La Dependencia llega a un 12% menos de murcianos que antes de los recortes

Las ayudas del sistema de Dependencia llegan hoy a un 12% menos de ciudadanos de la Región que antes del verano de 2012, cuando los gobiernos central y autonómico comenzaron a aplicar medidas de recorte que han provocado la paralización de miles de expedientes y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones económicas. Es una de las conclusiones que se desprenden del Informe Técnico anual sobre la Dependencia que ha elaborado el Colegio de Trabajo Social de la Región. El estudio será presentado hoy en Murcia en unas jornadas organizadas por esta institución.

El informe, que recoge datos oficiales de la Comunidad Autónoma, recuerda que en julio de 2012 había en la Región 30.246 beneficiarios de la Dependencia, mientras que a 1 de julio de este año la cifra se había quedado en 26.579 (3.667 menos). Eso significa que el número de dependientes que han fallecido durante este periodo es notablemente superior al número de personas que se han sumado al sistema.

Así, mientras en el último semestre de 2011 hubo un saldo neto de 2.324 nuevos beneficiarios fruto de la incorporación de 4.866 personas a las ayudas y el fallecimiento de otras 2.542, en el primer semestre de 2014 el sistema ha perdido 870 beneficiarios porque la incorporación de 1.128 dependientes no ha compensado la muerte de otros 1.998.

El Colegio denuncia que miles de expedientes han permanecido paralizados desde 2012, cuando el Gobierno central estableció que quienes solicitasen a partir de entonces una prestación económica tendrían que esperar dos años para empezar a cobrarla. Pero los trabajadores sociales consideran que la Comunidad Autónoma ha ido más lejos de lo que aprobó el Ministerio: «Desde julio de 2012 se puede aplicar una suspensión de 24 meses a las prestaciones, pero ello no supone que la Administración no deba resolver (el expediente), sino que dicha resolución demorará sus efectos hasta un máximo» de dos años. El Colegio subraya que la resolución en la que se informa al dependiente de la ayuda o servicio a la que tiene derecho no puede demorarse más de seis meses, según marca la normativa legal.

«Incumplimiento de la ley»

El informe denuncia, en este sentido, «el incumplimiento de la ley», y considera que de esa vulneración «se derivan todos los problemas» que sufre el sistema de Dependencia en la Región. En 2013, el Gobierno autonómico aprobó unos nuevos criterios mucho más restrictivos que los anteriores para poder acceder a la prestación económica (entre ellos, que el cuidador de la persona dependiente no puede compaginar esta tarea con un trabajo si quiere cobrar la cuantía máxima, o que debe estar empadronado en la misma vivienda desde un año antes de la solicitud). Como el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha mantenido sin resolver durante meses e incluso años las solicitudes, ahora está aplicando las nuevas restricciones a quienes pidieron la prestación mucho antes de 2013.

Por ello, el Colegio considera que «la Administración incumplidora se ha visto beneficiada, haciendo uso de dicho incumplimiento para restringir los derechos reconocidos legalmente». Además, denuncia que esos nuevos requisitos «restrictivos» no responden a criterios técnicos, sino que son «arbitrarios».

«¿Se pueden aplicar con carácter retroactivo nuevas condiciones a solicitudes que debían estar resueltas?», se preguntan los trabajadores sociales. El informe también denuncia que el IMAS está ahorrando dinero gracias a que, debido a la paralización de los expedientes durante años, buena parte de los dependientes terminan falleciendo antes de empezar a recibir las ayudas. «¿No haber resuelto las solicitudes en plazo puede reportar ahorro mediante el archivo de expedientes en caso de fallecimiento?», se cuestionan los profesionales. Desde julio de 2012, a los familiares de los dependientes que mueren antes de acceder al sistema de la Dependencia se les niega el derecho a recibir las prestaciones no cobradas aunque ese dinero no haya llegado por culpa de la propia Administración.

El estudio del Colegio analiza la evolución de la Dependencia hasta el mes de julio. Después, entre agosto y octubre, el IMAS ha empezado a desbloquear los expedientes que llevan esperando desde 2012 o incluso desde 2010. Sin embargo, el número total de beneficiarios a 1 de noviembre es todavía más bajo que el registrado en julio, lo que significa que las incorporaciones siguen siendo inferiores a los fallecimientos. Algo más de 10.000 personas continúan esperando las ayudas.

El estudio detecta grandes diferencias entre municipios

El Informe Técnico sobre Dependencia elaborado por el Colegio de Trabajo Social ahonda por primera vez en la implantación del sistema en los 45 municipios de la Región. Los resultados ofrecen algunas sorpresas. Por ejemplo, hay grandes diferencias en la lista de espera entre unas poblaciones y otras. Así, mientras en Villanueva del Río Segura disfrutan de sus prestaciones y servicios el 80% de las personas con derecho reconocido a la Dependencia, el 47% de los dependientes de Fuente Álamo todavía están a la espera de acceder a las ayudas. Sin embargo, el Colegio no cree que estas variaciones sean fruto de desigualdades en la gestión, dado que los expedientes se tramitan de forma centralizada en el IMAS con independencia del municipio de origen. Las diferencias serían, por tanto, fruto del azar o consecuencia del tipo de prestación que predomina en las solicitudes de una localidad u otra. Más relevante es, según el estudio, las diferencias en la distribución de los servicios por municipios. Así, la mayoría de dependientes de San Pedro del Pinatar disfrutan de una plaza residencial o de centro de día, mientras en Fortuna solo representan el 18,3%.