La Defensora del Pueblo denuncia la «alarmante» demora en dependencia

La Defensora del Pueblo advierte en su memoria del año 2014 de la «alarmante» demora en la tramitación de las solicitudes de ayudas de la Dependencia en la Región de Murcia, Valencia, Madrid y Andalucía. Esos retrasos afectan también a los recursos de alzada que presentan las personas dependientes cuyas peticiones de prestación han sido denegadas o se han alargado en el tiempo sin ser resueltas.

Como ya ocurrió en las memorias de años anteriores, la institución que preside Soledad Becerril destaca que los gobiernos de Murcia y Valencia «manifiestan expresamente que la falta de crédito disponible impide el reconocimiento de prestaciones». Añade el informe que «numerosos expedientes quedan paralizados, sin causa imputable a la parte interesada, una vez formulada la propuesta de programa individual de atención (PIA) y aceptada la prestación ofrecida por los servicios sociales por la persona beneficiaria. Esta situación ha generado quejas respecto de personas reconocidas en un grado de dependencia protegible que no reciben ningún tipo de atención por su condición y que incluso fallecen antes de ver resuelto su PIA».

La Defensora aborda la situación de las familias de dependientes que fallecieron sin cobrar las ayudas a las que tenían derecho reconocido. «La Región de Murcia, sin apoyo normativo específico para ello, ha establecido un orden de prioridad y posterga al último lugar el reconocimiento de derechos a los causahabientes de las personas en situación de dependencia fallecidas sin haber recibido los atrasos generados», señala. Sin embargo, la institución admite que esta situación ha cambiado después de que el pasado mes de diciembre el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) aprobase un plan de pagos para saldar sus deudas con 1.939 familias. Pero todas esas familias cobrarán porque los dependientes a su cargo pidieron las ayudas antes de 2012. Ese año, el Gobierno regional eliminó el derecho al cobro retroactivo por parte de los herederos. Por eso, la Defensora «ha comunicado a la Consejería de Sanidad y Política Social la necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes de reconocimiento de grado y de prestación de dependencia para evitar que la inactividad de la Administración prive a los beneficiarios del derecho que pudiera corresponderles».

La memoria anual recuerda también los requerimientos que la Defensora del Pueblo ha enviado a la Consejería para que cumpla con su «deber legal» de aprobar el reglamento de la Ley de Renta Básica, que lleva ocho años sin ver la luz.

En total, la Defensora recibió el año pasado 755 quejas de ciudadanos de la Región. Junto a denuncias relacionadas con dependencia y renta básica, los murcianos se dirigieron a la Defensora para solicitar su intermediación en otras muchas cuestiones, desde los ruidos que soportan viviendas de Santiago el Mayor por el tren a demoras de más de nueve meses para una intervención quirúrgica en La Arrixaca. Con todo, el número de quejas descendió un 48,3%.