La Fiscalía arremete contra la Audiencia por su criterio en la violencia de género

La Memoria del Ministerio Público en la Región no va a ser bien acogida en la Audiencia Provincial. La Fiscalía alerta sobre el aumento de sentencias absolutorias en materia de violencia de género y se critica el criterio que se viene aplicando al enjuiciar estos casos. «Existe una degradación de los hechos hasta convertirlos en falta, con el agravio que implica para las víctimas», sostiene la Fiscalía Superior. MURCIA. La Fiscalía ha dado un golpe sobre la mesa para reclamar una aplicación «clara y sin fisuras» de la Ley contra la Violencia de Género. El Ministerio Público ha aprovechado la publicación de su memoria anual para alertar sobre el aumento de sentencias absolutorias en esta materia y expresar su disconformidad con el criterio que viene aplicando la Audiencia Provincial de Murcia a la hora de valorar estos casos. La fiscal delegada de violencia sobre la mujer, Concepción López, advierte en su informe de que, en comunidades como la murciana, «existe una degradación de los hechos hasta convertirlos en falta, con el agravio que ello conlleva para nuestras víctimas».

La Fiscalía achaca esta situación a la «particular y controvertida doctrina» que viene aplicando desde hace años la Audiencia. A grandes rasgos, el tribunal no considera violencia de género una agresión si no encuentra en ella un elemento de dominación. Según explica el Ministerio Público, si ese intento de subyugación no se percibe, los hechos son catalogados únicamente como una falta de lesiones o amenazas. «Dicha doctrina, en modo alguno compartida por los fiscales de violencia sobre la mujer en Murcia, imposibilita muchas veces y sobre todo en el ámbito de los juicios rápidos, el llevar a cabo conformidades». Muchos letrados defensores, conscientes del criterio de la Audiencia, prefieren probar suerte y tratar de convencer al tribunal de que, en su caso en concreto, no existe ese necesario elemento de dominación.

Ante esta situación, la Fiscalía hace hincapié en «la necesidad urgente de un pronunciamiento claro y sin fisuras» del Tribunal Supremo. La memoria explica que, aunque el Alto Tribunal también aplicó en ocasiones el criterio que sigue la Audiencia, ya hace tiempo que lo abandonó. La fiscal especialista recalca que la situación actual supone «un agravio» para las víctimas de la Región, «que ven cómo por la razón de ser enjuiciados los hechos en una comunidad u otra, las consecuencias jurídicas para el agresor son plenamente dispares».

Aumentan las absoluciones

De las 1.574 calificaciones que la Fiscalía formuló el pasado año en Murcia por casos de presunta violencia de género, solo 73 fueron condenatorias tras realizarse un juicio oral. Las absolutorias, en este caso, alcanzaron los 348 casos. Según explica el Ministerio Público, en los juzgados de Violencia sobre la Mujer se lograron 571 condenas por conformidad.

La Fiscalía, tanto a nivel estatal como regional, aborda, también, el «grave problema» que plantea el derecho de dispensa recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque él sea el maltratador y ella la víctima. Este derecho, explica el Ministerio Público, es utilizado en ocasiones por la víctima porque no desea la separación física de su pareja, para evitar una agravación de la situación de irregularidad en el país –en el caso de inmigrantes irregulares– o simplemente por miedo. La fiscal regional remarca que en Murcia también se ha ampliado el uso de este artículo «por el criterio de nuestra Audiencia Provincial, al extenderlo también a las exparejas cuando entre ellas existan vínculos de solidaridad y en pro de los hijos comunes». El Ministerio Público protesta también por este criterio, contrario al de la Fiscalía de Sala.

La memoria anual de la Fiscalía, presentada ayer en Madrid por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en presencia del Rey Felipe VI y del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, desgrana la actividad que esta institución llevó a cabo el pasado año. En 2013 el Ministerio Público llegó a incoar 130.241 diligencias previas en la Región, un 2,6% menos que el año anterior. A grandes rasgos, descendieron las diligencias por homicidios, lesiones, agresiones sexuales y aumentaron aquellas por violencia de género (maltrato habitual) y robos con fuerza en casa habitada.

En materia de delitos económicos, la Fiscalía regional advierte de que los juzgados de lo Penal, «por la diversidad y el ingente número de asuntos que le son encomendados, carecen de la necesaria capacidad para la represión de los delitos económicos de cierta complejidad». Esta situación, alerta el Ministerio Público, da lugar a «preocupantes paralizaciones» en algunos procedimientos.

En este sentido, la Fiscalía explica que disminuyen los fraudes tributarios vinculados con la actividad económica real, como la construcción. Por el contrario, advierte, están aumentando otras formas de defraudación que están elaboradas al margen de cualquier actividad em-

presarial real y diseñadas con el único fin de lograr devoluciones tributarias. El fiscal especialista en este área, Rafael Pita, destaca el cometido mediante la aparente transmisión de inmuebles hipotecados entre dos –igualmente aparentes– sujetos pasivos del IVA. De este modo, mientras el comprador solicita la devolución del impuesto soportado en la compra de la casa, el vendedor ‘desaparece’ sin haber cumplido con la obligación de pagar el tributo. El fiscal especifica que la reforma de la ley ha venido a poner coto a estas prácticas, pero que, dado que las actuaciones de Hacienda se suelen ceñir a periodos ya vencidos, el pasado año se incoaron algunos procedimientos penales derivados de supuestos fraudes cometidos antes de la reforma.

La Fiscalía considera «todavía más alarmante» el comportamiento desplegado por algunas entidades financieras. Según explica en la memoria, estas entidades, para satisfacer algunos créditos de dudoso cobro, habrían permitido que el IVA que se devengaba como consecuencias de algunas compras de viviendas –o daciones en pago–, y que supuestamente se entregada al vendedor, se emplease para el pago de deudas que el vendedor mantenía con la propia entidad evitando, así, que ese IVA llegase nunca a ingresar en las arcas públicas.

El fiscal destaca, en este sentido, las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y en el Juzgado de Instrucción número 3 de Molina, en virtud de unas denuncias interpuestas por el propio Ministerio Público. En estos casos se investigan supuestos fraudes con intervenciones de Cajamar y Cajamurcia, en los que se habría defraudado a Hacienda 1,4 millones de euros y 560.000 euros, respectivamente.