La Defensora del Pueblo archiva la queja por el retraso en la renta básica

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha cerrado el expediente que abrió en 2013 por el retraso en la aprobación del decreto de renta básica por parte del Gobierno regional. La Defensora da por terminadas sus gestiones ante el Ejecutivo porque «finalmente se ha elaborado un borrador de decreto» y se «ha creado un grupo de trabajo constituido por entidades del tercer sector de lucha contra la pobreza que está colaborando en la elaboración» de ese borrador. El Colegio de Trabajo Social, que propició la apertura del expediente con una queja, lamenta que Soledad Becerril lo cierre «sin garantía de la aprobación del decreto».

Los trabajadores sociales recuerdan que, después de ocho años de retraso, el Gobierno regional ha elaborado un borrador, pero ni se ha hecho público su contenido «ni existe compromiso de plazo para su aprobación definitiva». El Colegio agradece en todo caso a la Defensora del Pueblo su labor, ya que sus llamadas de atención a la Comunidad Autónoma han contribuido a que el Ejecutivo desatasque el proyecto de renta básica. Pero la normativa sigue sin ver la luz. «El problema persiste», resumen los trabajadores sociales.

El decreto pendiente de aprobar debe desarrollar la Ley de Renta Básica, que se aprobó en 2007. La ausencia de ese reglamento permite al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ahorrarse unos 100 euros por beneficiario, ya que ahora está pagando unas ayudas mínimas de 300 euros cuando la ley prevé elevar la cantidad a 400. De hecho, la cuantía de la renta básica en Murcia es la más baja de España por este motivo, como han mostrado varios informes de la Red de Lucha contra la Pobreza y del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.

En enero de 2014, la Defensora del Pueblo le recordó a la Consejería de Sanidad y Política Social su «deber legal» de aprobar el decreto, ya que la Ley de Renta Básica, de 2007, establecía que ese reglamento no debía tardar más de seis meses en ver la luz, un plazo que se ha superado ampliamente.

Ante el silencio de la Consejería, la Defensora volvió a dirigirse al Gobierno regional el pasado mes de diciembre, censurando «la falta de respuesta» y recordándole por segunda vez a la Administración «su inexcusable deber de colaboración».

El Ejecutivo terminó respondiendo e informando a la Defensora de las gestiones para elaborar un borrador de decreto. Ese texto ha sido ya presentado a la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que lo considera «muy mejorable». El IMAS se ha comprometido a introducir algunas modificaciones solicitadas por las ONG que forman parte de EAPN.