La Región recibe 2 millones del Ministerio para servicios sociales
La Comunidad logra dos tercios más que lo obtenido el año pasado. Las autonomías se repartirán en total 75 millones para este fin. El anuncio llega después de que Montoro comunicara que los funcionarios cobrarán este mes el 50% de la extra retenida.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, explicó este miércoles que el Gobierno ha repartido 75 millones de euros entre las comunidades para la prestación de servicios sociales, un 27% más que en 2015, “a pesar del momento de restricciones presupuestaria”, de los que dos son para Murcia, un 67% más. Este anuncio se produce a las puertas de una posible repetición de eleciones y después de que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, comunicara ayer que los funcionarios de la Administración central cobrarán este mes el 50% de la extra de 2012.
Sanidad y las comunidades celebraron este en la sede del ministerio una reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para acordar el reparto del presupuesto para programas sociales.
El plan de apoyo a la Familia y la Infancia es el que mayor cuantía registra en este reparto, ya que se destinan 48 millones de euros, 16 millones más que el pasado ejercicio.
Para el apoyo de las políticas sociales de las corporaciones locales, se han destinado 27,4 millones de euros.
Además se ha abordado el plan de Desarrollo Gitano, que tiene una dotación de 412.500 euros, y otro de los puntos analizados han sido los 235 millones que se destinarán a subvencionar programas que se financian con la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF, que el último ejercicio ha aumentado 14 millones.
“Hay más gente que ha marcado la casilla” de Actividades de Interés general consideradas de Interés Social, ha destacado Alonso, quien ha aclarado que este año se han incorporado una parte de las herencias que van a parar al Estado.
Algunas comunidades autónomas han lamentado que no se haya incorporado en el orden del día la evaluación de la ley de dependencia, aunque según el ministro un grupo de trabajo ya está analizando la aplicación de la ley, cuando se cumplen diez años de vigencia.
“Necesitamos que arranque la legislatura y mientras tanto vamos a seguir trabajando para que el sistema de dependencia mejore y no sea un arma arrojadiza entre los partidos”, ha dicho Alonso, quien se ha mostrado partidario de “crear un clima” para favorecer acuerdos.
Las comunidades socialistas han reclamado además un pacto de Estado por la dependencia.
“Andalucía ha pedido un pacto de Estado por la dependencia y por la violencia de género y yo estoy de acuerdo”, ha dicho Alonso, y mientras que no haya Gobierno “todo es más difícil” y “se puede seguir avanzando a través de grupos de trabajo”.
La consejera de Andalucía, María José Sánchez, ha pedido además, junto a otras comunidades socialistas, que se repongan los recortes de más de 3.000 millones euros aplicados en materia social durante la legislatura.
“Es un momento complejo, complicado, donde la toma de decisiones es difícil, pero los problemas de la gente no esperan”, ha dicho Sánchez.
Por su parte, el consejero de Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha reclamado también una evaluación urgente del sistema de dependencia.
“Ha sido un consejo decepcionante para las comunidades”, ha opinado el responsable extremeño, porque “no se ha propuesto ninguna medida para rescatar la ley de dependencia”.
Desde Madrid, el consejero Carlos Izquierdo ha destacado el aumento de las partidas este año para todas las comunidades, “que se van a destinar los colectivos más vulnerables y a quien más lo necesita”.
La consejera balear Fina Santiago ha denunciado que la ley de dependencia “tiene un problema de financiación” y ha alertado de que algunas comunidades no tienen infraestructuras públicas para aplicarla, por lo que ha planteado la urgencia de abordarlo de cara al futuro.
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