Anteproyecto de Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local”. Un anteproyecto que no pretende una reforma de la Administración Local, sino que supone el mayor ataque a la autonomía municipal y al propio sistema democrático desde 1979.

Con este anteproyecto, el Gobierno impulsa la recentralización del Estado y hace añicos la legitimidad de las instituciones locales elegidas por la ciudadanía, al introducir un acentuado sesgo ideológico en la estructura de representación política, que minará la pluralidad y los derechos democráticos, al desvirtuar la libertad de elección ciudadana de los gobiernos locales.

La Cumbre Social considera intolerable que, bajo un aparente equilibrio financiero y de reordenamiento territorial, se cambie el modelo de Estado y se imponga un marco legal que vacía de contenido las competencias de las entidades locales. A juicio de la Cumbre, los ayuntamientos, que en los últimos 34 años han sido espacios de democracia y de desarrollo de los servicios públicos, se transformarán en plataformas administrativas sin autonomía y sin capacidad de intervención ni sostenibilidad financiera.

Con este anteproyecto, que la Cumbre rechaza radicalmente, los ayuntamientos no podrán impulsar los servicios públicos de calidad, el equilibrio social y la igualdad de oportunidades de ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su estrato social, porque su actividad será externalizada y privatizada en aras de una proclamada eficiencia y atendiendo estrictamente a la evaluación económica de los servicios que se ofrecen.