La ineficacia del empleo como arma para salir de la pobreza impulsa propuestas de salarios sociales

“No hay mejor política social que crear empleo”. Este mantra ha sido repetido de forma incansable por el Partido Popular desde antes de entrar en La Moncloa en 2011. Casi una legislatura después, el paro es ligeramente más bajo del que se encontró Rajoy y aún está por encima del 22%, según los datos registrados en la EPA. Más de cinco millones de españoles se encuentran en situación de desempleo y hay 1.670.000 hogares en los que ninguno de sus miembros recibe ninguna prestación. Por otro lado, las estadísticas oficiales muestran de manera repetitiva un descenso en la calidad y condiciones del empleo. De ahí que desde hace ya tiempo, algunos actores como la Unión Europea señalen que trabajar en países como España no garantiza salir de la pobreza.

Pero el fenómeno de pobreza laboral está relativamente extendido por los países desarrollados. A nivel internacional se está produciendo un debate académico sobre cómo deben afrontar desde los Estados la lucha contra la pobreza y en especial contra la pobreza asociada al empleo. Con este panorama, los expertos en España ven insuficiente la subida de los salarios como prioriza el modelo anglosajón. Pero tampoco todos comparten la receta lanzada por el PSOE a comienzos de semana. Así, Pedro Sánchez proponía un “ingreso mínimo vital” para los hogares donde no entran rentas, con una cantidad a percibir modulada en función del número de hijos en el que sí se podría percibir otros ingresos. Esta medida conllevaría un gasto de 6.000 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y vendría a cubrir desde la Seguridad Social a aquellas personas que hayan agotado la prestación por desempleo.

La propuesta de Sánchez choca con las que se están lanzando desde otros países. El último ejemplo se ha producido en el Reino Unido. El ministro británico de Economía del Gobierno conservador de David Cameron, George Osborne, ha anunciado el recorte de ayudas a las familias y colectivos más desfavorecidos a cambio de otros incentivos como la subida del salario mínimo. Esta medida está en línea con las últimas iniciativas que ha lanzado el partido demócrata de Hillary Clinton en Estados Unidos. La candidata a presidenta encontró un gran aliado a su discurso en las páginas de The New York Times. El economista Paul Krugman alabó la propuesta demócrata de subida de los sueldos más bajos al otro lado del charco.
Cada vez menos trabajos y peor remunerados

Sin embargo, no está claro que la batalla para acabar con la exclusión social pase por el empleo. Esta cuestión de orden mundial ya viene de lejos. El economista estadounidense experto en los cambios científicos y tecnológicos en la economía Jeremy Rifkin ya vaticinaba en 1995 sociedades con paro estructural cada vez mayor debido a la automatización en su libro El Fin del Trabajo. En esta obra, Rifkin señalaba que ante la imposibilidad de actores institucionales y económicos de evitar que cada vez exista menos trabajo, la solución pasaba por varias medidas, entre las que se encontraba el reparto del trabajo y la implantación del ingreso anual garantizado, algo similar a la renta básica.

La idea de la automatización y el paro estructural son los dos elementos claves por los que algunos expertos, a diferencia de Krugman, rechazan la subida de salarios como medida efectiva.

Diana Furchgott-Roth, execonomista jefe del Departamento de Trabajo de Estado Unidos, señala que Krugman ignora que las subidas del sueldo mínimo reduce significativamente las probabilidades de que los trabajadores poco cualificados lleguen a la clase media. Esta experta argumenta que el incremento de los salarios más bajos lleva a que los empleadores se decanten por trabajadores más cualificados y sustituyan por máquinas a aquellos de menor formación. Esta idea es compartida por Robert Skidelsky, profesor emérito de economía política de la Universidad de Warwik, que señala que “la automatización hará incursiones cada vez mayores en el mundo del trabajo”.

Ante esta tesitura cada vez son más las iniciativas dirigidas a complementar los salarios con aportación del Estado (una tercera vía a caballo de la renta mínima y del salario mínimo). Es decir, el Gobierno se compromete a completar con dinero público aquellos sueldos más bajos, de cara a erradicar ese fenómeno cada vez más extendido de trabajadores pobres. El complemento salarial es una de las propuestas económicas que ha hecho en España el partido de Ciudadanos cuyo ideario económico ha apadrinado el profesor Luis Garicano, docente en Reino Unido. Sin embargo, Skidelsky explica que esta medida ya se llevó a cabo en el pasado con efectos perniciosos, ya que las empresas pagaban por debajo del mínimo y compensaban el salario con esta aportación estatal.

