La Ley General de Discapacidad definirá, por primera vez, los distintos tipos de discriminación

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad, el principal órgano de colaboración y cooperación de las administraciones con las organizaciones de personas con discapacidad. En la reunión han participado las asociaciones que representan a la mayor parte de las cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España: ONCE, el CERMI, COCEMFE, FEAPS y CNSE, entre otros, así como representantes de la Administración General del Estado, de las CC AA y de las entidades locales.

LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD

Ante todos ellos, la ministra ha presentado el borrador de la que será la Ley General de Discapacidad. Se trata de la norma que compilará toda la legislación en la materia y asegurará, en palabras de Mato, que “la discapacidad está contemplada en absolutamente todas las actuaciones políticas y por todas las administraciones”.

La Ley, cuya tramitación se iniciará en los próximos meses, da respuesta a una demanda histórica de las personas con discapacidad y sus familias, ya que, por primera vez, unificará toda la normativa dispersa en la materia. En concreto, se han integrado en una sola norma la Ley 13/1982 de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI); la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En concreto, la futura norma incluirá un título dedicado a los derechos de estas personas sin precedentes en nuestra normativa. Por primera vez, incorporará su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo.

Además, la norma incluye, también por primera vez, las definiciones de discriminación directa, indirecta, discriminación por asociación y acoso, con el fin de completar el marco jurídico de prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, se refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple, para garantizar los derechos de quienes pueden estar en esta situación de acusada vulnerabilidad. Mato ha asegurado que con esta Ley “damos un importante paso hacia una sociedad más solidaria y justa”, y ha confiado en que sea “el principio del fin de todas las barreras que aún persisten”.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA

Junto con el borrador de la Ley, la ministra ha presentado a las asociaciones del sector el Plan de Acción para la Estrategia Española sobre Discapacidad 2013-2015. Se trata del marco sobre el que se asentarán todas las actuaciones políticas del Ministerio en materia de discapacidad para los próximos tres años.

El principio de igualdad de oportunidades forma parte esencial del Plan, que incluye la perspectiva de género y discapacidad, de tal forma que la mujer con discapacidad, objeto frecuente de doble discriminación, se encuentre expresamente contemplada. Por el mismo principio se tiene en cuenta a los niños y a las niñas con discapacidad, pues se trata de un grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión y pobreza.

MENORES CON DISCAPACIDAD

En España hay más de 140.000 menores con discapacidad, y también pensando en su especial protección, el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (PENIA) 2013-2016, que en las próximas semanas aprobará el Consejo de Ministros, incorporará medidas específicas para su atención. La ministra ha explicado que el PENIA incluirá un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, que tendrá como objetivo facilitar la atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. “Es imprescindible que todos los niños y niñas tengan desde el primer día, sea cual sea su situación, las mismas oportunidades”, ha señalado Mato.

BALANCE DE ACTUACIONES

La ministra también ha detallado, durante la reunión, las principales actuaciones del Gobierno en materia de discapacidad en los últimos 15 meses. En este tiempo, ha dicho, “hemos llevado las políticas de discapacidad a todos los ámbitos”. En primer lugar, “porque es justo”, y nuestra Constitución garantiza los mismos derechos para todos. Pero también “porque es necesario”, pues en un contexto de dificultad económica “sólo sumando todos los esfuerzos y el talento de todos, lograremos volver a la senda del crecimiento y del empleo.

Por eso se han tomado medidas en materia de dependencia, servicios sociales, pensiones y empleo:

La Reforma del Sistema de Atención a la Dependencia ha consolidado un sistema “más justo, solidario, sostenible y de calidad”, en palabras de Mato, que garantiza que las personas con mayores necesidades son las primeras en ser atendidas.

Se ha introducido una cláusula en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómica para 2013 por la que se insta a las Comunidades Autónomas y entidades locales a priorizar el pago de la deuda con proveedores del sector de los servicios sociales.

Se han incrementado un 2% las pensiones específicas para personas con discapacidad (pensiones LISMI).

Se han destinado 47 millones de euros de subvenciones con cargo al IRPF a proyectos para la promoción de la autonomía personal, adaptación de viviendas e integración social de las personas con discapacidad.

La suspensión por un plazo de dos años de los desahucios ha incluido a las familias con algún miembro con discapacidad o dependencia entre quienes podrán beneficiarse de esta medida.

La Reforma Laboral ha incluido criterios de priorización de permanencia en el empleo en caso de despido para las personas con discapacidad. En el marco de esta reforma, además, se trabajará conjuntamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el sector en la aprobación de un nuevo marco legal de promoción laboral de las personas con discapacidad.

El emprendimiento y el autoempleo de las personas con discapacidad se han fomentado mejorando los incentivos.

En materia de empleo público, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la oferta para 2013, con una reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad, y la creación de un turno independiente y exclusivo, en el 2% de las plazas, para personas con discapacidad intelectual.