El sociólogo de la Universidad de Zaragoza y experto en asuntos de pobreza Pau Marí Klose ve positiva la iniciativa del PSOE de un ingreso mínimo, “en línea con las rentas mínimas que hay en otros países como Francia o Dinamarca” pero matiza: “las coberturas allí son mucho más amplias”. Borja Barragué, profesor de la escuela de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid cree que esta medida abarca a demasiados perceptores, por lo que la cuantía final no termina de ser suficiente para cubrir las necesidades. Este experto, que considera complicada la implementación jurídica de esta ayuda ahora es competencia de las Comunidades Autónomas recuerda que “desde la Fundación Alternativas se trabajó en un programa similar, con una aportación de 6.000 millones de euros, pero dirigido exclusivamente a las personas en situación de extrema necesidad”. Mismo gasto pero para menos receptores.
Una trampa de pobreza

La medida lanzada por el Partido Socialista es duramente criticada por Daniel Raventós, profesor de la facultad de economía y empresa de la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica. Según Raventós, este tipo de medidas “son un despropósito debido al carácter condicional de las mismas”. “Cuando tú tienes que demostrar una situación de pobreza para percibir una determinada ayuda, se trata de una invitación a no buscar trabajo para no dejar de percibir la misma”. A este discurso se suma Lluís Torrens, economista y profesor de la ESCI–UPF, quien considera la condicionalidad una trampa para el empleo: “la mayoría de los potenciales perceptores son personas que se les ofrecen trabajos precarios y temporales, por lo que la burocracia les hace más incómodo estar intercalando trabajos temporales y solicitudes de esta ayuda que optar por mantenerse fuera del mercado laboral cobrando solo la renta”.

Por otro lado, Torrens cree que la condicionalidad tiene un problema de acceso: “un proyecto europeo demostró que el 40% de personas con derecho a estas ayudas no accede a ellas por un problema de estigmatización social, ya que sólo tienen derecho los más desfavorecidos”. Tanto Torrens como Raventós, que han trabajado en estos asuntos de manera conjunta, apuestan por una renta básica y universal, similar a la que llevaba Podemos en su programa para las elecciones europeas y que posteriormente ha ido matizando.
España, no es país para subidas del salario mínimo

Marí Klose cree que la implementación de rentas mínimas y subidas de los salarios más bajos no son medidas excluyentes, pero considera que hay que tener cuidado con introducir elementos que puedan distorsionar el mercado de trabajo, lo que puede provocar aún más gente desempleada. Gabriela Jorquera, coordinadora de EAPN Madrid (Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social), cree que ”depende del contexto en el que se encuentre” el país y el mercado de trabajo. “Las tasas de paro de EEUU y Reino Unido (alrededor del 5%) son mucho más bajas que en España, [el fenómeno de trabajadores pobres es más extendido y enraizado] por lo que luchar vía salarios aquí no sirve; la introducción de rentas mínimas parece razonable”.

Para Torrens, “en la medida en que los salarios mínimos se suban, se producirá una más rápida destrucción de empleo, ya que el que contrata optará por acelerar los procesos de automatización” y añade que “en el pasado se remplazaban los trabajos eliminados por la mecanización por otros de otros sectores, pero esto ya no sucede”. Raventós justifica esta cuestión con un estudio elaborado por la Universidad de Oxford que señalaba en 2014 que “muchos de los empleos desaparecerán, pero no sólo los poco cualificados sino también otros de gran cualificación como el de los profesores, por lo que la introducción de rentas a la población es el único camino”. Borja Barragué concluye diciendo que intentar luchar contra la pobreza por la vía de los salarios lo que provocaría es “el beneficio de los que trabajan en detrimento de los muchos que no lo hacen”.

La sociedad con un paro estructural cada vez mayor que no redistribuye la renta a través del empleo, como vaticinaba Rifkin en 1995, se está empezando a dejar ver en el mundo. Concretamente, la ciudad holandesa de Utrech ha optado por dar un ingreso básico a todas las personas, sin ningún tipo de requisito para el acceso. Esta renta básica está destinada a cubrir los gastos básicos de las personas. Así, Raventós señala que “la renta básica universal, más que un instrumento para combatir la pobreza, es un arma de libertad, dado que los ciudadanos que no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas dejan de ser libres”.

Juan Torres y Vicenç Navarro, artífices de uno de los idearios de Podemos, animaron al partido de Pablo Iglesias a olvidarse de la renta básica. En opinión de estos dos académicos referentes de la izquierda, es preferible la opción de una renta mínima garantizada que cubra las necesidades de los ciudadanos que no han podido tener unos ingresos adecuados y que sea reconocida como un derecho y no como una ayuda asistencial. Torres cree que la Renta Básica rompe el principio de “a cada cual según sus necesidades”. Estos expertos creen que la aplicación de una renta básica en un sistema del bienestar con un gasto público insuficiente y un gasto en transferencias por persona muy bajo, es “empezar la casa por el tejado”. Al contrario, proponen reforzar los servicios públicos, mejorar las prestaciones sociales y diseñar una red de protección mínima que impida a la ciudadanía caer en la pobreza.